Por: Ana Rodríguez Silva
Autor de ''La criminalización de la protesta indígena'' advierte que reclamos indígenas se enfrentan a presión de poderes económicos y a la constante evasiva del Estado chileno para asumir el tema de fondo. ''Las demandas de tierras, muchas veces desconocidas por la sociedad, son reducidas a temas meramente judiciales y se les vincula a una serie de grupos subversivos''.
Para Eduardo Mella, trabajador social y miembro del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, esta supuesta brutalidad de la etnia no es tal, sino una estigmatización que revela la responsabilidad estatal en el conflicto y la impunidad de los abusos policiales.
El autor del libro “Los mapuche ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile” (LOM), cree que la violencia del conflicto proviene del Estado chileno y que la represión policial que denuncia la comunidad mapuche es un tema presente en las nuevas generaciones de la Araucanía, pero que se arrastra e ignora desde hace siglos.
“En el siglo XX, el problema mapuche se tomaba como que eran una tropa de borrachos, que por eso ocupaban las tierras, eran de izquierda revolucionarios y ahora son terroristas. Entonces, no es que el pueblo mapuche haya cambiado, sino la sociedad chilena y el Estado en general los que han ido atribuyendo una serie de prejuicios y estereotipos a los mapuches. Las demandas de tierras, muchas veces desconocidas por la sociedad, son reducidas a temas meramente judiciales y se les vincula a una serie de grupos subversivos”, asegura.
Según Mella, esta supuesta relación con agrupaciones revolucionarias que se le atribuye al pueblo mapuche estaría negando la autonomía y capacidad de esta etnia para generar movimientos propios. “Se les echa la culpa a otros y eso es violento, es una forma de seguir negando algo que está a la vista de todos, que hay una matriz histórica política de fondo, que tiene que ver con que en Chile no existe reconocimiento para nadie y somos un estado unitario y somos todos chilenos, pero en la práctica no es así, existe gran cantidad de pueblos indígenas, cada región es diferente una de la otra. Esa es la crisis desde que se constituye el Estado chileno, si es un estado, nación o pueblo”, acusa.
¿Es realmente el pueblo mapuche el responsable de la violencia?
Hasta donde yo sé, los muertos son de parte del pueblo mapuche. Los que perdieron las tierras a raíz de una guerra de ocupación fueron ellos. A lo largo del siglo XX les empezaron a expropiar tierras, se redujeron sus recursos naturales y una serie de medidas tendientes a denigrar. Todo el tema de la violencia física ha sido una constante a lo largo de la historia, pero también simbólica, a través de las instituciones.
Por ejemplo, la prohibición del mapudungún en las escuelas, la proscripción de las machis en la década del ’30, la prisión política de sus dirigentes, la reforma agraria. De hecho, cuando se habla de conflicto mapuche se está errando, porque el conflicto no es de los mapuches solos, es de ellos con el Estado a partir de la ocupación de sus terrenos. Muchas veces se habla de la violencia mapuche, pero nada se dice de la violencia del Estado y la sociedad chilena hacia ellos.
Sería entonces una violencia que proviene del mismo Estado?
Claro. Ya se han hecho algunos avances, como la Comisión de Verdad Histórica que se hizo algunos años atrás, en que el Estado dice bueno, aquí hubo una ocupación militar, un genocidio, una explotación de los recursos naturales, un apropiamiento de parte del Estado de las tierras mapuche. Ahora, lo que no existe es una solución que aborde desde una perspectiva política de fondo el tema. Es decir, acá siempre se vio desde un sistema policial, judicial.
De todas formas, hay temas que el Estado tiene pendientes, como la ratificación del Convenio 169 de la OIT y una Reforma Constitucional que reconozca la existencia de la etnia indígena…
Y hay toda una discusión en torno a si se utiliza la palabra etnia o pueblo. Al igual que en el momento en que se ocupa oficialmente la Araucanía, se trata de consolidar el Estado de Derecho. Por ejemplo, con el primer cuerpo policial que se crea ahí, cuya misión era proteger la vida de los que están llegando y los que van a llegar, que es un poco el error que comete hoy Carabineros de Chile al resguardar los intereses de particulares. Entonces, se habla de que está amenazada la seguridad jurídica y que en la Araucanía no hay Estado de Derecho.
Eso yo lo leo desde dos perspectivas: por un lado, sí creo que está amenazada la seguridad jurídica porque Carabineros hace lo que quiere, la gente que tiene poder económico también, la justicia no es igual para todos, la prensa estigmatiza, etc. Como decía Frei hace algunos días en Concepción, se está legitimando la muerte de este chico (Catrileo) como una forma de hacer política. Por otro lado: ¿la seguridad jurídica y el Estado de Derecho de quién? De los que se adjudicaron las propiedades australes cuando se ocupó la Araucanía, de los descendientes de los mismos colonos que llegaron y también de las empresas forestales. Es un fenómeno bastante curioso, dado que nuestros abuelos antes lucharon por las ocho horas de trabajo o por tener un seguro social dentro del estado de bienestar. Entonces resulta que esta seguridad social queda sometida a la seguridad ciudadana y pública.
Además, los comuneros mapuches denuncian un constante asedio policial…
Desde la quema de los camiones en Lumaco de 1997, que vendría a ser un hito dentro de la reivindicación contemporánea del pueblo mapuche, como una respuesta o un llamado de atención. Al 2007, son diez años en que esas generaciones han crecido con todo este tema de la violencia institucional, de los abusos policiales. Entonces, no es nuevo lo que denuncian las comunidades ahora, es toda una generación que ha crecido bajo vigilancia policial. Desde el Estado se dice que es el cumplimiento de medidas aplicadas por los tribunales de justicia, está todo legal, está todo bien, pero no es así. Existe un trauma social y un amonestamiento colectivo que ya está en las generaciones contemporáneas. El mismo Catrileo tenía 12 años cuando fue lo de Lumaco.
Asedio y afrentas
¿Sería esta supuesta violencia una forma más de estigmatización?
Sí. Se han tergiversado sus reivindicaciones, se las ha vinculado y comparado con situaciones tan diversas y absurdas. Se habló de una intervención de las FARC, de la ETA y de cuánto grupo subversivo se les ocurriera. Y lo cierto es que jamás en una comunidad se ha encontrado un arma, jamás ha habido daños contra las personas dentro de la protesta mapuche. Entonces, por ejemplo, se han denunciado ataques, ha procesado gente, hay algunos que en medio de allanamientos con gran parafernalia comunicacional han caído acusados de mapuches rebeldes, están tres meses en prisión y después salen porque salen absueltos después del juicio.
¿Qué le parece la reacción de las autoridades frente a la muerte de Catrileo?
Quedé un poco pasmado, pero tampoco me sorprende, en términos de que la muerte en Chile es una forma de hacer política. La muerte es una reacción directa de las autoridades dirigida contra los estudiantes, los trabajadores. Se cumplieron cien años de la matanza de Santa María y a mí me parece que no ha cambiado nada la situación. Ningún carabinero dispara por cuenta propia, tiene que haber recibido instrucciones y luz verde desde los altos mandos. La muerte de Rodrigo Cisternas (el obrero forestal muerto en las protestas de mayo de 2007) es lo mismo, todos lo lamentan, pero qué se le va a hacer. Hay que remitirse a la historia, siempre ha sido así, los asesinatos quedan impunes.
¿Existe algún tipo de solución para este problema?
Tenemos que darnos cuenta de que en Chile existe una diversidad de gente que, más allá de ser una limitante, es una riqueza. En la medida en que podamos construir un país multicultural y nos respetemos en la diversidad, se puede avanzar y lograr que la sociedad chilena se haga cargo de esta situación. Si no se llega a una conversación política entre las organizaciones, las comunidades y el Estado, se van a seguir polarizando las posiciones, el Estado responderá con más violencia, y no sólo con los mapuches. En la medida en que la sociedad adquiera conciencia de que este sistema no nos favorece, que nos está metiendo presos, desde ahí se podría construir algo nuevo.
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