Por: Arnaldo Perez Guerra y Pedro Cayuqueo
En todas las prisiones del mundo, la huelga de hambre es un último recurso para hacer frente a la injusticia y los atropellos. También es la decisión que un grupo de presos políticos mapuches tomó el pasado 10 de octubre en Angol. Casi tres meses después, el gobierno sigue sin escuchar su grito de libertad.
Una constante en los sucesivos gobiernos de la Concertación ha sido el hacer oídos sordos a las demandas de los presos políticos. "Se trata de delincuentes comunes", señaló la propia presidenta Bachelet en Suiza a mediados de año. Durante los gobiernos de la Concertación más de 500 mapuches han sido procesados por los tribunales de justicia en base a leyes ordinarias y también de excepción, tales como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista. Desde el retorno de la democracia, alrededor de 200 mapuches han sido condenados a penas de prisión. Al igual que en el año 2006, una huelga de hambre de presos políticos mapuches ha puesto en entredicho el tipo de democracia existente en Chile. Tras dos meses de ayuno, los comuneros recluidos en el penal de Angol pusieron en evidencia un escenario de represión y ausencia de derechos que si bien escandaliza en el exterior, no parece incomodar a las autoridades.
"La existencia de presos políticos mapuches evidencia que las autoridades han hecho uso abusivo del poder punitivo del Estado para reprimir las acciones de protesta social del pueblo mapuche, y desactivar sus organizaciones por la vía del encarcelamiento de sus líderes", dice José Aylwin, director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. "Sus condenas son injustas y su encarcelamiento es la dramática consecuencia de la política de criminalización de la protesta social indígena, impulsada por los gobiernos de la Concertación. La presidenta Michelle Bachelet no ha cumplido su promesa electoral, asumida en reunión con organizaciones indígenas congregadas en Nueva Imperial, de dar cumplimiento a las recomendaciones del Relator de la ONU para los derechos indígenas. Antes bien, se han mantenido las situaciones de criminalización de la protesta mapuche", agrega. Y recalca que Chile no ha cumplido con el compromiso de ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ni mucho menos otorgado fuerza de ley a las disposiciones de la recientemente aprobada Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Es este el escenario de represión y ausencia de derechos que han dejado al descubierto los presos políticos recluidos en la cárcel de Angol, 600 kilómetros al sur de Santiago, por medio de una huelga de hambre iniciada con fecha 10 de octubre. La vocera de los cinco huelguistas, Angélica Ñancupil, precisaba que la movilización emprendida por José Huenchunao, Jaime Marileo, José Millalén, Héctor Llaitul y Patricia Troncoso, los dos últimos miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), además del joven Waikilaf Cadin Calfunao, recluido en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, buscaba exigir la libertad de todos los "presos políticos mapuches" que están en las cárceles de la región y del resto del país. "El objetivo primero de la huelga es lograr la libertad de todos los presos políticos y también denunciar el hostigamiento y la militarización de la zona mapuche. Además, esta acción busca denunciar los distintos montajes que se han efectuado para inculpar a nuestra gente de diversos delitos", subrayaba.
La referencia a los montajes que habrían posibilitado su posterior encarcelamiento no era gratuita. En su mayoría, los huelguistas están encarcelados como consecuencia de la aplicación de la Ley Antiterrorista 18.314, cuerpo legal creado por el régimen militar de Pinochet y desempolvado por la administración de Ricardo Lagos para perseguir a luchadores del pueblo mapuche. Su aplicación en democracia no solo dotó a las policías de eficaces instrumentos para vulnerar los derechos civiles de los presos (como escuchas telefónicas, violación de correspondencia privada, seguimientos, uso de infiltrados, etc.), sino que además abultó considerablemente sus condenas y limitó las acciones de una adecuada defensa judicial, permitiendo -entre otras finuras- el uso de un centenar de "testigos sin rostro" en el juicio que los llevó a prisión. A José Huenchunao, Patricia Troncoso y Jaime Marileo se les sentenció a 10 años y un día de cárcel por el delito de "incendio terrorista", luego que se les encontrara culpables de provocar, el 19 de diciembre del año 2001, un siniestro en el fundo Poluco Pidenco de Forestal Mininco en la comuna de Ercilla y en el cual no hubo víctimas, solo daños materiales. Todos ellos deben pagar además una multa de 420 millones de pesos a la empresa forestal, un despropósito considerando que todos provienen de comunidades caracterizadas por la pobreza extrema, mientras la maderera -propiedad de la poderosa familia Matte- factura a diario millones de dólares en ganancias. Junto a ellos fueron condenados otros seis comuneros mapuches, dos de los cuales cumplen condena en cárceles de Victoria y Vilcún, respectivamente, mientras el resto aún permanece "clandestino" o "en rebeldía".
Paradójicamente, con fecha 10 de febrero de 2007, otro de los acusados en el caso Poluco Pidenco, el ex vocero de la CAM José Llanquileo Antileo (27 años), con las mismas pruebas y testimonios presentados por parte del Ministerio Público en su contra, fue condenado solo a 5 años de prisión, esto luego que los jueces Claudio Espinoza, Gladys Villablanca y Juan Petit- Laurent del Tribunal Oral en lo Penal de Angol desestimaran el carácter "terrorista" del incendio que afectó al predio forestal, sepultando con ello la tesis planteada por el gobierno y los fiscales en el primer juicio oral que condenó a los huelguistas. El veredicto de los jueces de Angol generó una situación única en Chile en el marco de la Reforma Procesal Penal, donde por el mismo ilícito hay 6 condenados por "incendio terrorista", dos absueltos y un comunero -Llanquileo Antileo- encontrado culpable sólo de incendio calificado. Llanquileo, ex estudiante de técnico en asistencia judicial, fue detenido en la comunidad Juana Millahual de Contulmo, en la ribera del lago Lleu Lleu, tras haber sido declarado "en rebeldía" por el Tribunal de Angol, ya que no se presentó al primer juicio en agosto del año 2004.
Huelga destacar que numerosos organismos internacionales le han hecho ver al gobierno de Chile lo irregular de esta situación, poniendo el acento en el uso de leyes de excepción, particularmente la Ley Antiterrorista, para enfrentar un conflicto político de profundas raíces históricas. El 2 de mayo de 2007, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el estudio de las demandas contra el Estado de Chile, presentadas por los condenados en el denominado "caso Poluco Pidenco". Los demandantes afirmaron en su presentación ante la CIDH que fueron condenados "exclusivamente sobre la base de la prueba testimonial de testigos sin rostro", cuyas declaraciones judiciales -financiadas con grandes sumas de dinero bajo la figura de "protección" por parte del Ministerio Público- sólo pudieron ser conocidas el día del juicio. Esto, de acuerdo con el reclamo acogido por la CIDH, les habría imposibilitado a sus abogados poder preparar una defensa adecuada. Con el caso Poluco Pidenco, cuatro son los procesos abiertos hoy en día en la CIDH en los que se investiga eventuales violaciones a los derechos contra el Pueblo Mapuche en Chile, resguardados en teoría por la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA. Sin embargo, no solo la CIDH ha puesto en la mira al estado chileno. Múltiples organismos internacionales han llamado al Estado de Chile a rectificar su conducta en el tratamiento de las causas contra comuneros y líderes mapuches, destacando entre ellas el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen; Amnistía Internacional; la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, nada pareciera permear la evidente ceguera de las autoridades chilenas, tal como señaló el año 2006 en Madrid a la presidenta Michelle Bachelet el premio Nobel de Literatura José Saramago.
Paramilitares, montajes y tortura
Distinto, pero no menos injusto, es el caso de los otros dos huelguistas recluidos en el penal de Angol, Juan Millalén Milla y Héctor Llaitul Carillanca. Millalén Milla (40 años), miembro de la comunidad Catrio Ñankul de Collipulli, fue acusado de atentar contra una patrulla de guardias forestales en febrero del año 2000, hecho acontecido en las inmediaciones del Fundo Rucañanco, también propiedad de Forestal Mininco en Collipulli, y que implicó por parte del gobierno la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Millalén fue condenado, por el mismo hecho, a dos condenas distintas. Por un lado, el Tribunal de Collipulli lo condenó a 4 años de prisión por "homicidio frustrado" y, por otro, la Corte de Apelaciones de Temuco lo condenó a 541 días de prisión por violación del Art. 6, letra a, de la Ley de Seguridad Interior del Estado, relativo a la alternación del orden público. Tras permanecer varios años clandestino, Millalén fue detenido finalmente el 13 de abril de este año al interior del Fundo Pemulemu y recluido en la cárcel de Angol. Cabe señalar que los guardias forestales emboscados por los mapuches prestaban servicios de seguridad privada para la Forestal Mininco y habían sido denunciados por las comunidades debido a su actuar como grupo "paramilitar" en la zona.
El caso de Llaitul Carillanca (39 años), principal líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, es digno de una crónica policial en dictadura. Detenido por efectivos policiales en la ciudad de Concepción el 21 de febrero de 2007 (por parecer "un sujeto con características físicas de alguien prófugo de la justicia", según consignó el parte policial) fue finalmente encarcelado en la capital penquista y meses mas tarde condenado por "porte ilegal" de una pistola 9 mm, arma que se encontraba legalmente inscrita a su nombre. Si bien fue condenado solo al pago de una multa en dinero, requerido por el Tribunal de Nueva Imperial debió permanecer en prisión, esta vez sindicado como uno de los autores del atentado incendiario que en diciembre del año 2006 afectó un campamento forestal en el Fundo Las Praderas de Chol Chol. La persecución contra Llaitul se basa hoy única y exclusivamente en el testimonio obtenido bajo tortura de Roberto Painemil, comunero detenido por miembros de una "Junta de Vigilancia Rural" en la zona del atentado la noche de los hechos y posteriormente entregado a funcionarios policiales de la 4º Comisaría de Nueva Imperial. Painemil lleva más de un año privado de libertad en la cárcel de Lautaro, sin ser presentado a juicio por parte del Ministerio Público. Llaitul, en tanto, completa más de diez meses en prisión preventiva al interior de la cárcel de Angol, razón para él más que suficiente para sumarse a la huelga de hambre iniciada el 10 de octubre por los condenados del caso Poluco Pidenco.
A juicio de familiares del dirigente, su situación tendría como único objetivo "castigar al movimiento mapuche y sus justas reivindicaciones como pueblo, a través del encarcelamiento de uno de los fundadores y dirigente histórico de la Coordinadora Arauco-Malleco". "La fiscalía de Nueva Imperial le acusa por el ataque incendiario en Chol Chol pero quien lo inculpa es una persona sin antecedentes policiales, respecto de quien tampoco está comprobado haya tenido alguna participación en ese hecho. Héctor no lo conoce para nada. Según el testimonio entregado por Painemil a sus familiares y al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, él fue golpeado y amenazado por sujetos que no pudo identificar", relató Pamela Pezoa, esposa del dirigente, a la periodista Lucia Sepúlveda. Para el propio Llaitul, las razones de su detención son eminentemente políticas. "Hemos sido perseguidos y encausados por procesos judiciales que han sido digitados desde las altas esferas del poder político de los gobiernos de turno, en complicidad o con la anuencia de los representantes del empresariado comprometido con la usurpación de nuestro territorio. Somos, por tanto, la representación de la resistencia de nuestro pueblo a la transnacionalización de nuestros territorios ancestrales", afirmó el dirigente desde su encierro. "La actual democracia inserta en la mundialización económica -agregó- ha hecho definiciones en torno a la situación de nuestro pueblo: la integración forzada y la desaparición paulatina de nuestras comunidades". Y frente a tal escenario, la única determinación posible para los mapuches sería resistir.
Resistir y luchar. Es precisamente lo que a los 70 días de iniciada la huelga de hambre seguían haciendo el propio Llaitul y Patricia Troncoso, a la espera de que el gobierno estableciera una mesa de diálogo con sus familiares y atendiera en definitiva sus legítimas demandas. Eran los únicos que mantenían la medida de presión. A 66 días de iniciada la huelga y ante la mediación del obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, los presos políticos José Huenchunao, Juan Millalén y Jaime Marileo, decidieron suspender su prolongado ayuno, debido a su deteriorado estado de salud y como gesto de los prisioneros para posibilitar el diálogo con las autoridades. Independiente del resultado final de las gestiones, todos ellos calificaron la huelga como un paso hacia adelante en materia de dignidad y justicia. Llaitul permaneció 81 días en huelga de hambre, para finalmente desistir por su grave deterioro de salud. Mientras, Patricia Troncoso, está próxima a cumplir 90 días y se encuentra hospitalizada y al borde de la muerte.
El ex juez Juan Guzmán Tapia, quien procesó y pidió el desafuero del ex dictador chileno Augusto Pinochet, se ha identificado en los últimos años con la causa del pueblo mapuche y ha solicitado, incluso, la intervención de tribunales internacionales para terminar con la persecución hacia comunidades en diversos puntos del Wallmapu. "La lucha de los mapuches es política y, de hecho, como se hizo durante la dictadura, se le fabrican delitos para criminalizarlos", escribió en una columna de La Nación. "Ellos persiguen -agregó- el cumplimiento de las promesas hechas por presidentes anteriores, el reconocimiento por el Estado de los derechos que les son inherentes y su igualdad dentro de la diversidad que les es propia".
A juicio de Guzmán, el gobierno de Michelle Bachelet no solo estaría desoyendo las demandas históricas de los mapuches, sino además incrementando aquel escenario de criminalización de la protesta social que caracterizó la administración de Ricardo Lagos y alertó a diversos organismos internacionales. "Lo cierto es que durante la gestión de doña Michelle Bachelet, la represión, el hostigamiento y la persecución política contra las comunidades, sus comuneros y dirigentes se ha intensificado. Además, han sido víctimas de la persecución policial, como también de la de los fiscales, conforme a la Ley de Conductas Terroristas". "Los jueces -subrayó el ex magistrado- en algunas ocasiones han seguido la línea dura de mantenerlos presos frente a delitos excarcelables, en circunstancias que estas mismas acciones punibles, en otras partes del país, se perciben en su perspectiva adecuada. El pueblo mapuche considera que el Gobierno y la institucionalidad chilena pretenden poco a poco exterminarlos o que, perdiendo su identidad, se asimilen a lo que es ser chileno". A juicio de Guzmán, este sería el trasfondo de un conflicto histórico y que los gobiernos de turno en Chile no habrían querido jamás asumir en su real dimensión política. "Hablamos de un pueblo que demanda su reconocimiento y el ejercicio de sus derechos, no de delincuentes o antisociales que protestan sin razón alguna", indicó. En atención a este escenario de represión que persiste en la zona mapuche, el actual decano de Derecho de la Universidad Central visitó el Palacio de La Moneda a fines de noviembre y solicitó al Ministro del Interior, Belisario Velasco -que posteriormente renunció-, el establecimiento de una mesa de diálogo con los huelguistas y el fin de "la militarización de la Araucanía".
El poderío forestal
Tras la huelga de hambre en Angol subyace un conflicto de fondo, relacionado con la propiedad de la tierra y el control territorial al interior del otrora soberano país mapuche. Decenas de comunidades se encuentran actualmente cercadas por extensos predios de plantaciones de pinos y eucaliptos, propiedad de grandes holding, entre ellos el Grupo Angelini y el ya mencionado Grupo Matte. La extensa superficie que poseen estas dos compañías -y otras más pequeñas- supera los 2,5 millones de hectáreas. El Pueblo Mapuche, que antes de la ocupación militar de su territorio por parte del estado chileno poseía cerca de 10 millones, cuenta hoy con apenas 700 mil. El negocio maderero -que incluye plantas de celulosa- es resguardado celosamente por las políticas gubernamentales y genera ganancias por más de 3.000 millones de dólares. Por si fuera poco, se proyecta que los inversionistas del sector forestal aumenten las superficies plantadas a más de 5 millones de hectáreas en el sur del país. "Esta situación inevitablemente deriva en conflictos al resistirse legítimamente las comunidades mapuches a que se siga afectando su calidad de vida. Asimismo, lo que acontece demuestra los niveles de intervención de los grupos económicos que son amplísimos en Chile. Sus redes empresariales y familiares han demostrado enorme capacidad de influencia sobre partidos políticos, poderes públicos, autoridades y medios de comunicación, dejando en el absoluto desamparo a grupos sociales víctimas de estas inversiones y sus efectos", señala Alfredo Seguel, de la agrupación Konapewman de Temuco.
Nadie en el gobierno habla de los daños que produce este modelo de desarrollo y que se manifiestan en varios aspectos. Por un lado, irreversibles perjuicios ecológicos. "El fenómeno de la globalización forestal en Chile como en otras partes del mundo, ha agudizado aún más los conflictos territoriales entre comunidades y ciudadanía. Este modelo constituye la causa principal de los impactos negativos que dicha industria está generando con las plantaciones a gran escala en monocultivos de especies exóticas (pino y eucaliptos), tales como uso indiscriminado de plaguicidas, sequía recursos hídricos, pérdida de suelo agrícola y ganadero, pérdida bosque nativo, transgénicos, desplazamientos forzados de poblaciones rurales, empobrecimiento, etc. Se agrega a ello los problemas históricos acerca de la posesión de las tierras, la presión en los recursos naturales y el explosivo crecimiento de éste fijando los límites de sus espacios y los impactos que esto genera en la calidad de vida de la gente y sus ecosistemas locales", agrega Seguel.
Las plantaciones forestales afectan de sobremanera la cultura mapuche. Al erosionar la tierra, terminan con la agricultura de rotación tradicional en zonas campesinas. Otro daño lo producen las fumigaciones con químicos altamente tóxicos para la salud que realizan las propias empresas sobre sus plantaciones en los primeros años de cultivo. La fauna silvestre y el bosque nativo son lentamente arrasados y, con ello, las plantas medicinales utilizadas por las machi, autoridades tradicionales encargadas de la salud física y espiritual de los miembros de la comunidad. En contraste, mientras el deterioro al medio ambiente y la pobreza avanzan por el territorio mapuche, se incrementan año tras año las cuentas bancarias de los dos principales magnates chilenos ligados al mundo forestal. Así lo consignó la revista Forbes en su ranking anual 2007, al situar en el puesto 119 de las principales fortunas mundiales al magnate Anacleto Angelini (recientemente fallecido), con una fortuna de 6.000 millones de dólares, y en el puesto 137 a Eleodoro Matte con 5.600 millones de dólares.
Angelini, a través de sus herederos en el grupo del mismo nombre, y Matte encabezan a nivel mundial la producción de celulosa a través de los holding CMPC y Celulosa Arauco, respectivamente. El imperio forestal de ambos magnates fue posible gracias al Decreto Ley 701, promulgado el año 1974 por la dictadura militar de Pinochet y que subsidió con recursos y tierras el arribo de la industria forestal al territorio mapuche. Ambos empresarios controlan las principales forestales del país: Matte la Forestal Mininco y Angelini, Forestal Bosques Arauco. Angelini Fabbri, empresario de origen italiano, llegó a Chile en el año 1948, fundando ese mismo año junto a otros italianos la empresa Pinturas Tajamar. Encabezó el grupo Angelini, uno de los mayores productores mundiales de celulosa y harina de pescado, controlando también el rubro de combustibles. Su mayor activo, Empresas Copec, es hoy una empresa diversificada con una importante participación en el negocio forestal a través de su filial Celulosa Arauco, que controla a su vez la empresa Forestal Bosques Arauco, la mayor propietaria de tierras en la VIII región y que encabeza los conflictos en Arauco. En los últimos años, uno de los puntales de su expansión en el negocio fue la apertura de la planta Celulosa Arauco y Constitución (Celco), ubicada en Valdivia. Se trata de una de las industrias más grande del mundo, que permitiría la producción de 700 mil toneladas de celulosa kraft al año. Un negocio redondo que ha tenido "daños colaterales". Entre ellos, pequeños productores mapuches de los sectores de Tralcao y Raluya, aledaños a la Planta. Y el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, un lugar protegido por la Convención Ramsar y que fue gravemente contaminado al depositar allí sus residuos.
Inicialmente, los desechos de la Planta Valdivia se depositarían directamente en el mar, en la bahía de Mehuín. Pero comunidades y sindicatos de pescadores artesanales se opusieron tenazmente y, luego de varios estudios, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobó un tratamiento en el río Cruces, que desemboca en el Santuario. Si bien la comunidad se opuso a la construcción del complejo industrial, el apoyo de las autoridades fue absoluto hacia el empresario, especulando que daría empleo a más de 4 mil personas. Tras la contaminación del río Cruces, Celco ha retomado la idea de lanzar sus residuos al mar, lo que mantiene en alerta a mapuches y pescadores del litoral sur. Fuera de la Planta Valdivia, el grupo Angelini se encuentra levantando la Planta Nueva Aldea, de 900 mil toneladas anuales y situada en la costa de la VII Región. También está en la última etapa de evaluación ambiental una nueva planta de CMPC de 780 mil toneladas junto a la actual Celulosa del Pacífico. En conjunto, estas tres nuevas fabricas van a sumar casi 1,6 millones de toneladas de celulosa a los 3 millones actuales, transformando al grupo Angelini en líder mundial indiscutido del negocio. Tras el fallecimiento del magnate, sus herederos controlan la mayor base forestal en América del Sur: cerca de 800 mil hectáreas en Chile, Argentina y Uruguay.
Eliorodo Matte Larraín encabeza el grupo Matte, gestado a comienzos del siglo XIX por Luis Matte Larraín en alianza con la familia Alessandri a partir de la Papelera, actual holding Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC). Desde entonces, sus influencias se han extendido a todas las esferas de la vida nacional, incluyendo la cultura y educación, aparte de la política y poderes del Estado. Eliodoro Matte, ingeniero de 56 años con un master en la Universidad de Chicago y ex docente de la Universidad Católica, no sólo preside la CMPC, sino también el Centro de Estudios Públicos (CEP) y el consejo directivo de la Universidad Finis Terrae. Participa además en el Instituto Libertad y Desarrollo, think tank de la derecha política. Entre los haberes de los Matte Larraín están Forestal Mininco (filial de CMPC), con más de 400 mil hectáreas reclamadas por comunidades mapuches en las provincias de Arauco y Malleco; la empresa eléctrica Colbún; el Banco BICE, e inversiones forestales en Argentina. La CMPC posee una de las mayores fábricas de papel en América del Sur y controla y participa en más de treinta empresas de los sectores financiero, minero, sanitario, maderero, telecomunicaciones, energía, puertos e industria. Hoy participa además en el megaproyecto HidroAysén, que pretende construir cuatro represas en los ríos Baker y Pascua en la XI Región, aliados con Endesa.
Los Matte recientemente vendieron el 7,6% que poseían en la Compañía Sudamericana de Vapores, que controla el pinochetista Ricardo Claro, al empresario y ex candidato presidencial de Renovación Nacional, Sebastián Piñera, dueño de la línea aérea LAN, socio mayoritario del Club de Fútbol Colo-Colo, Chilevisión y propietario de 115 mil hectáreas de tierras en la parte sur de la isla de Chiloé, reclamadas por el Consejo de Caciques Williche. Según denuncia esta tradicional organización mapuche, se trataría de antiguas tierras comunitarias protegidas por el Tratado de Tantauko (1826), usurpadas por el Estado a comienzos del siglo XX tras impulsarse la colonización chilena del archipiélago. Piñera buscaría levantar allí un gran Complejo de Ecoturístico, al estilo del Parque Yellowstone en Estados Unidos, que año tras año recibe millones de visitantes y factura también cientos de millones de dólares en ganancias.
Pero no solo los magnates forestales representan la cara visible del modelo neoliberal y del despojo persistente al interior del Wallmapu. Otra problemática ocultada por las autoridades han sido los megaproyectos viales. La construcción de la Carretera de la Costa -que intenta unir Tirúa con Puerto Montt- ha obligado a muchas comunidades mapuche-lafkenches (gente del mar, en mapuzugun) a exigir desvíos del trazado original, sin obtener hasta el momento respuesta del gobierno. La obra no beneficiará a propietarios indígenas de la zona, sino a las grandes empresas -muchas de ellas forestales- que necesitan vías de acceso rápidas y destruirá de paso, gran parte del ecosistema de la zona. Similar conflicto originó a fines de los noventa la construcción del Bypass de Temuco, proyecto que ocupó la tierra de comunidades mapuche destruyendo incluso sitios de gran valor ceremonial y arqueológico. Muy cerca del actual emplazamiento del Bypass, en la comuna de Freire, el Ministerio de Obras Públicas pretende hoy construir el nuevo Aeropuerto Internacional de Temuco, megaproyecto al cual se oponen numerosas comunidades de la zona, encabezadas por la Asociación Indígena Ayun Mapu.
De desalmados a terroristas
Desde octubre, mes de inicio de la huelga de hambre en Angol, lejos de aminorar, se ha acrecentado en Wallmapu la represión contra comunidades. El pasado 19 de noviembre fue detenido por efectivos del Servicio de Inteligencia Policial (SIP) de Carabineros, Omar Huenchullan, dirigente de Temucuicui, mientras transitaba por la ciudad de Ercilla. "Los policías, sin darle a conocer el motivo de su violenta detención, lo llevaron amarrado a la Comisaría de Ercilla, donde le informaron que existía una orden de detención en su contra", señala un comunicado de su comunidad. Huenchullan fue trasladado al Tribunal de Garantía de Collipulli, donde el fiscal Ricardo Traipe le informó que existía una orden de detención emanada del Tribunal de Garantía de Victoria, de 2004, por "amenazas" en contra del latifundista René Urban. Pero Huenchullan ya había sido detenido en varias ocasiones en 2005 y 2006, y en septiembre de 2007 por esa causa, presentándose a diferentes audiencias, la última de ellas en compañía del ex juez Juan Guzmán. A pesar de que siempre compareció ante el tribunal, Carabineros lo volvió a detener. "¿Por qué motivo en todas estas detenciones, encarcelamientos y audiencias anteriores no se le informó de dicha orden de detención?", se preguntó la comunidad. "Esta detención demuestra la persecución y seguimiento permanentes de que somos objeto", agregaron.
Comunidades de Rofue, Zullinko y Ragintuleufu denunciaron en diciembre que el machi Pascual Catrilafy otras autoridades tradicionales de Ragintuleufu, comuna de Nueva Imperial, fueron violentamente allanados y detenidos por efectivos policiales. Carabineros arrasó y destruyó instrumentos espirituales. Para informarse sobre la situación, se presentaron en la Comisaría el machi Fidel Tranamil, de la comunidad José Jineo Ñanco, de Rofue, y el lonko Diego Valdivia, del sector Zullinco, comuna de Freire. Pero Carabineros los golpeó y detuvo violentamente, ejerciendo torturas y maltratos físicos, según denunciaron. A efectos de dejar constancia de las lesiones y heridas provocadas, las autoridades mapuches se dirigieron al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en donde el personal médico constató las lesiones provocadas por la brutal golpiza. Iván Llanquileo, lonko de Lleu Lleu y miembro de la Coordinadora Arauco-Malleco, estuvo dos meses en prisión, acusado por la Fiscalía de Cañete y el Ministerio Público de "tenencia de arma de guerra". Llanquileo estaba en prisión desde el 31 de agosto y había sido trasladado a la cárcel El Manzano, de Concepción, desde donde se sumó a la huelga de hambre iniciada en Angol. Estuvo 25 días sin ingerir alimentos. Le acusaban de esconder un fusil M-16, que fue encontrado a kilómetros de su hogar el día de su detención. "Estoy libre como siempre ha debido ser... Este no es más que un montaje muy bien urdido para encarcelar a los mapuches que luchamos por nuestros derechos. La resolución judicial respalda lo que siempre dijimos. El tiempo en la cárcel sirvió para reafirmar nuestra posición y, por lo tanto, el Estado debe entender que defendemos nuestros espacios territoriales", señaló el lonko Llanquileo al momento de su posterior liberación, sin cargos.
Daniel Salinas (PS), miembro del Comité Central de su partido y concejal por Angol, envió recientemente una carta a la propia presidenta Michelle Bachelet, también militante socialista, solicitando la libertad de los presos políticos: "Espero que nuestra presidenta preste oídos activos a este llamado que por un imperativo de conciencia, frente a una injusticia flagrante, le he realizado. Los conflictos no se resuelven reprimiendo a ciegas e inculpando a inocentes. Conquistamos la democracia, entre otras cosas, para ganarnos el derecho a dialogar y a discrepar, cuando sea necesario", señaló Salinas. Pero las cosas no mejoran. José Lepicheo (17 años), mapuche del sector de Huetelolen, acaba de ser reconocido por las comunidades como otro preso político mapuche, con la particularidad de que es menor de edad y está detenido en la Cárcel de Menores de Coronel. Se le acusa de participar en la quema del vehículo de un corresponsal de Radio Bío Bío a quien los mapuches catalogan de "informante de Carabineros". El hecho ocurrió el pasado 17 de noviembre. Un testigo "protegido" atestiguó contra del menor y se le procesó por "robo con intimidación e incendio". El juez de la causa decretó seis meses de investigación, es decir, de encierro. Si antes los mapuches no tenían alma, hoy son terroristas.
(*) Arnaldo Pérez Guerra es corresponsal del periódico mapuche Azkintuwe. Pedro Cayuqueo es su director.
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