Por: Alfredo Seguel
Los Presos políticos Mapuche en Huelga nuevamente han puesto en el tapete un conflicto de proporciones: El de la Industria Forestal en territorio ancestral Mapuche / Su encarcelamiento se origina principalmente como consecuencia de la expansión y disputa territorial con la industria Forestal, perteneciente a grupos fácticos de poder y controladores del aparato estatal. / Juicios viciados, irregulares, con penas y tipos penales injustos, arbitrarios y desproporcionados son alguna de las secuelas para los Mapuches ante tal enfrentamiento.
Varios de los Presos Políticos Mapuches que han venido exigiendo la libertad y reclamando contra juicios viciados e irregulares y en contra de la militarización de los territorios, son víctimas de la Industria Forestal controlada por Grupos fácticos de Poder que a su vez controlan los poderes del Estado Chileno y que han reprimido su protesta.
La protesta social Mapuche en contra de las empresas forestales, su industria y su expansión, en el marco de conflictos territoriales, se ha convertido para estos grupos económicos, con la operatividad del estado chileno, en el blanco de la represión, criminalización y judicialización, cuyas reivindicaciones han sido perseguidas bajo las absurdas acusaciones de ser consideradas un amenaza a la estabilidad y seguridad política y social del País.
Algunas de las acciones Mapuche contra la industria Forestal han sido consideradas de resistencia por quienes han dado la pelea frontal exigiendo la restitución de las tierras en diversos predios que son parte del territorio ancestral y que están actualmente bajo el dominio de estos grupos económicos que se expanden. Sin embargo, la quema de plantaciones o maquinarias que se le han imputado a diversas personas mapuches no han hecho mella en el patrimonio de estos grupos económicos, ya que en su totalidad han estado aseguradas por compañías del rubro y en muchos casos han servido de excusa para la arremetida de la violencia estatal y la antipatía de la opinión pública.
Además, es importante recordar que más de una vez, varios de los supuestos ataques estuvieron rumoreados por autoatentados que habrían hecho las propias empresas de seguridad de las Forestales para activar más rápidamente la represión.
Pese a que en su momento se logró cuestionar el modelo que representa la Industria Forestal, ésta no ha mermado en sus ganancias en exportaciones, por el contrario, sus utilidades han venido en aumento año tras año con miles y miles de millones de dólares a su haber y su expansión de más de 2.500.000 hectáreas continúa de manera solapada en las propias tierras mapuches y campesinas con la introducción de especies exóticas forestales promovidas por las propias políticas estatales.
Impactos y consecuencias de la Industria Forestal
Una de las principales razones del conflicto Forestal y Movimiento Mapuche, es por la tenencia de la Tierra. Una importante parte de los territorios que se reivindica está en poder de las Empresas, ya sea por reclamaciones ancestrales o de usurpación directa.
Asimismo, la expansión forestal en el territorio ancestral Mapuche ha sido una afrenta al Derecho Propio, la Cosmovisión y Cultura de un Pueblo Nación originaria. La arremetida de la industria se ha convertido en un símbolo de neo colonialismo y contaminación social.
En los territorios donde se emplaza la industria Forestal son muchos los impactos transversales a la realidad no solo Mapuche, sino también chilena y no necesariamente rural. Algunas de las consecuencias denunciadas son:
Desplazamiento del Bosque Nativo; Pérdida de los Recursos hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las constantes denuncias entre la IX y X regiones (Los monocultivos exóticos actúan como verdaderas bombas de agua); Uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas; Acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos; Destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha; Pérdida de Flora y Fauna (también plantas medicinales y alimenticias) ante el desplazamiento del Bosque nativo y ecosistemas; Suelos ganaderos y agrícolas reemplazados para la introducción de forestales industriales lo que conlleva a la perdida de soberanía y seguridad alimentaria; Transgresión de lugares sagrados; Aumento emigración (disminuye fuente laboral) y pobreza en lugares de alta concentración Forestal; Acusaciones por auto atentados de incendios forestales que han involucrado a grupos de seguridad de estas y que han quedado en la impunidad.
El Conflicto Forestal: Persecución y judicialización de la protesta social
Decenas de personas Mapuche han sido o están siendo perseguidos judicialmente por tribunales civiles y Fiscalías Militares por su participación en movilizaciones en zonas urbanas y rurales. A esa cifra, se suman órdenes de detención y presos entre las VIII y X regiones. Más de diez ministros especiales y cinco Fiscalías Militares se han encargado de investigar "hechos de violencia" -desde fines de 1997- en el marco de los conflictos territoriales. Decenas de dirigentes y comuneros Mapuche se encuentran sometidos a proceso, en varios casos juzgados por la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 o Antiterrorista, creadas desde la dictadura militar y que fueron aplicadas de manera activa y vigente en el gobierno de Ricardo Lagos, como forma de control social a las protestas sociales Mapuche. A esta aplicación, se agrega que numerosas personas mapuche han debido enfrentar el Sistema Procesal Penal, que entró en vigencia desde el año 2000 en la IX Región y hoy en todo el País.
Como efecto de esta represión, zonas rurales Mapuches en Ercilla, Traiguén, Lumaco, Chol Chol, Imperial, Collipulli, Purén, Tirúa, Lebú, Cañete, entre otras, han debido enfrentar numerosos allanamientos y operativos policiales con graves secuelas a la vida social, cultural y sicológica de las familias, hechos que se repiten hasta el día de hoy.
Cabe mencionar, que en noviembre del 2002, un joven Mapuche, Alex Lemún, de 17 años, fue asesinado por un oficial de la policía de Carabineros en medio de una reclamación territorial de un predio de la misma Forestal Mininco (CMPC – grupo Matte), mismo grupo que, junto a Angelini, controla esta industria y el de celulosas contaminantes causando graves impactos territoriales. Grupo Matte, el mismo que también, junto a ENDESA, ha iniciado una expansión de proyectos hidroeléctricos que traerían graves impactos en distintos puntos del País.
Una de las extensiones de este conflicto ha sido la judicialización, como fue lo ocurrido con el caso Poluco Pidenco, el que se llevó a cabo ante la quema de 100 hectáreas de plantaciones de monocultivos de pino en la comuna de Ercilla en el año 2001, en un predio de la Empresa Forestal Mininco (CMPC – del mismo Grupo Matte), convirtiéndose a esa fecha (vino una seguidilla de otros más), en el segundo juicio en el marco de la Reforma Procesal Penal en el cual el Ministerio Publico, gobierno y empresa forestal, sustentaron una acusación en las leyes especiales que sancionan conductas terroristas en contra de Mapuches que se encontraban reivindicando derechos territoriales y socioculturales sobre la ahora propiedad privada. Los principales argumentos mantenidos por los “acusadores” fueron pruebas testimoniales de testigos que en un primer momento se les reserva la identidad.
Por quema de plantaciones forestales, a cada uno de los que fueron involucrados se les condenó a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena como autores del delito de incendio terrorista hecho cometido durante el día 19 de diciembre de 2001 en el Fundo Poluco Pidenco de la Comuna de Ercilla y a pagar solidariamente al demandante civil Forestal Mininco S.A. la suma de cuatrocientos veinticuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos ($ 424.964.798), por concepto de daños materiales provocados, más intereses y reajustes legales que se devenguen desde la fecha de ejecutoriada de esta sentencia hasta la fecha de su total y definitivo pago, con costas.
El caso Poluco Pidenco es el reflejo de la criminalización y Judicialización de la Protesta social Mapuche y denota las secuelas del conflicto con Poderosos Grupos Económicos, como los Matte, capaces de someter el aparato Estatal a sus intereses.
Empresas Forestales, seguridad mercenaria y autoatentados
Hace algunos meses, una comisión investigadora de las Naciones Unidas visitó el País por prácticas mercenarias de chilenos en Irak. Pero la investigación también se extendió a empresas de seguridad que prestan servicios a compañías forestales como CMPC – Mininco (Matte) y Arauco – Celco (Angelini), donde incluso, se han señalado a ex uniformados y ex agentes de inteligencia involucrados en estas firmas.
Una escalada de incendios forestales durante los años 1999 al 2001, coinciden con algunas denuncias aún aisladas de auto atentados al interior de las propias empresas, como asimismo, con el inicio de un operativo de inteligencia en el Gobierno de Ricardo Lagos, desde el mismo 2001 al 2004, para reprimir, neutralizar, controlar y perseguir a una buena parte del movimiento mapuche, como fue a la organización Arauko Malleko.
A continuación algunos casos señalados:
Caso Yumbel y empresa de seguridad Santa Ana (Servicios de seguridad a Mininco, Celco, Arauco y Bio Bio)
El senador Alejandro Navarro (P.S) , en su visita a la ciudad de Temuco a fines de agosto del 2006, en el marco de una interposición de denuncia ante el tribunal militar por la muerte de una anciano Mapuche a manos de carabineros, en la comuna de Nueva Imperial, aprovechó de expresar ante algunos medios de comunicación que poseía antecedentes de que hay empresas forestales que, en el marco del conflicto mapuche se provocan auto-atentados en sus predios.
“Voy a entregar los informes elaborados por la Sección Forestal y Ecológica de Concepción en procesos seguidos en el Juzgado de Yumbel, donde queda establecido tanto por peritajes de la Sección Forestal Ecológica de Carabineros, como por peritajes realizados por privados, por peritos judiciales, de que son autoatentados, hechos por los guardias forestales', dijo Navarro a Radio Cooperativa (31 de agosto 2006).
Si bien, causó algo de revuelo la información y que fue presentada para ser investigada en el Senado, esta nunca fue dada a conocer en detalle, sin embargo por información recabada por otras fuentes, esta denuncia habría apuntado a piezas de la causa rol 38.774-L del Juzgado de Yumbel, por los delitos de incendio forestal del Año 2001, donde incluiría un Informe pericial (67-2001) de fecha 19 de marzo de 2001, de la Sección Forestal y Ecológica de Concepción, que investigaba incendios forestales en diversos fundos de la VIII región (LasTejas, El Manzanito, Llanos de Charrúa, Unihue)
Dicho informe acreditaría que 4 personas pertenecientes a la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. Rut., 77.386.030-0, dedicada al rubro de la vigilancia privada de predios forestales, obligaron y amenazaron a un tercero para provocar diversos incendios forestales, presumiblemente con el objeto de justificar los contratos entre las forestales y la misma empresa de vigilancia.
Un relato textual de este informe señalaría: “Se determinó que la Empresa Forestal Santa Ana Ltda.. que cumple funciones de vigilancia predial, en los diferentes predios de las empresas forestales, tales como MININCO, CELCO, BOSQUES ARAUCO Y BIO BIO, no se encontraría autorizada para ejercer labores de vigilancia, infringiendo con ello el art. 5 bis del D.L. 3607 (…) Ley de Vigilantes Privados, demostrando con esto por parte de la mencionada empresa la que es representada por José Roberto Escanden Pérez, una absoluta irresponsabilidad en su actuar, realizando su trabajo en forma fraudulenta, lucrándose económicamente de manera indiscriminada y maliciosamente de las empresas forestales, causando enormes daños económicos irreparables y a su vez una grave destrucción al medio ambiente, provocando confusión y alarma dentro de las empresas forestales. Por lo que además se determinó que la empresa Forestal Santa Ana Ltda. cumple funciones de vigilancia privada en forma ilegal, actuando algunos de ellos en contravención a la Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y explosivos, por el porte ilegal de arma de fuego que es utilizado por algunos de ellos, presumiéndose además que dicha empresa es la única responsable de la totalidad de los siniestros forestales en calidad de autor, infringiendo con ello los artículo 476 inciso 3 y 482 del Código Penal (delito de incendio)”.
El Informe lo suscribiría Roberto Muñoz Sandoval, Sargento 2º, César Muñoz Astudillo, Cabo 2º, de la sección Forestal y Ecológica de Concepción, en la fecha indicada.
A similares conclusiones habría llegado el perito judicial Aldo Gherardelli Maurer, en el “Peritaje de Incendios Forestales antiguos y ya extintos”, a requerimiento del Juzgado de Letras de Yumbel, en la misma causa (rol 38.774-L).
Con estos antecedentes, según fuentes extra oficiales, algunos parlamentarios habrían estado dispuestos a solicitar un Ministro en visita para que se investigara estos antecedentes, entre ellos Navarro, sin embargo se detuvo la gestión al respecto y se desconocen las razones.
Cabe mencionar que, la Sección Forestal y Ecológica de Concepción, dejó de existir en octubre de 2001, a meses del Informe. La Institución dispuso que las Unidades operativas del sector tomaran el asunto. El Departamento Forestal y Ecológico de Carabineros OS-5 en Santiago tomó este tema.
El año 2001 es el año del Informe pericial, y el año del cese de la Sección Forestal y Ecológica de Concepción.
A nivel “País” existían 12 secciones forestales (La Serena a Coihayque). Pero el Alto Mando suprimió todas. Las unidades del sector absorvieron la labor de la sección forestal. La Sección capacitó a Unidades Operativas para que informaran temas.
Paradójicamente, la Corporación de la madera (CORMA) cambió el año pasado de presidente , saliendo José Ignacio Letamendi e ingresando nuevamente al directorio, Fernando Leniz, empresario, latifundista (con predios en conflicto con comunidades), ex Ministro de la dictadura de Pinochet. En el “cambio de mando”, el primero, advirtió que el recrudecimiento de la violencia los coloca "en alerta frente a actos irracionales de unos pocos desquiciados", y apuntó a la importancia de actitudes y señales del Gobierno. "Nos preocupan particularmente aquellos anuncios que apuntan a despenalizar como delito terrorista los ataques a la propiedad", dijo. Léniz, en tanto, recalcó el efecto que tiene para los empresarios el hecho de que Celco (forestal del grupo Angelini) no pueda realizar mediciones para un estudio ambiental para el ducto al mar de la planta Valdivia por la oposición de grupos de pescadores de la zona de Mehuín. (economía y negocios, diario el mercurio, 15 de noviembre 2006)
El caso de Leonardo Espinoza y el incendio de Rucañanco (Collipulli)
Tras el suicido en la ciudad de Santiago de un ex brigadista forestal, Leonardo Espinoza, joven que tenía 20 años, aparecieron reveladores antecedentes que desenmascararon el rol de las brigadas de seguridad de empresas forestales ante los conflictos Mapuches.
El joven, antes de quitarse la vida, dejó unas cartas en las que narra graves episodios que le tocó vivir como brigadista forestal. Ante esto, su madre Leticia Fonseca, entregó estos antecedentes a la justicia, en los que se revelaba que los propios brigadistas forestales incendiaron la casa patronal del Fundo Rucañanco de la Empresa Mininco para inculpar a los Mapuches, entre otros actos vandálicos.
Jerson Espinoza, hermano del joven suicida, quien también se desempeñó como brigadista forestal, relataba a la prensa lo siguiente (Diario Austral de Temuco, 06 de enero del 2000): ...."Después que provocamos a los Mapuches, para nosotros la situación era incontrolable porque los habíamos hostigado demasiado. Teníamos que hostigar a las Comunidades para que se produjeran enfrentamientos y la opinión pública se enterara de las -atrocidades que cometían los Mapuches-".... "... Los guardias de la empresa de seguridad que trabajaban como brigadistas para las empresas forestales, provocaban la mayoría de los conflictos"... "En algunas oportunidades provocamos incendios forestales, bloqueábamos los caminos; llenábamos sacos con arena para luego lanzarlos a los canales cercanos a las comunidades para que el agua desbordara e inundara sus siembras".... .... "En las noches, cuando las comunidades Mapuches realizaban sus Ngüillatunes (**Ceremonias religiosas**) o reuniones, brigadistas cortaban los Rehues (**símbolo religioso**), hecho que desataba la ira y colocaba la situación más tensa"...
Por otro lado, dichos actos, según se afirmó, eran comportamientos para mantener y justificar sus puestos de trabajo de seguridad, pero, sin lugar a dudas, la responsabilidad de la propia empresa forestal es inminente, por cuanto ellos eran quienes sostenían a este tipo de funcionarios externos y por otro, es imposible que situaciones como estas evadan el control y fiscalización de cualquier empresa, en especial de este tipo con sus millones y millones de dólares de ganancias y que no hayan hecho nada para corregirlo. No deja de ser extraño, por decir lo menos.
Es importante recordar, que ante la quema de la casa patronal del Fundo Rucañanco de Forestal Mininco, ocurrida el 01 de agosto de 1999, el Gerente de Relaciones Públicas de la propia empresa, Rodrigo Hermosilla, acusó directamente a personas mapuches, responsabilizando incluso al dirigente y ex vocero de la Coordinadora de Comunidades en conflicto Arauco-Malleco, Víctor Ancalaf.
Dicho "atentado", fue uno de los principales motivos para que el Gobierno Regional aplicara la Ley de Seguridad del Estado el 10 de agosto de dicho año, generando la designación del Ministro en Visita, Sr. Julio Cesar Grandón. Todas estas diligencias, acarrearon como consecuencia la militarización policial en el territorio mapuche; la constante persecución y las injustas detenciones de diversos dirigentes y comuneros Mapuches. Las denuncias por auto atentados nunca fueron investigadas, por el contrario, siempre se acallaron.
El diputado Eugenio Tuma (PPD, distrito 51), fue uno de los que promovió estas denuncias, pero siempre teniendo el cuidado de no involucrar a las empresas sino a sus “grupos de seguridad”, señalando al mismo medio el 6 de enero del 2000: “No me cabe duda que las empresas de seguridad, por el hecho de estar vinculadas a ex agentes de seguridad, han sido cómplices de los actos vandálicos ocurridos en la zona con el fin de culpar a comunidades mapuches. Además las empresas de seguridad no cumplen con la ley laboral”, aseveró el parlamentario, esto último, por cuanto que se captaban los funcionarios de seguridad como brigadistas y no por guardias para burlar los controles..
Caso Pedro Cifuentes y Forestal Mininco
Las denuncias realizadas por el obrero Pedro Cifuentes, el 26 de agosto de 1999 a la prensa y el recurso judicial que se presentó para su protección ante el temor de represalias en su contra, ha sido otro hecho que quedó en el aire. Se publicaba en el diario local de Temuco lo siguiente el día 26 de agosto de 1999: "La forestal me presionó, me dio dinero para culpar a los hermanos Ancalaf de las quemas y destrozos en la empresa"…. "Me amenazaron con que me iban a encarcelar y las pruebas que tenían era un montaje de fotos. Es decir, me inculparían. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y más 10 mil pesos semanales"… "… Me amenazó que tenía que trabajar para ellos y meterme dentro de las comunidades, darle información de todo lo que pasaba dentro de la comunidad. Ellos, en muchas otras partes, han pagado a gente para que se infiltre en las comunidades mapuches". Cifuentes involucraba a funcionarios de la empresa Forestal Mininco.
Cifuentes no pudo sostener las mentiras en medio de un careo con los propios Ancalaf ante el Ministro en visita Julio César Grandón, señalando al mismo medio “Fue tanta la presión que tuve por mucho tiempo, cada paso que daba o donde iba me vigilaban. Declaré delante de ministro y fue ahí cuando me di cuenta que lo que estaba cometiendo era un error bastante grave, que estaba perjudicando a personas inocentes y me estaba perjudicando. Yo recibí el dinero que me ofrecieron.”. Pedro Cifuentes habría sido contactado para este plan por un tal Alex de Ruiz, sindicado en aquel tiempo como funcionario de la empresa forestal Mininco. De Ruíz habría convencido a Cifuentes para que acusara a los hermanos Ancalaf en los hechos de violencia, entre ellos, apedreamiento de vehículos, quema de casas, plantaciones, puentes, entre otros.
Otros casos
Los relatos en anonimato de guardias forestales reconociendo la existencia de auto atentados a la prensa radial de Temuco (Bio Bio) que investigó y recopiló antecedentes durante el año 2000 y que fuese replicado como denuncia por algunos parlamentarios, entre ellos Guido Girardi (hoy senador) y el diputado por la novena región (distrito 51) Eugenio Tuma, son otros hechos que quedaron sin investigar.
Las empresas Forestales en el blanco de las denuncias.
La empresa Forestal que involucran en denuncias por auto-atentados a través de sus “cuadros” de seguridad patrimonial, corresponde a Forestal Mininco, que integra el holding CMPC del grupo económico Familia Matte; sin embargo, con las denuncias de Yumbel, estas se extienden a otras, tales como Forestal Arauco y Celco, del multimillonario de origen italiano, Anacleto Angelini (Holding Copec-Arauco); y forestal Bio Bio también de Angelini.
Imputaciones a Mapuches y aplicaciones de Leyes especiales y represivas.
Es necesario tener en cuenta que por declaraciones del Ex Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil (hoy premiado como integrante del tribunal constitucional) , para el gobierno (Ricardo Lagos), el 2004 fue el año de culminación de la larga operación denominada “Paciencia”, iniciada el 2001 para contener al movimiento mapuche (El Mercurio, 22/08/2004).
Al respecto, como se ha venido denunciando, existen personas condenadas incluso a más de 10 años de cárcel, de manera absolutamente desproporcionada y con denuncias locales e internacionales de vicios procesales, por atentados incendiarios a los que se le ha dado la categoría de "terrorismo", en tiempos, donde a la vez, las mismas empresas han sido acusadas por auto-atentados.
Poluco Pidenco: Huelga de Hambre e Historia de una traición
El viernes 14 de diciembre de 2007 Tres presos políticos Mapuche llegaron hasta 64 días en huelga de hambre. Se trata de José Huenchunao, Juan Millalén y Jaime Marileo. Dos continuaron, el caso de Héctor Llaitul y Patricia Troncoso.
Esta historia ya se había repetido el año anterior, que involucró también a Patricia Troncoso, junto a otros PPM, como Juan Huenulao, Patricio Marileo y Jaime Marileo, quienes llegaron a 63 días en ayuno y fueron vilmente traicionados.
En aquella oportunidad los mapuches demandaban la nulidad del juicio que los condenó a 10 años de cárcel y al pago de 425 millones de pesos de indemnización a la Forestal Mininco, por el caso Poluco Pidenco ya mencionado. Para este fin, con el propósito de bajar la huelga, el Gobierno se comprometió a poner suma urgencia a un proyecto de Ley que les daría la libertad. Se depuso la huelga en momentos que una amplia representación de legisladores del oficialismo se comprometió a apoyarla, sin embargo, al momento de su votación, varios de ellos lo hicieron en contra.
El compromiso firmado de los legisladores y luego no cumplido, señalaban lo siguiente, con su firma ante los Presos: “Confirmamos mediante este compromiso, nuestra voluntad de votar favorablemente el proyecto de Ley que establece el beneficio de la libertad vigilada a los Presos por la Ley Antiterrorista en la reivindicación del Pueblo Mapuche...... CONMINAMOS a los presos de la cárcel de Angol, BAJAR LA HUELGA DE HAMBRE, ANTE LA FELIZ NOTICIA DE LA URGENCIA DE ESTE PROYECTO DE LEY EN EL SENADO, Y ANTE EL COMPROMISO DE NUESTROS VOTOS FAVORABLES, QUE PROVOCARÁ SU LIBERTAD EN EL CORTO PLAZO”.
Jaime Naranjo (PS), Guido Girardi (PPD), Jorge Pizarro (DC), Ricardo Nuñez (PS), Jaime Gazmuri (PS), Mariano Ruiz Esquide (DC), Pedro Muñoz (PS), Fernando Flores (PPD), Carlos Ominami (PS), José Antonio Gomez (PRSD), Hosain Sabag (DC), Camilo Escalona (PS), se comprometieron por sí mismo y por sus bancadas políticas.
Lo grave, es que senadores que se habían comprometido con sus votos favorables, desconocieron todo acuerdo, entre ellos Jorge Pizarro (DC), Mariano Ruiz Esquide (DC), Hosain Sabag (DC), quienes habían suscrito el documento, al igual que el senador Fernando Flores (PPD), quien este último no asistió a la votación. Lo mismo, con la Senadora Soledad Alvear y presidenta del partido DC, quien se había comprometido verbalmente.
Con 20 votos en contra, 13 a favor y 2 abstenciones, el Senado desechó la idea de legislar sobre la iniciativa que tenía como objetivo otorgar el beneficio de la libertad condicional a los comuneros. El proyecto de Ley quedó sepultado al ser rechazado en primer trámite.
Son Derechos Humanos
Estos casos que afectan a numerosas personas Mapuches son muestra de un sistemático atropello de garantías fundamentales, e incluso transgresiones a normas del derecho internacional humanitario, que se expresan en actos estatales de brutalidad policiaca, aplicación de legislaciones penales impropias para reprimir la movilización social y que transgreden el derecho al debido proceso, sometiendo a comuneros y dirigentes Mapuche a encarcelamientos. Ante su evidencia probatoria estos hechos han sido recogidos por diversas misiones de observadores no gubernamentales internacionales tales como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional, Human Right Watch, entre otros.
Asimismo, la situación de vulneración de los derechos indígenas en Chile fueron constatadas por el Relator Especial de Naciones Unidas Para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, en su visita a Chile en el 2003., quien sintetizó esta política estatal como una criminalización de las reclamaciones indígenas. Similar posición adoptó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas quien en noviembre pasado 2004 y el Comité de DDHH y del niño a inicios del 2007, quienes se han manifestado preocupados por la falta de reconocimientos a los derechos de los Pueblos indígenas y por la aplicación de leyes especiales en el contexto de las actuales tensiones por las tierras ancestrales en las zonas mapuche.
Lo mismo ocurre con diversos casos por Ley antiterrorista o leyes especiales represivas a la protesta social que se tramitan en el sistema interamericano y que han sido acogidos, tales como el de Poluco Pidenco, el de los Lonko Norin y Pichún, el del Werkén Víctor Ancalaf, entre otros.
Los contenidos de estos Informes y denuncias, independiente uno del otro, dan cuenta de una cruda y grave realidad en Chile que se encuentra invisibilizada, cuyo conflicto se origina en el incumplimiento del Estado respecto a sus obligaciones internacionales relativas al reconocimiento, resguardo y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Cuando los Grupos fácticos de Poder, como los grupos económicos en la Industria Forestal que succionan el Estado chileno, dejen de someter y controlar el aparato público a su favor y se termine la corrupción de las Redes políticas – económicas, quizás recién ahí los Derechos de los Pueblos vuelvan a restablecerse, quizás recién ahí podamos hablar de una nueva convivencia, una nueva relación con respeto, proporcionalidad, justicia y reciprocidad, que incluya un nuevo progreso para el Bienestar social colectivo, donde los Derechos de las personas y de los Pueblos sean lo primero, cuestión que va más allá de lo ideológico doctrinal, sino de sentido común.
Si el Estado a través de sus instituciones públicas no ha sido capaz de implementar mínimas condiciones de Derecho, en su garantía, defensa y exigibilidad, peor aún, no ha sido capaz de respetar su propio marco jurídico y de instalar instrumentos añejos ¿juiciosos, maduros? que marcan la pauta en el derecho internacional, respecto de derecho a las territorialidades, las formas de vida “propia” o el respeto a la dignidad de las personas; entonces, NO habrá que seguir estrellándose con un estado que no existe. La labor pendiente ahora se centra en la búsqueda de nuevas formas de disputa PACÍFICA, con ejercicio de derechos, de manera inteligente y sin temores ante quienes son los verdaderos responsables y controladores de nuestras vidas y libredeterminación, para que su soberbia, prepotencia, altanería y arrogancia se transforme y se restituyan nuestras soberanías y Derechos. Con la verdad y la justicia, la contienda ya no tiene porqué ser desigual.
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