Actualmente existen dieciocho presos mapuche en distintas cárceles chilenas, todos procesados y condenados en el marco del denominado conflicto mapuche.
Varios de ellos están encarcelados por la aplicación de la ley antiterrorista, promulgada durante el gobierno militar. Esto sugiere el enfoque que han tenido los poderes del Estado al tratar la problemática mapuche. Los presos mapuche han sido denominados por el Gobierno como delincuentes comunes, tal cual afirmó la presidenta Michelle Bachelet en su pasada por Suiza hace unos meses atrás, al ser emplazada por un grupo de adherentes a la causa mapuche a nivel internacional.
La situación actual de estos presos, que están en huelga de hambre desde el 10 de octubre, se agrava a diario. No han logrado ninguna señal del gobierno que dé una apertura al diálogo.
Ellos piden el reconocimiento de su condición de presos políticos, lo que conllevaría la revisión de sus causas y el fin a la vigilancia y represión policial que se ha ejercido en el último tiempo en las comunidades mapuche que mantienen una postura de reivindicación territorial, y que han sido denominadas por la autoridad como zonas de conflicto. Estas zonas de conflicto son comunidades que hoy están siendo consideradas como estratégicas para la inversión económica de grandes capitales. Casos como Celco en la Región de los Ríos, el proyecto minero Manto Rojo en el sector de Lleu-Lleu de la provincia de Arauco y, en general, en las zonas donde las empresas forestales mantienen sus faenas.
A la denuncia de que se realizan inversiones económicas en tierras ancestrales se han sumado organizaciones de la sociedad civil al constatar el daño ecológico y medio ambiental ya producido.
Para los presos políticos mapuche, huelga de hambre es una herramienta política para visibilizar la realidad mapuche actual y emplazar al gobierno al diálogo. Su condición surge a partir de la defensa de los derechos fundamentales que incluso hoy están siendo reconocidos internacionalmente por La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y que expresan el derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural y refuerzan el derecho al territorio y recursos naturales.
El gobierno chileno votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas, pero igualmente mantiene inconsistencias que no ha asumido en forma pública. Estas tienen directa relación con la política económica de inversión, contradictoria con la conservación de los territorios ancestrales donde se emplazan hoy las comunidades mapuche. Existe un discurso dicotómico por parte de las autoridades al respecto, ya que se asume la postura de respeto, defensa y protección de los pueblos originarios a través de una posición internacional, y por otro hay una apertura total a la inversión económica en tierras ancestrales mapuche, las que además provocar un daño ecológico y medio ambiental incalculable, arrasan con todo lo que se defiende en los tratados de derecho internacional respecto a los pueblos originarios: el derecho a los recursos naturales, al control, protección y desarrollo del patrimonio cultural, el derecho a la tierra, entre otros.
Los cinco presos mapuche –internos en Angol– pretenden a través de la huelga de hambre visibilizar esta realidad ante la comunidad nacional e internacional y provocar en el gobierno la actitud de diálogo que se requiere para avanzar en la solución. El problema requiere más que declaraciones de voluntad, acciones concretas, comenzando por reconocer que los actuales presos mapuche están recluidos por condiciones políticas y no delictuales, como lo consignó en su informe Rodolfo Stavenhagen -relator especial de la ONU en América Latina- como conclusión de su visita a Chile; y en segundo lugar, es necesario que retiren el contingente de policía especial actualmente emplazado en las llamadas zonas de conflicto.
Sería consecuente que el gobierno dialogara, reflexionara y tomara medidas ante esta realidad. Chile se encuentra con la disyuntiva de un irreflexivo avance del desarrollo económico o la conservación de los recursos naturales, y con ello, la vida de la gente de la tierra, los mapuche.
Autor: María Angélica Huenchún
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