Por: Arturo Alejandro Muñoz
Las peregrinas explicaciones de autoridades y consorcios empresariales ya no logran convencer a una masa consumidora que comenzó a hastiarse de tanta explotación, falacia y mangoneo demagógico.
Chile es como el botero que avanza usando solamente un remo. La mayoría de las veces ocupa el de la derecha y en muy contadas ocasiones el de la izquierda. Siempre un remo, nunca los dos. Por ello la embarcación adelanta poco trayecto y zigzaguea demasiado, incluso en ciertos momentos pareciera navegar en círculos tendiendo a regresar al punto de zarpe.
Lo extraño en este caso es que el bote posee suficiente calidad y seguridad para el transporte de pasajeros; el mar está generalmente calmo, el remero ‘oficial’ es siempre muy bien remunerado; la clientela destaca por su paciencia y pacifismo; no hay vientos fuertes y los muelles son adecuados. Entonces, la única razón que podría explicar la lentitud y pérdida de tiempo en la navegación apunta exclusivamente al botero que, seamos sinceros, cumple irrestrictamente con las órdenes que le entregan sus patrones.
Pero, mientras siga siendo un ’buen negocio’ para los propietarios de la embarcación, nada cambiará si la clientela continúa aceptando –y pagando con creces, a cabeza gacha- ese deficiente servicio.
Si el ejemplo anterior pudiésemos asemejarlo a la acción política, sería dable afirmar que en los últimos treinta y cuatro años Chile ha sido organizado, gobernado y administrado por un pequeño sector de la sociedad nacional, específicamente por aquel que se lleva el 80% del PIB y que está constituido por escasos quince grupos familiares asociados a empresas transnacionales que acostumbran a no respetar las legislaciones ni el medio ambiente de los países tercermundistas…donde realizan sus negocios más pingües.
Hasta el 11 de septiembre de 1973 los chilenos, a través del Estado, éramos dueños del agua y de las empresas sanitarias, de la generación de electricidad y su distribución, de los teléfonos, de las telecomunicaciones y del 95% de la producción y refinación del cobre, del 85% de la Banca y el 100% de la Previsión Social.
Hoy, después de 34 años compartidos por una dictadura con los ‘mayordomescos’ y neoliberalizados gobiernos de la Concertación, los teléfonos y la generación hidroeléctrica pertenecen a empresas españolas; el resto de la generación es privada o trasnacional, el 70% del cobre -que se exporta además sin refinar- está en manos de trasnacionales y de un grupo económico chileno asociado a ellas; y el resto de las telecomunicaciones también se encuentran privatizadas y trasnacionalizadas.
El Estado de Chile controla hoy sólo el 10% de la Banca, mientras que dos o tres grandes consorcios españoles poseen más del 50% del mercado chileno bancario y previsional, que también fue privatizado por la dictadura en 1981 y que acumula hoy cien mil millones de dólares, fondos sobre los cuales sus dueños -los trabajadores- no tienen control alguno, fondos que, además, han sido claves en el brutal proceso de concentración de la propiedad y los ingresos en Chile.
La esquizoide decisión económica de los gobiernos chilenos en los últimos diez años ha impedido al país ganar miles de millones de dólares, pues nuestras autoridades se han negado torpe e inexplicablemente a cambiar sus depósitos en el extranjero de dólares a euros, hecho que se puede interpretar solamente como un entreguismo absoluto en beneficio del gobierno norteamericano que experimenta hoy una fortísima crisis, y cuya moneda, día a día, va cayendo en las Bolsas mundiales.
Mientras tanto, los ‘progresistas’ gobiernos chilenos siguen apoyando el esfuerzo bélico y el déficit comercial de los EEUU, que ya se acerca a un billón de dólares anuales (un 01 con doce ceros), manteniendo US$40.000 millones del Fisco chileno depositados en dólares en el exterior, con una pérdida acumulada para nuestro país, si se hubiesen cambiado a Euros desde el 2003, superior a los US$12.000 millones.
En el entreguista Chile conducido por un botero de un solo remo, el 90% de la ganancia minera se va al extranjero, vía empresas y consorcios trasnacionales (70%), depósitos estatales en el exterior en US$ (20%, con pérdidas para Chile de US$12.000 millones en seis años por la baja del dólar) o compras de armas y equipos para las FFAA (10%).
De lo que queda en Chile buena parte se ha perdido en EFE y en el Transantiago, mientras a los trabajadores fiscales se les ofrece un menguado reajuste del 04% , habida consideración de que la canasta básica ha subido en un 19% el 2007. Y al millón y medio de trabajadores que ganan menos del salario mínimo líquido de $119.500 no se le dará nunca la irrisoria y vergonzosa ‘luca’ (mil pesos) de reajuste en enero de 2008, porque la economía chilena no crecerá el 5,8%, porcentaje que determinó el ministro de Hacienda de Bachelet (Andrés Velasco) para hacer efectivo ese miserable reajuste de $144.000 a $145.000 del sueldo mínimo bruto.
Esa misma esquizofrenia ha llevado a nuestros gobiernos a frotarse las manos cuando ocurren crisis serias en el planeta, ya que ellas les permiten aumentar sus ingresos por el expediente del escenario tributario e impositivo que achaca a los dieciséis millones de chilenos, sin que sea compensado con aumentos reales de salarios y sueldos. El ejemplo de la bencina es suficiente para entender lo anterior, pues cada litro de ese combustible incorpora en su valor comercial más del 40% en impuestos específicos.
No faltará el ‘fans’ del neoliberalismo que defienda la posición concertacionista-udi-empresarial diciendo que cuando ello ocurre hay menor consumo. ¿Él puede comprobar que al experimentar la bencina alzas en sus precios, los automóviles y vehículos varios disminuyen su número en calles y caminos de Chile? ¿Se alivian los ‘tacos’ santiaguinos, porteños, rancagüinos, ariqueños, si el precio del litro de combustible sube? Esos mismos ‘fans’ desperdician la magnífica oportunidad de guardar silencio ante lo que es incontrarrestable.
A pesar de que los dos últimos gobiernos concertacionistas -una alianza entre democristianos, liberales y socialdemócratas- han estado presididos por militantes del Partido Socialista (Lagos y Bachelet), el proceso de concentración económico ha sido brutal, superando de lejos las cifras legadas por la dictadura de Pinochet.
Estos mismos gobiernos son la guinda de la torta para el empresariado transnacional, lo que explica el apoyo manifestado pública e internacionalmente por los dueños del gran capital a las administraciones concertacionistas, en una alianza que genera profundas brechas y desigualdades económicas, instalando a Chile en el primer lugar de América respecto de la mala distribución de la riqueza, y en el tercer lugar mundial.
La respuesta de los gobiernos ‘progresistas’ -y de muchos de sus seguidores- apunta siempre a comparar el Chile de hoy con el país que hubo en dictadura, asunto inaceptable ya que, en primer lugar, no ha habido cambios positivos para el 90% de la población, en ningún término (salvo que ahora se tortura y se encarcela solamente a algunas etnias originarias que son apaleadas y despreciadas por las autoridades). Y en segundo lugar, es falso de falsedad absoluta la afirmación que hoy estamos mejor que durante la dictadura porque, definitivamente, los horrores de la época pinochetista no fueron juzgados debidamente, dado que la propia Concertación lo impidió en cumplimiento de lo ’políticamente correcto’, ‘justicia en la medida de lo posible’ y ‘política de los acuerdos’, asuntos protocolizados por los gobernantes concertacionistas con los dueños del bote.
La idea ‘oficial’ entonces no es otra que olvidar e ignorar los crímenes y saqueos fiscales de la dictadura -mediante el prurito de ser, falsamente, un gobierno de izquierda- mientras se esgrimen cifras macroeconómicas que a la gente, a los trabajadores, de nada les sirven…pero sí reflejan el nivel de despojo y expoliación cometidos por los ‘socios’ de las autoridades políticas y gubernamentales.
Esta asociación –en un país moderno y democrático (Chile no lo es)- sería considerada judicialmente como una vulgar ‘práctica gansteril’, más aún con la permanente política gubernamental de castigar a la población con bajísimos sueldos, salud y educación mala y cara, e impuestos sobre impuestos, como es el caso de la bencina, de los créditos comerciales, de los múltiples peajes en carreteras concesionadas, etc. Y a ello se agregan las enormes dificultades, prohibiciones, aislamiento e incluso persecuciones, a que se ven sometidos dramáticamente los escasos sindicatos que sobreviven en el país.
Para esos ‘socios en el emprendimiento expoliador’, esto es democracia, igualdad y justicia social. Que la población trabajadora gane poco, sufra mucho y resista sin chistar cualquier alza en servicios cada vez menos satisfactorios, mientras los ‘cosanostristas’ continúan engordando hasta convertirse económicamente en obesos mórbidos, debe ser considerado por las propias víctimas –ojalá aplaudiendo- la panacea del desarrollo y la justicia social.
Esos émulos de John North, Alphonso Capone, Frank Nitty y Johnny Stompanatto, con una inmoralidad que espantaría a cualquier ciudadano de una nación civilizada, persisten en afirmar que este es ‘el mejor sistema’ para Chile -bote y remeros incluidos- soslayando el dicho popular cuyo reza enseña que tanto va el cántaro (o el remo) al agua que…
Imprimir
Chile es como el botero que avanza usando solamente un remo. La mayoría de las veces ocupa el de la derecha y en muy contadas ocasiones el de la izquierda. Siempre un remo, nunca los dos. Por ello la embarcación adelanta poco trayecto y zigzaguea demasiado, incluso en ciertos momentos pareciera navegar en círculos tendiendo a regresar al punto de zarpe.
Lo extraño en este caso es que el bote posee suficiente calidad y seguridad para el transporte de pasajeros; el mar está generalmente calmo, el remero ‘oficial’ es siempre muy bien remunerado; la clientela destaca por su paciencia y pacifismo; no hay vientos fuertes y los muelles son adecuados. Entonces, la única razón que podría explicar la lentitud y pérdida de tiempo en la navegación apunta exclusivamente al botero que, seamos sinceros, cumple irrestrictamente con las órdenes que le entregan sus patrones.
Pero, mientras siga siendo un ’buen negocio’ para los propietarios de la embarcación, nada cambiará si la clientela continúa aceptando –y pagando con creces, a cabeza gacha- ese deficiente servicio.
Si el ejemplo anterior pudiésemos asemejarlo a la acción política, sería dable afirmar que en los últimos treinta y cuatro años Chile ha sido organizado, gobernado y administrado por un pequeño sector de la sociedad nacional, específicamente por aquel que se lleva el 80% del PIB y que está constituido por escasos quince grupos familiares asociados a empresas transnacionales que acostumbran a no respetar las legislaciones ni el medio ambiente de los países tercermundistas…donde realizan sus negocios más pingües.
Hasta el 11 de septiembre de 1973 los chilenos, a través del Estado, éramos dueños del agua y de las empresas sanitarias, de la generación de electricidad y su distribución, de los teléfonos, de las telecomunicaciones y del 95% de la producción y refinación del cobre, del 85% de la Banca y el 100% de la Previsión Social.
Hoy, después de 34 años compartidos por una dictadura con los ‘mayordomescos’ y neoliberalizados gobiernos de la Concertación, los teléfonos y la generación hidroeléctrica pertenecen a empresas españolas; el resto de la generación es privada o trasnacional, el 70% del cobre -que se exporta además sin refinar- está en manos de trasnacionales y de un grupo económico chileno asociado a ellas; y el resto de las telecomunicaciones también se encuentran privatizadas y trasnacionalizadas.
El Estado de Chile controla hoy sólo el 10% de la Banca, mientras que dos o tres grandes consorcios españoles poseen más del 50% del mercado chileno bancario y previsional, que también fue privatizado por la dictadura en 1981 y que acumula hoy cien mil millones de dólares, fondos sobre los cuales sus dueños -los trabajadores- no tienen control alguno, fondos que, además, han sido claves en el brutal proceso de concentración de la propiedad y los ingresos en Chile.
La esquizoide decisión económica de los gobiernos chilenos en los últimos diez años ha impedido al país ganar miles de millones de dólares, pues nuestras autoridades se han negado torpe e inexplicablemente a cambiar sus depósitos en el extranjero de dólares a euros, hecho que se puede interpretar solamente como un entreguismo absoluto en beneficio del gobierno norteamericano que experimenta hoy una fortísima crisis, y cuya moneda, día a día, va cayendo en las Bolsas mundiales.
Mientras tanto, los ‘progresistas’ gobiernos chilenos siguen apoyando el esfuerzo bélico y el déficit comercial de los EEUU, que ya se acerca a un billón de dólares anuales (un 01 con doce ceros), manteniendo US$40.000 millones del Fisco chileno depositados en dólares en el exterior, con una pérdida acumulada para nuestro país, si se hubiesen cambiado a Euros desde el 2003, superior a los US$12.000 millones.
En el entreguista Chile conducido por un botero de un solo remo, el 90% de la ganancia minera se va al extranjero, vía empresas y consorcios trasnacionales (70%), depósitos estatales en el exterior en US$ (20%, con pérdidas para Chile de US$12.000 millones en seis años por la baja del dólar) o compras de armas y equipos para las FFAA (10%).
De lo que queda en Chile buena parte se ha perdido en EFE y en el Transantiago, mientras a los trabajadores fiscales se les ofrece un menguado reajuste del 04% , habida consideración de que la canasta básica ha subido en un 19% el 2007. Y al millón y medio de trabajadores que ganan menos del salario mínimo líquido de $119.500 no se le dará nunca la irrisoria y vergonzosa ‘luca’ (mil pesos) de reajuste en enero de 2008, porque la economía chilena no crecerá el 5,8%, porcentaje que determinó el ministro de Hacienda de Bachelet (Andrés Velasco) para hacer efectivo ese miserable reajuste de $144.000 a $145.000 del sueldo mínimo bruto.
Esa misma esquizofrenia ha llevado a nuestros gobiernos a frotarse las manos cuando ocurren crisis serias en el planeta, ya que ellas les permiten aumentar sus ingresos por el expediente del escenario tributario e impositivo que achaca a los dieciséis millones de chilenos, sin que sea compensado con aumentos reales de salarios y sueldos. El ejemplo de la bencina es suficiente para entender lo anterior, pues cada litro de ese combustible incorpora en su valor comercial más del 40% en impuestos específicos.
No faltará el ‘fans’ del neoliberalismo que defienda la posición concertacionista-udi-empresarial diciendo que cuando ello ocurre hay menor consumo. ¿Él puede comprobar que al experimentar la bencina alzas en sus precios, los automóviles y vehículos varios disminuyen su número en calles y caminos de Chile? ¿Se alivian los ‘tacos’ santiaguinos, porteños, rancagüinos, ariqueños, si el precio del litro de combustible sube? Esos mismos ‘fans’ desperdician la magnífica oportunidad de guardar silencio ante lo que es incontrarrestable.
A pesar de que los dos últimos gobiernos concertacionistas -una alianza entre democristianos, liberales y socialdemócratas- han estado presididos por militantes del Partido Socialista (Lagos y Bachelet), el proceso de concentración económico ha sido brutal, superando de lejos las cifras legadas por la dictadura de Pinochet.
Estos mismos gobiernos son la guinda de la torta para el empresariado transnacional, lo que explica el apoyo manifestado pública e internacionalmente por los dueños del gran capital a las administraciones concertacionistas, en una alianza que genera profundas brechas y desigualdades económicas, instalando a Chile en el primer lugar de América respecto de la mala distribución de la riqueza, y en el tercer lugar mundial.
La respuesta de los gobiernos ‘progresistas’ -y de muchos de sus seguidores- apunta siempre a comparar el Chile de hoy con el país que hubo en dictadura, asunto inaceptable ya que, en primer lugar, no ha habido cambios positivos para el 90% de la población, en ningún término (salvo que ahora se tortura y se encarcela solamente a algunas etnias originarias que son apaleadas y despreciadas por las autoridades). Y en segundo lugar, es falso de falsedad absoluta la afirmación que hoy estamos mejor que durante la dictadura porque, definitivamente, los horrores de la época pinochetista no fueron juzgados debidamente, dado que la propia Concertación lo impidió en cumplimiento de lo ’políticamente correcto’, ‘justicia en la medida de lo posible’ y ‘política de los acuerdos’, asuntos protocolizados por los gobernantes concertacionistas con los dueños del bote.
La idea ‘oficial’ entonces no es otra que olvidar e ignorar los crímenes y saqueos fiscales de la dictadura -mediante el prurito de ser, falsamente, un gobierno de izquierda- mientras se esgrimen cifras macroeconómicas que a la gente, a los trabajadores, de nada les sirven…pero sí reflejan el nivel de despojo y expoliación cometidos por los ‘socios’ de las autoridades políticas y gubernamentales.
Esta asociación –en un país moderno y democrático (Chile no lo es)- sería considerada judicialmente como una vulgar ‘práctica gansteril’, más aún con la permanente política gubernamental de castigar a la población con bajísimos sueldos, salud y educación mala y cara, e impuestos sobre impuestos, como es el caso de la bencina, de los créditos comerciales, de los múltiples peajes en carreteras concesionadas, etc. Y a ello se agregan las enormes dificultades, prohibiciones, aislamiento e incluso persecuciones, a que se ven sometidos dramáticamente los escasos sindicatos que sobreviven en el país.
Para esos ‘socios en el emprendimiento expoliador’, esto es democracia, igualdad y justicia social. Que la población trabajadora gane poco, sufra mucho y resista sin chistar cualquier alza en servicios cada vez menos satisfactorios, mientras los ‘cosanostristas’ continúan engordando hasta convertirse económicamente en obesos mórbidos, debe ser considerado por las propias víctimas –ojalá aplaudiendo- la panacea del desarrollo y la justicia social.
Esos émulos de John North, Alphonso Capone, Frank Nitty y Johnny Stompanatto, con una inmoralidad que espantaría a cualquier ciudadano de una nación civilizada, persisten en afirmar que este es ‘el mejor sistema’ para Chile -bote y remeros incluidos- soslayando el dicho popular cuyo reza enseña que tanto va el cántaro (o el remo) al agua que…
Imprimir
1 comentarios:
puedo decir que estoy completamente de acuerdo con este articulo,y aun que lo veo muy dificil, pero ojala algun dia se comience a remar con mas de un remo con una clara direccion y principalmente respetando al pueblo.
Publicar un comentario