Por: Beatriz Michell
Tiene sólo 10 años y ya sabe que cuando vienen los carabineros debe esconderse. Ha estado detenida, ha visto cómo golpean a sus padres, tiene a casi toda su familia en la cárcel y sueña que la policía la agrede o se la lleva. Antes de que sus pesadillas se hicieran realidad, la familia Cadin Calfunao decidió enviar a su hija menor a Ginebra. Hoy está en Europa, buscando refugio y comenzando a vivir como niña.
"Mi sueño siempre ha sido tener una muñeca y un coche", dijo Relmutray a su tía Flor Calfunao en Ginebra. Y eso fue justamente lo que compró con el dinero que le regalaron sus nuevos compañeros de curso, que no habían alcanzado a comprarle un regalo antes de que la niña llegara desde Chile a su nuevo colegio suizo. "Nosotros no teníamos para juguetes. Ahora está feliz con su coche y su muñeca. Ahí uno se da cuenta de que allá está empezando a ser niña", dice Juana Calfunao, su madre que se encuentra detenida en la cárcel de mujeres de Temuco.
"Mi sueño siempre ha sido tener una muñeca y un coche", dijo Relmutray a su tía Flor Calfunao en Ginebra. Y eso fue justamente lo que compró con el dinero que le regalaron sus nuevos compañeros de curso, que no habían alcanzado a comprarle un regalo antes de que la niña llegara desde Chile a su nuevo colegio suizo. "Nosotros no teníamos para juguetes. Ahora está feliz con su coche y su muñeca. Ahí uno se da cuenta de que allá está empezando a ser niña", dice Juana Calfunao, su madre que se encuentra detenida en la cárcel de mujeres de Temuco.
El 9 de septiembre, Relmutray (10) viajó a Ginebra junto a su tía Flor, que vive allá desde 1993, para pedir asilo político. "Existen abundantes antecedentes que indican que Relmutray ha vivido o presenciado desde su nacimiento un persistente clima de tensión y hostigamiento de parte de la policía. Ha presenciado la brutalidad policial contra sus padres y su comunidad, además de haber sufrido personalmente tratos inhumanos, crueles y degradantes", dice la declaración firmada por Reynaldo Mariqueo, werken mapuche ante la ONU. El 16 de septiembre, Mariqueo presentó el caso de Relmutray Cadin Calfunao ante el organismo internacional, el 24 del mismo mes su tía Flor entregó los documentos a otros organismos de derechos humanos y esta semana solicitarán formalmente el asilo político ante el Gobierno suizo.
El sueño era recurrente: carabineros de fuerzas especiales la agredían y se la llevaban detenida. Cuando estaba en Chile, a la "Relmu" como le dicen sus cercanos se le repetía esa pesadilla. Hoy, en Ginebra, sueña que a su mamá la entierran viva y con su hermano Jorge en silla de ruedas. El miedo persiste. "Ella se siente feliz, pero sigue asustada. Siente que va a estar durmiendo y va a llegar la policía a buscarla. Yo le dije que no, que por eso la mandé a ese lugar, que duerma tranquila, que es un lugar seguro, que la quiero mucho y que va a estar bien", relata Juana, que ha recibido llamados desde Suiza mientras está presa.
La lonco Juana Calfunao no es la única que se encuentra detenida en su familia. El werken Antonio Cadin el papá de Relmutray y su hermano Jorge (24) también están privados de libertad. Waikilaf (27), el hijo mayor, salió en libertad hace unos meses, pero puede volver a caer en cualquier momento. Hasta ese día, su hermana Carolina (20 años) se tuvo que hacer cargo de asistir a su familia presa y de cuidar a Relmutray, que en vez de ir a jugar a un parque se la pasaba de cárcel en cárcel.
"Hay una violencia y una persecución sistemática de parte del Estado hacia la familia Cadin Calfunao, porque siempre han manifestado sus conflictos territoriales y han tratado de defenderse. Si hay una vulneración sistemática de los derechos humanos de toda una familia, y ahora hay un niño que está en posible posición de vulneración de derechos, por lo que está pidiendo asilo, lo mínimo que tiene que hacer Chile es responder y prestar las medidas necesarias para que no se vulneren sus derechos", argumenta Hernando Silva, coordinador del área jurídica del Observatorio Ciudadano, ex Observatorio de los Pueblos Indígenas.
Al respecto, el subsecretario de Interior, Felipe Harboe, señala que "en Chile existe un Estado de derecho que es respetado, por lo que no se reúnen los requisitos para que alguien solicite refugio político". Y agrega que si Suiza pide los informes correspondientes a Chile, "nosotros haremos ver nuestra posición al respecto y entregaremos la información".
Puerta de escape
"El problema de Relmutray es producto de las tierras y de que nosotros estamos detenidos", explica la lonco Juana Calfunao. Un camino construido en 1946 por el Ministerio de Obras Públicas es el que tiene a esta familia enfrentada con el Estado chileno desde ese entonces. El título de merced, que data de 1913, les da la propiedad de esos terrenos en la comuna de Cunco. Según la familia, las tierras donde se construyó el camino nunca fueron expropiadas ni pagadas, por lo que siguen siendo de ellos. Según el MOP, esas tierras fueron expropiadas de manera legal.
El año 1999 la familia pidió en tribunales la demarcación del terreno, pero según ellos nunca les dieron respuesta. Justo después de eso, la empresa Frontel instaló 20 postes de luz en el camino. El año 2005, con ramas, piedras y carteles, comenzaron a impedir el paso de vehículos por el camino y los tribunales comenzaron a enjuiciarlos por desórdenes públicos. Desde entonces, toda la familia ha estado entrando y saliendo de las dependencias de Gendarmería.
En el último juicio, cuando estaban condenando a Juana a 150 días de cárcel, la mujer junto a sus familiares agredieron y escupieron a los jueces, tratándolos de racistas. Por esto, tanto ella como su esposo Antonio están cumpliendo sentencias que superan los cuatro años de cárcel. El resto de la familia está firmando o tiene medidas restrictivas. Según la sentencia, los delitos fueron "destrucción de expedientes" y "atentado contra la autoridad". Juana asegura que esta fue una manera de reivindicar la injusticia que ellos viven en tribunales. "Fue la impotencia. Me acusan de hacer desorden público, pero esa tierra es mía y yo hago lo que quiero en mi tierra. Ellos nos han golpeado mucho y han perseguido a mis hijos, pero eso nadie lo investiga", asegura la lonco Calfunao. Los fiscales agredidos no quisieron hablar con LND sobre el caso.
El terreno donde está la casa de los Cadin Calfunao parece una trinchera. Justo al lado del camino de la discordia, una reja demarca el espacio familiar. Unos pasos más allá, una zanja que cruza casi todo el ancho de la entrada da la bienvenida. A la izquierda, un cartel rojo: "No más racismo judicial con la nación mapuche". Después de tres atentados incendiarios contra su casa, decidieron no seguir gastando tantos recursos y construyeron una vivienda improvisada y sencilla, protegida por un terreno más alto que dificulta la llegada de balas, y está equipada con una puerta trasera diseñada especialmente para escapar en caso de allanamientos y procedimientos policiales. Cada vez que entraban a allanar a la casa, Relmutray sabía que tenía que esconderse, mientras sus padres y hermanos eran apuntados con armas. Ya estaba acostumbrada.
"Los niños mapuches son los más afectados por los allanamientos, junto a los ancianos. Cuando se realizan los allanamientos, con orden de los fiscales, lo hacen de una manera sumamente violenta y ellos sufren esta violencia: la utilización de gases lacrimógenos, daño sicológico porque les dicen indios de mierda o ven cómo le pegan a sus familiares. Incluso hay casos en que se actúa violentamente sobre niños", asegura Hernando Silva.
Así también lo demuestra un informe sobre la comunidad José Guiñón, de Ercilla, que realizó el servicio de siquiatría del Hospital de Angol en 2004. "Son niños que han presentado y presentan algún tipo de sintomatología somática asociada al conflicto territorial y judicial; ya sea dolores de cabeza, ojos enrojecidos, sueño poco reparador, cansancio, pesadillas, dolores de estómago, todo esto es ocasional. Presentan, además, baja en rendimiento escolar, problemas de concentración, dificultades en las relaciones interpersonales y resentimiento, entre otros. Todo esto sumado a la vulneración y al contexto en el cual se encuentran inmersos aumenta los factores de riesgo en su desarrollo y les hace vivir una vida diferente de la llevada por otros niños de su edad y condición social", dice el informe.
El documento detalla algunos casos. Por ejemplo, el de Jorge, un niño de 15 años que ha sido golpeado innumerables veces por Carabineros y que incluso en una oportunidad fue detenido; o el de Freddy, de 13 años, que fue amenazado con un arma de fuego. Matías y Jeisi, aunque no han sido agredidos físicamente, han visto cómo golpean y amenazan a su madre, sin poder defenderla.
Por esta razón, organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación al respecto. Uno de ellos es el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que en 2007 recomendó al Estado de Chile "asegurar que los niños y jóvenes indígenas no sean víctimas de brutalidad policial".
La intendenta de la Araucanía no se refirió a las evidencias sobre la vulneración de derechos de los niños mapuches, pero el subsecretario Harboe, frente a los datos, afirmó que el Gobierno "condena la violencia en todas sus formas", y explicó que "en democracia, los allanamientos se realizan por orden judicial y no del Gobierno". Además expresó la necesidad de destinar los recursos necesarios para que esos niños superen traumas.
La risa
La comunidad Juan Paillalef ha llegado a convertirse en emblemática del conflicto mapuche. El 4 de enero de 2006, las mujeres y niños de la familia Calfunao tomaban mate en la comunidad Juan Paillalef, después de almorzar. Repentinamente, un grupo de fuerzas especiales botó la puerta y entraron a allanar la casa, buscando a Jorge y Waikilaf. Después de dar vuelta ollas con comida, golpear a los presentes e incautar la joyería mapuche, según la familia, los detuvieron a todos, sin excepción. Entre ellos, a un niño de 2 años y a Relmutray, que entonces tenía 7. La soltaron horas después.
Un año antes de ese episodio, el 22 de julio, Relmutray había sobrevivido a un ataque incendiario contra su casa. Mientras los papás acudían a un grito de auxilio a escasos metros de ahí, alguien le prendió fuego al hogar. Un comunero que pasaba por el lugar la rescató de las llamas. Era la tercera vez, en tres años, que quemaban la casa de esta familia.
Juana no se quiebra. Mientras revive estos episodios en una sala de visitas de la cárcel de mujeres de Temuco sus palabras salen duras y fuertes. Sus ojos intentan no demostrar sentimiento alguno. Las palabras lucha, tierras, injusticia, salen con rabia de su boca hasta que habla de su hija menor. "¿Por qué tenemos que mandar a nuestros hijos lejos de mi tierra, de mi pueblo? Nosotros no somos terroristas, este Estado es el terrorista que hace que mi hija tenga que emigrar para poder encontrar alegría. Yo no quiero que su risa se convierta en llanto, como tantos niños que están llorando porque sus padres son baleados y violentados frente a sus ojos. Yo no quiero que Relmutray se críe con el dolor que yo me crié", dice Juana con sus ojos mojados. Ella, durante los primeros años de la dictadura, vio junto a su hermana cómo carabineros violaba a su mamá durante un operativo policial en su casa. "La extraño y ha sido duro acostumbrarme a estar sin ella los sábados, pero no podía dormir pensando que le podían hacer algo", agrega Juana.
Relmutray quiere volver a Chile, pero está feliz con su nuevo colegio. Aunque no entiende el idioma, ya aprendió a decir los colores y los días de la semana, y tiene un compañero argentino que le ayuda a comunicarse. Organizaciones de derechos humanos le regalan entradas a conciertos y al teatro para que se entretenga y tiene sicólogos que la observan para poder hacer un diagnóstico. "Tía, ¿le puedo sacar pasaporte a mi perro para que se venga a Ginebra?", le preguntó a Flor hace unos días, con la intención de llevar a su mascota a un lugar donde ella está comenzando a sentirse segura y a vivir como niña.
DERECHOS VUILNERADOS
El caso de Relmutray y el de los niños que aparecen en el informe del Servicio de Salud Araucanía Norte no son aislados. Varias denuncias se han hecho sobre esta situación, no sólo en informes de derechos humanos, sino también desde las comunidades:
- 2002, Alex Lemún. Tenía 17 años cuando un carabinero le disparó en la cabeza mientras una comunidad ocupaba las tierras del fundo forestal Santa Elisa. Murió cinco días después.
- 2006. Un niño de 14 años fue herido en la espalda con un balín de goma, en medio de un operativo policial para detener a su padre Francisco Javier Painevileo, en su comunidad.
- 2006. Antu Lemún, de ocho años, perdió una parte de su dedo por un disparo de carabineros mientras se trasladaba en un bus donde viajaban comuneros de Temucuicui. Su mamá también resultó herida.
- 2007. Luis David Curipan, de 12 años, fue interrogado en su colegio por Carabineros. “Nos subían al furgón y nos hacían preguntas si acaso teníamos armas en la comunidad, sobre que hacían los papás. Daba miedo, porque nos dijeron que si no hablábamos nos iban a llevar presos”, relató. La denuncia fue repetida por varios niños más. A partir de este caso, el Observatorio Ciudadano interpuso un recurso de protección contra Carabineros de Chile, la Prefectura de Malleco, y quienes resulten responsables.
- 2007. Patricio Queipul, de 10 años, recibió múltiples perdigones en sus piernas, tórax y manos durante un allanamiento en Temucuicui.
- 2008. Luis Marileo, de 16 años, fue golpeado en el rostro con una escopeta antimotines en un procedimiento policial.
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