Dicen que la esposa del César no sólo debía ser casta, si no que parecerlo. Este dicho se me viene a la mente cuando reviso diversas notas de prensa que dan cuenta de la voluntad del Estado de Chile de postular a la membresía de Chile en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ocupando uno de los tres cupos que le corresponden a Latinoamérica en esta instancia de seguimiento de los derechos humanos en el mundo.
El Estado de Chile, uno de los más atrasados en Latinoamérica en el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos indígenas, pretende ocupar este espacio, mientras en el país se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos de los pueblos indígenas, se continúa criminalizando al movimiento indígena que lucha por justas demandas protegidas precisamente por el conjunto de instrumentos internacionales.
Chile no es ni parece casto en el cumplimiento de los derechos indígenas reconocidos internacionalmente. El convenio 169 sigue sin ser ratificado, se aplican leyes de la dictadura para reprimir y encarcelar, continúa en la impunidad el asesinato de Alex Lemún. Es larga la lista de violaciones que han sido consignadas por diversas instancias de defensa y promoción de los derechos humanos, como Human Rigth Watch, o el relator de las Naciones Unidas Rodolfo Stevenhagen. Hay observaciones en materia de justicia, tierras, derechos de la infancia, derechos ambientales, que en su conjunto dejan en claro un panorama poco alentador de falta de una real voluntad política del Estado y del gobierno de un abordaje integral de respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Los diversos planos de la acción estatal, y, especialmente, las consecuencias de la aplicación de un sistema neoliberal que se ha encarnizado con las tierras y aguas indígenas, han tenido un impacto altamente negativo en la calidad de vida, autonomía y desarrollo de las comunidades y de las poblaciones indígenas que viven en las grandes ciudades.
Las políticas de gobierno, con intenciones de paliar esta situación y promover el desarrollo, no compensan estos impactos negativos, y aún no demuestran su capacidad de contribuir al empoderamiento y ejercicio de derechos por parte de los pueblos originarios. Una experiencia esperanzadora ha sido la discusión participativa del proyecto de Ley de Borde Costero. Habrá que ver hasta qué punto esta ley no choca con los intereses de las grandes transnacionales y capitales nacionales con intereses en el sector pesquero.
Estas y otras reformas legales es difícil que contrarresten los grandes intereses económicos que existen mientras el actual modelo económico siga vigente, y la ciudadanía en general no haga suya las demandas de respeto de los pueblos indígenas como parte integrante de los derechos humanos de todos y todas.
Mientras, la esposa del César se empolva la nariz para salir a escena, pero todos sabemos que tiene los pies sucios.
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