Por: Marcel Claude
En el momento en que el proyecto sobre lobby, presentado por los diputados Carolina Tohá y Jorge Burgos en 2002, quedó listo para ser promulgado, el nuevo presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, anunció una ofensiva orientada a que senadores y diputados especificaran bien sus intereses, los que por ley deben declarar. La conjunción de estos antecedentes da la oportunidad para poner en el tapete público la transparencia de la función parlamentaria -y por extensión de la función política- en Chile. Esto porque aun cuando Zaldívar tenga razón, los parlamentarios, como bien dice el contralor Ramiro Mendoza, actúan bastante en la impunidad y protegidos por la legislación, donde las leyes de transparencia y probidad no alteran ni su buen dormir ni su "buen actuar".
A tal punto se ha llegado al respecto que el diputado Burgos ha reconocido que la situación en el Congreso es "opaca" y que no pocas veces ha habido "señores" vigilando cómo vota cada parlamentario determinado proyecto, lo que sin duda constituye un oprobio para cualquiera que crea en la profundización de la democracia. La situación es más oscura aún porque los que rondan en los pasillos del Legislativo y tratan de influir en la voluntad de los representantes elegidos por el pueblo, con desenfado no asumen en público tal condición. Hace unos meses, la revista Qué Pasa entrevistó a las doce empresas de lobby más conocidas del país: nueve dijeron no realizar esa actividad. Sólo Imaginacción, de Enrique Correa, dijo reconocer y entender que defendía intereses particulares. Sorprende el nivel de impunidad de quienes realizan una labor tan determinante.
Más allá de que la regulación del lobby pretenda transparentar y con ello consagrar el "mal menor" -lo cual no quiere ni puede significar que este mecanismo sea bueno y deseable-, también asombra el doble rol de varios reputados lobbistas que ejercen al mismo tiempo responsabilidades políticas (de bien público) mientras obtienen sus ingresos de representar a intereses privados. Si son asesores de altas autoridades de la República, si postulan a cargos de representación popular o si lideran organizaciones ciudadanas, ¿cómo puede el ciudadano distinguir dónde está el interés público y dónde el privado? ¿Cuándo actúan en representación de los altos intereses de la patria o cuándo lo hacen para favorecer a los clientes con los que trabajan? El problema es que, cuando ser parte activa de la política se convierte en la gran ventaja comparativa de un lobbista, entramos en un terreno extraordinariamente peligroso para el interés público.
En lo que tiene que ver con el Congreso, podemos afirmar responsablemente que, hasta el momento, la institución no ha hecho nada para autorregularse, lo cual deja límites extremadamente tenues entre el lobby, el tráfico de influencias y la abierta operación a favor de intereses privados o personales. Respecto de esto último la ley orgánica constitucional a la que están sometidos los parlamentarios, es clara: los obliga a no pronunciarse, a no votar y con mayor razón aún a no tramitar leyes en las que estén comprometidos ellos o sus familiares hasta en tercer grado de consanguinidad. Sin embargo, incumplir esta disposición legal no ha tenido en la práctica consecuencia alguna para los parlamentarios, quienes en no pocas ocasiones han legislado a favor de sus propios intereses.
Adolfo Zaldívar lo sabe en abundancia, puesto que siendo su hermano Andrés presidente del Senado y él mismo titular de la DC y miembro de la Comisión de Pesca, tramitaron la llamada Ley de Pesca en 2002 que favorecía a la empresa Eperva del grupo Angelini, en la cual 18 miembros de la familia Zaldívar eran accionistas. Adolfo Zaldívar no se abstuvo de votar a favor de dicha ley. Para ninguno de los dos senadores existió la menor consecuencia. Uno continuó siendo presidente del Senado y luego vicepresidente de Chile y el otro todavía es parlamentario y hoy flamante presidente de la cámara alta.
Celebramos por lo mismo el avance de la ley de lobby y la propuesta del senador Zaldívar en aras de la transparencia. Chile necesita perfeccionar su democracia no sólo mediante la superación del sistema binominal sino también con medidas como éstas, que incluyen el acceso de la ciudadanía a información pública, financiamiento de la política y la posibilidad ciudadana de revocar mandatos cuando quien ha sido elegido lesiona gravemente la confianza de quienes lo llevaron a la victoria. Veamos cuán lejos puede avanzar la llamada clase política en esta dirección.
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