Por Marcel Claude, Economista
Como se sabe, Michelle Bachelet tiene hoy Ministra de Medio Ambiente y anuncia la pronta creación de un ministerio ad hoc.
Este contradictorio hecho político ocurre en un escenario desolador desde el punto de vista ambiental en nuestro país. Basta ver el horrible legado que deja la administración de Lagos en el tema ambiental y de protección a nuestros recursos naturales para comprender la gravedad del problema ecológico chileno. Un irrisorio impuesto específico a la minería que se presenta como royalty cuando no lo es, la reducción de la biomasa de las principales pesquerías producto de una ley de pesca orientada a servir los intereses del sector industrial, una pésima ley de bosque nativo, la tala ilegal de alerce, el caso Celco y la destrucción del Santuario en el río Cruces, el proyecto Pascua Lama y la destrucción de glaciares ya en curso, el caso de La Farfana y el sometimiento a la hediondez permanente de una de las zonas más pobres de Santiago, la desafectación de suelos agrícolas y la expansión urbana hacia las zonas de interés silvoagropecuarias en Santiago, la exposición permanente de trabajadoras temporeras a pesticidas altamente tóxicos, la destrucción sistemática de aguas y suelo marino que realiza la industria salmonera en el Sur de Chile, el manejo superficial y mercantil que hace Ricardo Lagos de estos problemas, bañándose en aguas supuestamente descontaminadas o expresando congoja pública, al mismo tiempo que hace brindis por los responsables de la depredación, como el señor Andrónico Luksic. Todo esto expresa el profundo desprecio que la Concertación y su concepción ultra productivista tienen por la problemática del medio ambiente, así como son una muestra del grave estado en que se encuentran los recursos naturales y el medio ambiente de nuestro país.
Cabe particular atención el uso anti-ético de Lagos de los temas ambientales, al hacerse nombrar vocero del problema del cambio climático. La reciente nominación del ex presidente chileno Ricardo Lagos como uno de los tres enviados especiales de Naciones Unidas para el cambio climático, ha dejado una estela de preocupación respecto de cómo se están enfrentando estos asuntos a nivel de las Naciones Unidas. En primer lugar, habría que señalar que dicha nominación no representa ningún paso eficaz en dirección a evitar el cambio climático puesto que no hay ningún peso político detrás de esta nominación. Es absolutamente impensable que Lagos, siendo un subordinado de Washington y de la Casa Blanca, sea capaz de inducir eficazmente a países cono Estados Unidos para que firmen el Protocolo de Kyoto, menos aún de lograr que lo apliquen. La solución de este problema es un asunto mayor que requiere acumular una gran fuerza política -particularmente contraria a los intereses de Washington- que ningún político funcional a estos intereses como Lagos está en condiciones de lograr. Por otra parte, Naciones Unidas es una organización que, a pesar de sus destacables aportes en beneficio de la humanidad, difícilmente se atreverá a confrontar los intereses de Washington, por lo que la nominación de Lagos, lejos de ser un paso adelante, es más bien muy conveniente para los intereses norteamericanos y muy negativo para avanzar en evitar el calentamiento global. Lagos siendo un hombre cabalmente insensible a los temas ambientales se preocupará mucho más de no incomodar a Washington que de evitar el cambio climático.
La pregunta que habría que hacerse es si Lagos se habría empeñado en esta nominación si Al Gore no hubiese obtenido tanto éxito político y fama con su documental sobre el cambio climático que le valió inclusive un premio Oscar. Sin mucha imaginación ni menos aún creatividad, pero, con un enorme oportunismo político, Lagos pretende ser un Al Gore latinoamericano, en su soterrada búsqueda de opacar el liderazgo político que hoy exhibe Hugo Chávez.
A parte de la inutilidad de su nombramiento a nivel internacional, también habría que preocuparse por el daño que provoca en la mente de la gente sana, particularmente de quienes se están formando, el nombramiento en cargos de esta repercusión pública de quienes se han destacado por su frialdad e insensibilidad ante este tipo de problemas. Al respecto, Lagos fue más bien mezquino y maquiavélico. Utilizó de manera sórdida la figura de Adriana Hoffmann para su candidatura presidencial, para después dejarla caer en el descrédito sin el menor sentido de responsabilidad. La Ley de Protección del Bosque Nativo, no tuvo ningún progreso; la Ley de Pesca aprobada en su gobierno le entregó en propiedad privada los recursos pesqueros a los más depredadores (los grupos económicos); nada se hizo en promover energía renovable (clave para evitar el cambio climático); Celco fue aprobado bajo su gobierno y Pascua Lama también. Lagos ha sido majadero en insistir que después de Celco hay un antes y un después, lo cual nunca explica mayormente. La planta que fue aprobada por su gobierno, provocó severos impactos ambientales, antes de la crisis y después de la crisis. No hubo ningún funcionario de su administración que se atreviera a cerrar la planta o a imponerle el cumplimiento de las normas ambientales. El antes y el después de Celco habría que aplicárselo al antes y el después de que Angelini –dueño de la planta- se reuniera con Lagos en la Moneda. Antes había quienes se inclinaban por cerrarla y después nadie se atrevió.
Su nombramiento es una pésima señal, pues se nos está diciendo que la seriedad política no es el camino y que la frivolidad mercantil de quienes viven en la lógica del marketing político y del posicionamiento de imagen, es la forma correcta de actuar. Lagos representa el triunfo de la frivolidad y de la superficialidad política, así como de la desfiguración moral del quehacer público y eso no es bueno para la salud psíquica de una Nación.
Pero lo más importante a nuestro entender –en relación al ministerio de medio ambiente- es la profundización de un patrón de acumulación que consiste en la conversión acelerada de capital natural en capital financiero concentrado en corporaciones y grupos económicos que operan precisamente en los sectores que explotan intensamente el medio ambiente y sus recursos, en el que no se toma en cuenta la capacidad de los ecosistemas para soportar la carga que implica el mayor crecimiento económico, y que tampoco toma en consideración la importancia de los recursos naturales como base crítica de la estrategia mono exportadora que predomina en Chile, en donde el 86% de lo que se vende en el extranjero son recursos naturales.
No es sorprendente que en ninguna parte del proyecto de nuevo ministerio, léase nueva burocracia inoficiosa- se considere este punto fundamental e insoslayable -si es que se quiere honestamente asumir con decisión y responsablemente el desafío ecológico- dado que, la señora Bachelet pertenece a una coalición política, la Concertación, que ha optado y concordado con los grupos económicos la necesidad de afianzar, legitimar y consolidar el modelo depredador de acumulación y concentración, enterrando y enviado al baúl de los disfraces de fiesta esta preocupación que hoy moviliza la conciencia universal. No la ha tirado al tarro de la basura porque no está demás –sobre todo para los candidatos- disfrazarse de guardabosques o de Capitán Planeta, cuando hay que salir a conquistar votos o intenciones de voto en las encuestas. Esta preocupación se ha utilizado exclusivamente como un “sello verde” o certificado de legitimación ante la ciudadanía y sobre todo ante los mercados de exportación que es realmente lo que mueve al actual presidente y a su coalición. A esta limpieza de imagen concurren, nunca faltan, quienes se prestan para el juego de facilitar la pintura verde y la brocha a los depredadores –los grupos económicos- o a sus alcahuetes –la Concertación. Como lo canta Joan Manuel Serrat “si ha de haber gente pa’ todo”.
La creación de un ministerio tiene relación con una modificación institucional administrativa que no resuelve el problema de fondo que explica y es la causa del verdadero problema ambiental en Chile, entendido como aquel que se implanta ideológicamente a partir de un golpe de Estado que se materializa en un conjunto de cambios políticos e institucionales que instalan el patrón de acumulación –modelo rentista- sobre la base de la apropiación de las rentas económicas de los recursos naturales por parte de los grupos económicos. No por nada hoy los principales grupos económicos están relacionados a determinados sectores que explotan recursos naturales: Luksic en la minería, Angelini en la pesca y en el negocio forestal, y Matte exclusivamente en el sector forestal. Este patrón requiere controlar las decisiones políticas y económicas fundamentales, por lo cual los Ministerios de Economía y Hacienda son los más relevantes, así como de la ausencia de control ciudadano y el inamovible sistema binominal que hace imposible la modificación estructural del modelo de acumulación. Lo anterior se debe a que la derecha, representante ideológica por definición de los intereses rentistas de modelo económico, no aceptará jamás dicho cambio estructural y para ello cuentan con una holgada sobre representación parlamentaria, que dicho sea de paso, convierte las propuestas ambientales de Bachelet en letra muerta, buenas intenciones, ofertas electorales para captar el escaso voto verde que no está de más en el escenario recurrente de la segunda vuelta o en una simple plataforma de ascensión y de arribismo político para quienes, al igual que los pobres de Juan Pablo Segundo, no pueden esperar.
Lo más importante desde el punto de vista de las políticas públicas, especialmente desde la política ambiental, es la presencia de un sector público robusto, que tenga los recursos necesarios para realizar una buena fiscalización y fijar las pautas al mercado y a sus operadores, puesto que resulta imprescindible someter al mercado, al capitalismo y a sus distintas formas de acumulación a la ética política de la democracia. Sin este contrafuerte político que es la democracia, el capitalismo se desboca y no encontrará límites a su energía devastadora y demoledora de toda forma de vida.
La actual institucionalidad ambiental no da cuenta del fuerte choque de intereses que existe entre el uso racional, inteligente y responsable de la naturaleza y el crecimiento económico, y esto pasa porque la CONAMA es altamente dependiente del Gobierno de turno, como así también lo será un eventual Ministerio del Medio Ambiente, sin atribuciones reales y supeditado por lo tanto a intereses políticos, los que también están subordinados a los intereses económicos privados. Es absolutamente imposible soslayar que el Gobierno de Lagos no cumplió sus compromisos ambientales y optó por sacar adelante la llamada Agenda Pro-crecimiento, lo que implicaba entre otras cosas, “eliminar los lomos de toro” que entorpecían el crecimiento del país, refiriéndose a la necesidad de un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental más permisivo para la inversión privada.
La propuesta de crear un ministerio especial para el medio ambiente no pasa de ser el símil de las “cuentas brillantes” que los conquistadores entregaban a los pueblos indígenas como una forma de someterlos y establecer su dominio y control del territorio conquistado. Ese comportamiento lamentable continúa hasta nuestros días y se hace carne en algunos ecologistas que seducidos por el brillo del poder se acomodan al discurso oficial. Escribiendo para la historia, digamos que el cacareado Ministerio del Medio Ambiente no hará retroceder un ápice el proceso de devastación y degradación ambiental en curso.
Otra de las propuestas de Michelle Bachelet, es crear una Superintendencia Ambiental que fortalezca el rol fiscalizador del Estado. Todos sabemos para qué sirven hoy en día las llamadas superintendencias de isapres, de bancos, de AFP, de sociedades anónimas, en el reino de la acumulación desmedida que es Chile. “Mira lo que han hecho de ti mi país” cantaba Isabel Parra en tiempos de la dictadura. Cunde la desesperanza ante la ausencia de control y fiscalización, en el que las famosas superintendencias son observadores impotentes ante la discrecionalidad del modelo económico chileno. En consecuencia, esta propuesta sufre los mismos vicios que la anterior, ya que una superintendencia tampoco asegura una real independencia de la regulación ambiental frente a los intereses económicos que represente el Gobierno de turno.
En la misma línea de lo insulso e irrelevante se encuentra la propuesta de formular y enviar al Congreso una Ley Marco de Ordenamiento Territorial, que articule los instrumentos existentes y equilibre la participación de los ministerios, las autoridades regionales y los ciudadanos, para ordenar estratégicamente el territorio. Este cuento del ordenamiento territorial lo venimos escuchando desde que la CONAMA es la CONAMA. Letra muerta, discurso gastado y aburrido, repetido hasta el hartazgo cuando se trata de hacer propuestas y de pintar y repintar el mono del medio ambiente. Ya nadie sabe a qué se refiere específicamente, cual es el concepto esencial y se define y redefine en una interminable letanía de documentos, discursos, y palabrería vacía de contenido.
El sólo pronunciamiento de las palabras “ordenamiento territorial” es un eficaz y contundente conjuro de toda forma de alegría, vitalidad y entusiasmo. Hasta donde se sabe, el territorio nacional se ha ordenado exclusivamente bajo el mandato imperturbable de la ley del más fuerte. Así ocurre con Pascua Lama que ha violado y trastocado los intereses locales con el respaldo de autoridades. Lo mismo ocurre con los salmoneros y su imposición sobre pescadores artesanales y empresarios del turismo, los industriales pesqueros respecto de los pequeños pescadores, Celulosa Arauco y los agricultores de Valdivia. Lo que acá rige como regla de oro del ordenamiento territorial son los intereses del capital extranjero y de los mega proyectos de inversión. Una ley sobre ordenamiento territorial que debe ser aprobada por los representantes de estos intereses que gobiernan las decisiones locales, regionales y nacionales, nunca modificará eficazmente este patrón de operaciones. No hay sustento político para producir ese cambio necesario y aquellos ecologistas que obtienen menos votos que los necesarios para inscribir una candidata, no constituyen, obviamente, base de apoyo político suficiente para imponer un cambio sustancial en el modo en que se reparten el territorio las corporaciones multinacionales y los grupos económicos nacionales.
Desde dónde podemos suponer que será posible instalar sistemas modernos de planificación territorial que establezcan instancias abiertas y públicas de negociación, en la cual todos los agentes puedan defender sus visiones particulares y sus intereses. Lamentablemente un escenario así es impensable en el marco de las actuales y desequilibrantes asimetrías de poder entre los actores económicos regionales y locales donde cualquier negociación termina finalmente con la imposición de los intereses de los grupos económicos o de las corporaciones multinacionales. La simpatía de Michelle Bachelet no es suficiente para inducir un cambio de conducta, puesto que, como nos lo señalaba Felipe Lamarca, las elites no van a soltar la teta.
Algo que también se ha convertido en una suerte de propuesta infaltable es la creación del Sistema de Cuentas Ambientales. Se les olvida el rotundo fracaso que esta experiencia tuvo bajo uno de los gobiernos de la Concertación (Frei Ruiz-Tagle) y no por falta de competencia técnica, sino más bien, por el tipo de resultados que estas cuentas entregaron: la insustentabilidad del crecimiento económico chileno. Esto no le gustó para nada a los depredadores, especialmente a los empresarios forestales, los que luego de un lobby devastador, lograron abortar el proyecto y no sólo eso, consiguieron modificar sus resultados. Así fue que finalmente lograron hacer decir al Banco Central que había bosques nativos como nunca antes en Chile. Una vez más no hay bases políticas sólidas ni contundentes para instalar un sistema de cuentas ambientales que les diga en la cara a los depredadores y sus alcahuetes –la Concertación- que en Chile no hay verdadero crecimiento económico, que básicamente nos estamos comiendo nuestra riqueza natural y que ajustados los indicadores macroeconómicos globales por la depreciación económica de los recursos naturales, el modelito chileno es una fiasco total y rotundo. La pregunta es ¿querrá Michelle Bachelet afectar la credibilidad o el indicador de riesgo país entregando cuentas económicas que ilustren la devastación de nuestro capital natural? ¿Podrá el futuro ministerio de medio ambiente, convencer a la industria forestal y pesquera que acepten el veredicto de estas cuentas sin presionar a las autoridades, hasta que impongan los resultados que les son favorables? La respuesta obvia es no y es evidentemente no, por lo que, escribiendo nuevamente para la historia, estas cuentas, si es que se hacen –ojo que cuestan mucho dinero- serán tan insulsas como el pan sin sal y no provocarán nunca las iras de los depredadores.
Qué decir de las propuestas que pretenden establecer algo así como dos líneas de política fiscal para revertir la insustentabilidad ambiental, reorientando subsidios y mecanismos de fomento, así como formulando o reformulando instrumentos económicos existentes para asumir o prevenir los impactos ambientales. Esta propuesta es por lo menos curiosa, dado que no se entiende que significa en concreto establecer dos líneas de política fiscal. En la política fiscal ha gobernado sin contrapeso alguno la famosa regla de superávit estructural y la prohibición absoluta de subir los impuestos a las empresas y a los altos ingresos. Sólo el IVA es modificable para arriba pues lo asumen con mayor rigor los más pobres. Es la tierra donde está el castillo de Mordor, donde gobiernan las fuerzas oscuras del Fondo Monetario que extinguieron la vida en Marte, según lo señalara el presidente de Venezuela Hugo Chávez. Esta pretensión de hacerle pagar los costos ambientales a los depredadores modificando la política de subsidios es otra propuesta insulsa, puesto que el único instrumento eficaz para ello son los impuestos verdes y los royalties a los recursos naturales, que no están ni por broma en la mente de Michelle Bachelet. Dicho sea de paso, tampoco es llegar y alterar la política de subsidios. Es cuestión de recordar la reacción que tuvieron las empresas inmobiliarias y las empresas constructoras, ante la posibilidad de quitarles ciertas franquicias tributarias, para saber a qué nos enfrentamos con estas pretensiones.
En cuanto a la cuestión energética, no sólo ya se ha difundido la idea de la conveniencia de la energía nuclear sino que tampoco hay políticas orientadas a redefinir las políticas orientándolas al ahorro y no al gasto. Nada hay en el horizonte respecto a energías no convencionales, puesto que, como en todo los ámbitos, opera la idea del negocio energético y no del interés público. No hay cuestionamiento a la nueva construcción de centrales hidroeléctricas en Aysen, ni al uso del petcoke, ni al control monopólico de las fuentes energéticas por parte de ENDESA España, ni a la dependencia energética. Nada tampoco respecto al uso eficiente de la energía que obligaría al Estado chileno a modificar la actual política, en donde rige el criterio de negocio privado -vender más para aumentar las ganancias de los generadores de energía. Nada respecto a promover la aplicación de criterios públicos de ahorro y uso racional de los recursos energéticos. Menos aún se comprometió a promover energías no convencionales, lo que ha sido siempre un apreciado objetivo de los ecologistas.
Se echan de menos propuestas insoslayables que no podrían faltar en una agenda ambiental que se tomara en serio la problemática de la depredación de los recursos naturales, cual es la de modificar sustantivamente los tratados de libre comercio, que son verdaderos mecanismos de incentivo para la devastación de los recursos naturales en Chile. Estos constituyen parte sustantiva del patrón de acumulación que enriquece a manos llenas a los depredadores, puesto que son ellos quienes realizan el 96% de las exportaciones, para lo cual estos tratados son críticos e insustituibles.
Como se sabe, Michelle Bachelet tiene hoy Ministra de Medio Ambiente y anuncia la pronta creación de un ministerio ad hoc.
Este contradictorio hecho político ocurre en un escenario desolador desde el punto de vista ambiental en nuestro país. Basta ver el horrible legado que deja la administración de Lagos en el tema ambiental y de protección a nuestros recursos naturales para comprender la gravedad del problema ecológico chileno. Un irrisorio impuesto específico a la minería que se presenta como royalty cuando no lo es, la reducción de la biomasa de las principales pesquerías producto de una ley de pesca orientada a servir los intereses del sector industrial, una pésima ley de bosque nativo, la tala ilegal de alerce, el caso Celco y la destrucción del Santuario en el río Cruces, el proyecto Pascua Lama y la destrucción de glaciares ya en curso, el caso de La Farfana y el sometimiento a la hediondez permanente de una de las zonas más pobres de Santiago, la desafectación de suelos agrícolas y la expansión urbana hacia las zonas de interés silvoagropecuarias en Santiago, la exposición permanente de trabajadoras temporeras a pesticidas altamente tóxicos, la destrucción sistemática de aguas y suelo marino que realiza la industria salmonera en el Sur de Chile, el manejo superficial y mercantil que hace Ricardo Lagos de estos problemas, bañándose en aguas supuestamente descontaminadas o expresando congoja pública, al mismo tiempo que hace brindis por los responsables de la depredación, como el señor Andrónico Luksic. Todo esto expresa el profundo desprecio que la Concertación y su concepción ultra productivista tienen por la problemática del medio ambiente, así como son una muestra del grave estado en que se encuentran los recursos naturales y el medio ambiente de nuestro país.
Cabe particular atención el uso anti-ético de Lagos de los temas ambientales, al hacerse nombrar vocero del problema del cambio climático. La reciente nominación del ex presidente chileno Ricardo Lagos como uno de los tres enviados especiales de Naciones Unidas para el cambio climático, ha dejado una estela de preocupación respecto de cómo se están enfrentando estos asuntos a nivel de las Naciones Unidas. En primer lugar, habría que señalar que dicha nominación no representa ningún paso eficaz en dirección a evitar el cambio climático puesto que no hay ningún peso político detrás de esta nominación. Es absolutamente impensable que Lagos, siendo un subordinado de Washington y de la Casa Blanca, sea capaz de inducir eficazmente a países cono Estados Unidos para que firmen el Protocolo de Kyoto, menos aún de lograr que lo apliquen. La solución de este problema es un asunto mayor que requiere acumular una gran fuerza política -particularmente contraria a los intereses de Washington- que ningún político funcional a estos intereses como Lagos está en condiciones de lograr. Por otra parte, Naciones Unidas es una organización que, a pesar de sus destacables aportes en beneficio de la humanidad, difícilmente se atreverá a confrontar los intereses de Washington, por lo que la nominación de Lagos, lejos de ser un paso adelante, es más bien muy conveniente para los intereses norteamericanos y muy negativo para avanzar en evitar el calentamiento global. Lagos siendo un hombre cabalmente insensible a los temas ambientales se preocupará mucho más de no incomodar a Washington que de evitar el cambio climático.
La pregunta que habría que hacerse es si Lagos se habría empeñado en esta nominación si Al Gore no hubiese obtenido tanto éxito político y fama con su documental sobre el cambio climático que le valió inclusive un premio Oscar. Sin mucha imaginación ni menos aún creatividad, pero, con un enorme oportunismo político, Lagos pretende ser un Al Gore latinoamericano, en su soterrada búsqueda de opacar el liderazgo político que hoy exhibe Hugo Chávez.
A parte de la inutilidad de su nombramiento a nivel internacional, también habría que preocuparse por el daño que provoca en la mente de la gente sana, particularmente de quienes se están formando, el nombramiento en cargos de esta repercusión pública de quienes se han destacado por su frialdad e insensibilidad ante este tipo de problemas. Al respecto, Lagos fue más bien mezquino y maquiavélico. Utilizó de manera sórdida la figura de Adriana Hoffmann para su candidatura presidencial, para después dejarla caer en el descrédito sin el menor sentido de responsabilidad. La Ley de Protección del Bosque Nativo, no tuvo ningún progreso; la Ley de Pesca aprobada en su gobierno le entregó en propiedad privada los recursos pesqueros a los más depredadores (los grupos económicos); nada se hizo en promover energía renovable (clave para evitar el cambio climático); Celco fue aprobado bajo su gobierno y Pascua Lama también. Lagos ha sido majadero en insistir que después de Celco hay un antes y un después, lo cual nunca explica mayormente. La planta que fue aprobada por su gobierno, provocó severos impactos ambientales, antes de la crisis y después de la crisis. No hubo ningún funcionario de su administración que se atreviera a cerrar la planta o a imponerle el cumplimiento de las normas ambientales. El antes y el después de Celco habría que aplicárselo al antes y el después de que Angelini –dueño de la planta- se reuniera con Lagos en la Moneda. Antes había quienes se inclinaban por cerrarla y después nadie se atrevió.
Su nombramiento es una pésima señal, pues se nos está diciendo que la seriedad política no es el camino y que la frivolidad mercantil de quienes viven en la lógica del marketing político y del posicionamiento de imagen, es la forma correcta de actuar. Lagos representa el triunfo de la frivolidad y de la superficialidad política, así como de la desfiguración moral del quehacer público y eso no es bueno para la salud psíquica de una Nación.
Pero lo más importante a nuestro entender –en relación al ministerio de medio ambiente- es la profundización de un patrón de acumulación que consiste en la conversión acelerada de capital natural en capital financiero concentrado en corporaciones y grupos económicos que operan precisamente en los sectores que explotan intensamente el medio ambiente y sus recursos, en el que no se toma en cuenta la capacidad de los ecosistemas para soportar la carga que implica el mayor crecimiento económico, y que tampoco toma en consideración la importancia de los recursos naturales como base crítica de la estrategia mono exportadora que predomina en Chile, en donde el 86% de lo que se vende en el extranjero son recursos naturales.
No es sorprendente que en ninguna parte del proyecto de nuevo ministerio, léase nueva burocracia inoficiosa- se considere este punto fundamental e insoslayable -si es que se quiere honestamente asumir con decisión y responsablemente el desafío ecológico- dado que, la señora Bachelet pertenece a una coalición política, la Concertación, que ha optado y concordado con los grupos económicos la necesidad de afianzar, legitimar y consolidar el modelo depredador de acumulación y concentración, enterrando y enviado al baúl de los disfraces de fiesta esta preocupación que hoy moviliza la conciencia universal. No la ha tirado al tarro de la basura porque no está demás –sobre todo para los candidatos- disfrazarse de guardabosques o de Capitán Planeta, cuando hay que salir a conquistar votos o intenciones de voto en las encuestas. Esta preocupación se ha utilizado exclusivamente como un “sello verde” o certificado de legitimación ante la ciudadanía y sobre todo ante los mercados de exportación que es realmente lo que mueve al actual presidente y a su coalición. A esta limpieza de imagen concurren, nunca faltan, quienes se prestan para el juego de facilitar la pintura verde y la brocha a los depredadores –los grupos económicos- o a sus alcahuetes –la Concertación. Como lo canta Joan Manuel Serrat “si ha de haber gente pa’ todo”.
La creación de un ministerio tiene relación con una modificación institucional administrativa que no resuelve el problema de fondo que explica y es la causa del verdadero problema ambiental en Chile, entendido como aquel que se implanta ideológicamente a partir de un golpe de Estado que se materializa en un conjunto de cambios políticos e institucionales que instalan el patrón de acumulación –modelo rentista- sobre la base de la apropiación de las rentas económicas de los recursos naturales por parte de los grupos económicos. No por nada hoy los principales grupos económicos están relacionados a determinados sectores que explotan recursos naturales: Luksic en la minería, Angelini en la pesca y en el negocio forestal, y Matte exclusivamente en el sector forestal. Este patrón requiere controlar las decisiones políticas y económicas fundamentales, por lo cual los Ministerios de Economía y Hacienda son los más relevantes, así como de la ausencia de control ciudadano y el inamovible sistema binominal que hace imposible la modificación estructural del modelo de acumulación. Lo anterior se debe a que la derecha, representante ideológica por definición de los intereses rentistas de modelo económico, no aceptará jamás dicho cambio estructural y para ello cuentan con una holgada sobre representación parlamentaria, que dicho sea de paso, convierte las propuestas ambientales de Bachelet en letra muerta, buenas intenciones, ofertas electorales para captar el escaso voto verde que no está de más en el escenario recurrente de la segunda vuelta o en una simple plataforma de ascensión y de arribismo político para quienes, al igual que los pobres de Juan Pablo Segundo, no pueden esperar.
Lo más importante desde el punto de vista de las políticas públicas, especialmente desde la política ambiental, es la presencia de un sector público robusto, que tenga los recursos necesarios para realizar una buena fiscalización y fijar las pautas al mercado y a sus operadores, puesto que resulta imprescindible someter al mercado, al capitalismo y a sus distintas formas de acumulación a la ética política de la democracia. Sin este contrafuerte político que es la democracia, el capitalismo se desboca y no encontrará límites a su energía devastadora y demoledora de toda forma de vida.
La actual institucionalidad ambiental no da cuenta del fuerte choque de intereses que existe entre el uso racional, inteligente y responsable de la naturaleza y el crecimiento económico, y esto pasa porque la CONAMA es altamente dependiente del Gobierno de turno, como así también lo será un eventual Ministerio del Medio Ambiente, sin atribuciones reales y supeditado por lo tanto a intereses políticos, los que también están subordinados a los intereses económicos privados. Es absolutamente imposible soslayar que el Gobierno de Lagos no cumplió sus compromisos ambientales y optó por sacar adelante la llamada Agenda Pro-crecimiento, lo que implicaba entre otras cosas, “eliminar los lomos de toro” que entorpecían el crecimiento del país, refiriéndose a la necesidad de un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental más permisivo para la inversión privada.
La propuesta de crear un ministerio especial para el medio ambiente no pasa de ser el símil de las “cuentas brillantes” que los conquistadores entregaban a los pueblos indígenas como una forma de someterlos y establecer su dominio y control del territorio conquistado. Ese comportamiento lamentable continúa hasta nuestros días y se hace carne en algunos ecologistas que seducidos por el brillo del poder se acomodan al discurso oficial. Escribiendo para la historia, digamos que el cacareado Ministerio del Medio Ambiente no hará retroceder un ápice el proceso de devastación y degradación ambiental en curso.
Otra de las propuestas de Michelle Bachelet, es crear una Superintendencia Ambiental que fortalezca el rol fiscalizador del Estado. Todos sabemos para qué sirven hoy en día las llamadas superintendencias de isapres, de bancos, de AFP, de sociedades anónimas, en el reino de la acumulación desmedida que es Chile. “Mira lo que han hecho de ti mi país” cantaba Isabel Parra en tiempos de la dictadura. Cunde la desesperanza ante la ausencia de control y fiscalización, en el que las famosas superintendencias son observadores impotentes ante la discrecionalidad del modelo económico chileno. En consecuencia, esta propuesta sufre los mismos vicios que la anterior, ya que una superintendencia tampoco asegura una real independencia de la regulación ambiental frente a los intereses económicos que represente el Gobierno de turno.
En la misma línea de lo insulso e irrelevante se encuentra la propuesta de formular y enviar al Congreso una Ley Marco de Ordenamiento Territorial, que articule los instrumentos existentes y equilibre la participación de los ministerios, las autoridades regionales y los ciudadanos, para ordenar estratégicamente el territorio. Este cuento del ordenamiento territorial lo venimos escuchando desde que la CONAMA es la CONAMA. Letra muerta, discurso gastado y aburrido, repetido hasta el hartazgo cuando se trata de hacer propuestas y de pintar y repintar el mono del medio ambiente. Ya nadie sabe a qué se refiere específicamente, cual es el concepto esencial y se define y redefine en una interminable letanía de documentos, discursos, y palabrería vacía de contenido.
El sólo pronunciamiento de las palabras “ordenamiento territorial” es un eficaz y contundente conjuro de toda forma de alegría, vitalidad y entusiasmo. Hasta donde se sabe, el territorio nacional se ha ordenado exclusivamente bajo el mandato imperturbable de la ley del más fuerte. Así ocurre con Pascua Lama que ha violado y trastocado los intereses locales con el respaldo de autoridades. Lo mismo ocurre con los salmoneros y su imposición sobre pescadores artesanales y empresarios del turismo, los industriales pesqueros respecto de los pequeños pescadores, Celulosa Arauco y los agricultores de Valdivia. Lo que acá rige como regla de oro del ordenamiento territorial son los intereses del capital extranjero y de los mega proyectos de inversión. Una ley sobre ordenamiento territorial que debe ser aprobada por los representantes de estos intereses que gobiernan las decisiones locales, regionales y nacionales, nunca modificará eficazmente este patrón de operaciones. No hay sustento político para producir ese cambio necesario y aquellos ecologistas que obtienen menos votos que los necesarios para inscribir una candidata, no constituyen, obviamente, base de apoyo político suficiente para imponer un cambio sustancial en el modo en que se reparten el territorio las corporaciones multinacionales y los grupos económicos nacionales.
Desde dónde podemos suponer que será posible instalar sistemas modernos de planificación territorial que establezcan instancias abiertas y públicas de negociación, en la cual todos los agentes puedan defender sus visiones particulares y sus intereses. Lamentablemente un escenario así es impensable en el marco de las actuales y desequilibrantes asimetrías de poder entre los actores económicos regionales y locales donde cualquier negociación termina finalmente con la imposición de los intereses de los grupos económicos o de las corporaciones multinacionales. La simpatía de Michelle Bachelet no es suficiente para inducir un cambio de conducta, puesto que, como nos lo señalaba Felipe Lamarca, las elites no van a soltar la teta.
Algo que también se ha convertido en una suerte de propuesta infaltable es la creación del Sistema de Cuentas Ambientales. Se les olvida el rotundo fracaso que esta experiencia tuvo bajo uno de los gobiernos de la Concertación (Frei Ruiz-Tagle) y no por falta de competencia técnica, sino más bien, por el tipo de resultados que estas cuentas entregaron: la insustentabilidad del crecimiento económico chileno. Esto no le gustó para nada a los depredadores, especialmente a los empresarios forestales, los que luego de un lobby devastador, lograron abortar el proyecto y no sólo eso, consiguieron modificar sus resultados. Así fue que finalmente lograron hacer decir al Banco Central que había bosques nativos como nunca antes en Chile. Una vez más no hay bases políticas sólidas ni contundentes para instalar un sistema de cuentas ambientales que les diga en la cara a los depredadores y sus alcahuetes –la Concertación- que en Chile no hay verdadero crecimiento económico, que básicamente nos estamos comiendo nuestra riqueza natural y que ajustados los indicadores macroeconómicos globales por la depreciación económica de los recursos naturales, el modelito chileno es una fiasco total y rotundo. La pregunta es ¿querrá Michelle Bachelet afectar la credibilidad o el indicador de riesgo país entregando cuentas económicas que ilustren la devastación de nuestro capital natural? ¿Podrá el futuro ministerio de medio ambiente, convencer a la industria forestal y pesquera que acepten el veredicto de estas cuentas sin presionar a las autoridades, hasta que impongan los resultados que les son favorables? La respuesta obvia es no y es evidentemente no, por lo que, escribiendo nuevamente para la historia, estas cuentas, si es que se hacen –ojo que cuestan mucho dinero- serán tan insulsas como el pan sin sal y no provocarán nunca las iras de los depredadores.
Qué decir de las propuestas que pretenden establecer algo así como dos líneas de política fiscal para revertir la insustentabilidad ambiental, reorientando subsidios y mecanismos de fomento, así como formulando o reformulando instrumentos económicos existentes para asumir o prevenir los impactos ambientales. Esta propuesta es por lo menos curiosa, dado que no se entiende que significa en concreto establecer dos líneas de política fiscal. En la política fiscal ha gobernado sin contrapeso alguno la famosa regla de superávit estructural y la prohibición absoluta de subir los impuestos a las empresas y a los altos ingresos. Sólo el IVA es modificable para arriba pues lo asumen con mayor rigor los más pobres. Es la tierra donde está el castillo de Mordor, donde gobiernan las fuerzas oscuras del Fondo Monetario que extinguieron la vida en Marte, según lo señalara el presidente de Venezuela Hugo Chávez. Esta pretensión de hacerle pagar los costos ambientales a los depredadores modificando la política de subsidios es otra propuesta insulsa, puesto que el único instrumento eficaz para ello son los impuestos verdes y los royalties a los recursos naturales, que no están ni por broma en la mente de Michelle Bachelet. Dicho sea de paso, tampoco es llegar y alterar la política de subsidios. Es cuestión de recordar la reacción que tuvieron las empresas inmobiliarias y las empresas constructoras, ante la posibilidad de quitarles ciertas franquicias tributarias, para saber a qué nos enfrentamos con estas pretensiones.
En cuanto a la cuestión energética, no sólo ya se ha difundido la idea de la conveniencia de la energía nuclear sino que tampoco hay políticas orientadas a redefinir las políticas orientándolas al ahorro y no al gasto. Nada hay en el horizonte respecto a energías no convencionales, puesto que, como en todo los ámbitos, opera la idea del negocio energético y no del interés público. No hay cuestionamiento a la nueva construcción de centrales hidroeléctricas en Aysen, ni al uso del petcoke, ni al control monopólico de las fuentes energéticas por parte de ENDESA España, ni a la dependencia energética. Nada tampoco respecto al uso eficiente de la energía que obligaría al Estado chileno a modificar la actual política, en donde rige el criterio de negocio privado -vender más para aumentar las ganancias de los generadores de energía. Nada respecto a promover la aplicación de criterios públicos de ahorro y uso racional de los recursos energéticos. Menos aún se comprometió a promover energías no convencionales, lo que ha sido siempre un apreciado objetivo de los ecologistas.
Se echan de menos propuestas insoslayables que no podrían faltar en una agenda ambiental que se tomara en serio la problemática de la depredación de los recursos naturales, cual es la de modificar sustantivamente los tratados de libre comercio, que son verdaderos mecanismos de incentivo para la devastación de los recursos naturales en Chile. Estos constituyen parte sustantiva del patrón de acumulación que enriquece a manos llenas a los depredadores, puesto que son ellos quienes realizan el 96% de las exportaciones, para lo cual estos tratados son críticos e insustituibles.
Lamentablemente, las propuestas de Bachelet son letra muerta, difícilmente se podrán llevar a cabo y no modificarán ni en medida menor el patrón de acumulación, depredador y concentrador que opera en Chile desde hace más de treinta años.
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