A través de una declaración, historiadores nacionales criticaron duramente la indiferencia del Estado frente al conflicto mapuche y denunciaron la “vigilancia permanente y terror policial” que está aplicándose en la Región de la Araucanía.
En una declaración de cinco puntos hacen un recuento histórico que parte en el “despoje violento” del pueblo mapuche para confinarlo “reducciones” y la posterior negativa, a lo largo de los años, para reconocer su autonomía.
También se refieren a hechos como la muerte del estudiante Matías Catrileo, la que atribuyen a la “militarización de la Araucanía” y abordaron el caso de la indiferencia que causa en el Gobierno la huelga de hambre de un grupo de presos mapuches recluidos en la cárcel de Angol y que continúa efectuando Patricia Troncoso, en rechazo a la condena a 10 años –de los cuales ha cumplido cinco- por infracción a la ley antiterrorista “heredada de la dictadura militar”.
En tanto, en declaraciones a la radio Bío Bío, el director del magíster de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Arcis y académico de la Universidad de Chile Sergio Grez –quien es uno de los firmantes- dijo que emitieron la declaración “con la autoridad intelectual, académica y moral de historiadores comprometidos desde siempre con las causas humanitarias y progresistas”.
El objetivo es, dijo, “ayudar a romper el cerco” que a su juicio existe en los medios de comunicación sobre estos temas y para contribuir de despejar la imagen distorsionada que existiría respecto a cómo se conoce históricamente el conflicto.
DECLARACIÓN PÚBLICA
En presencia de los gravísimos acontecimientos acaecidos últimamente en la Araucanía, que han significado la virtual militarización del territorio histórico del pueblo mapuche, la instauración de un régimen permanente de vigilancia y terror policial y el asesinato del joven estudiante y comunero Matías Catrileo Quezada por miembros del cuerpo de Carabineros de Chile, y ante la indiferencia de las principales autoridades del Estado frente a la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuches, los historiadores e historiadoras abajo firmantes declaramos:
1.- Los hechos mencionados tienen una larga génesis histórica, que arrancó con el proceso de conquista y ocupación militar de la Araucanía por las huestes españolas en el siglo XVI, cuando empezó el proceso de usurpación de las tierras indígenas. Si bien la resistencia mapuche logró contener durante los siglos coloniales y en las primeras décadas republicanas el avance invasor, durante la segunda mitad del siglo XIX, a medida que el Estado nacional chileno se consolidaba, nuevamente la clase dominante fijó sus ojos en esos territorios, desplegando la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, que culminó con el despojo violento de las tierras del pueblo mapuche y su confinamiento en reducciones que han perpetuado su pobreza, marginación y discriminación hasta nuestros días.
2.- Desde entonces la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras ancestrales no ha cesado aunque se ha manifestado de manera diversa y ha conocido avances y retrocesos según los momentos históricos. Comenzando con la constitución de las primeras organizaciones mapuches (mutualistas y culturales) a comienzos del siglo XX hasta las actuales recuperaciones de tierras, pasando por la participación en partidos políticos, el levantamiento de Ranquil de 1934 (en alianza con campesinos pobres chilenos) y las “corridas de cerco” de los años de la Reforma Agraria, se puede observar una notable continuidad histórica en las demandas de tierra, justicia y libertad de este pueblo.
3.- En los últimos años las reivindicaciones históricas mapuches han sido enfrentadas por el Estado de Chile de manera esencialmente judicial y policial, criminalizando sus luchas y negándose al reconocimiento de su autonomía como pueblo. Esto se ha traducido en una creciente militarización de la Araucanía, la aplicación de la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura militar, y el cerco mediático oficial respecto de la realidad que se vive en ese territorio.
4.- Los principales agentes del Estado, al igual que las autoridades regionales y locales de la Araucanía, los partidos políticos representados en el Parlamento, las organizaciones empresariales y la mayoría de los medios de comunicación social han patrocinado o avalado esta ofensiva represiva contra las comunidades mapuches, guardando un silencio cómplice o deformando groseramente lo que está ocurriendo.
5.- Esta situación requiere un drástico cambio de política del Estado de Chile, que debe asumir un reconocimiento pleno de la diversidad de pueblos originarios existente en nuestro país, lo que implica, entre otros puntos, la autonomía política de las comunidades indígenas, la devolución de sus tierras arbitrariamente usurpadas en base al “derecho de Conquista” y el pleno respeto de los Derechos Humanos de sus integrantes.
Santiago, 10 de enero de 2008.
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