Por: Oscar Bravo Fong
El poder gubernamental no ha sabido manejar el conflicto, y ejerce la fuerza como medio de represión tanto en el plano judicial como en el policial, afirma. Guzmán, juez que procesó al dictador Pinochet, considera que los pueblos mapuche sufren "la peor invasión por las grandes potencias económicas, las que determinan el exterminio de las poblaciones originarias".
El asesinato de un joven mapuche en la sureña región de la Araucanía por carabineros, los más de 90 días de huelga de una prisionera de esa etnia y sistemáticas protestas, aumentaron las tensiones del conflicto indígena chileno.
Para analistas, esos aparentemente hechos aislados tienen como trasfondo la lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones, entre ellas la defensa de sus tierras, aguas y protección del ecosistema.
Al referirse a esa situación, el ex juez Juan Guzmán Tapia, vinculado a la causa de los pueblos originarios, dijo en entrevista a Prensa Latina que desde hace más de 500 años la etnia mapuche fue víctima de la ocupación europea.
Esta nueva invasión, robo, ocupación y estafa, se incrementó con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en la que se exterminó a un elevado número de mapuche, denuncia.
Muchos pensaron -afirma- que en los posteriores cuatro gobiernos de la Concertación la situación iba a cambiar, pero como la Constitución chilena es neoliberal y discriminatoria, el Ejecutivo continuó con el mecanismo de dominación contra los mapuche.
Para el también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, el propio estado chileno favorece la invasión de tierras por transnacionales, además de permitir la toma de predios forestales.
También contribuye a acrecentar las ganancias de las entidades forestales, de celulosa y eléctricas, aseguró.
Guzmán, juez que procesó al dictador Pinochet, considera que los pueblos mapuche sufren "la peor invasión por las grandes potencias económicas, las que determinan el exterminio de las poblaciones originarias".
De ahí -manifiesta- la resistencia y la reivindicación de las comunidades originarias, y también, el que se haya recrudecido la violencia, como el reciente crimen por carabineros del joven de esa etnia Matías Catrileo, de sólo 22 años.
Un dictamen del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones determinó que la bala que puso fin a la vida del joven, segunda víctima fatal por acciones de la policía contra activistas mapuche, fue disparada por su espalda.
AL GOBIERNO LE QUEDO GRANDE EL "BUQUE INDIGENA"
Recientemente usted planteó que al gobierno chileno le quedó grande el "buque indígena". ¿A qué se refería?, le pregunto.
El poder gubernamental no ha sabido manejar el conflicto, y ejerce la fuerza como medio de represión tanto en el plano judicial como en el policial, afirma.
Por otra parte -argumenta- se le ha ido de las manos el caso particular indígena, en el que se exige el diálogo, se reclama la creación de una comisión de ministros qu profundicen en el tema y resuelvan el conflicto.
Ello -precisa- mediante acciones como la creación de un ministerio que trate el tema indígena, tal como se hizo, por ejemplo, en Perú.
Pese a que el actual gobierno no ha aplicado la Ley sobre Conductas Terroristas, la anterior administración de Ricardo Lagos (2000-2006) hizo uso de esa legislación, la que fue promulgada en el régimen militar (1973-1990), consideró.
Un ejemplo de ello es la causa de la activista indígena Patricia Troncoso, quien juzgada en virtud de la Ley sobre Conductas Terroristas, al igual que otros mapuche, se le niegan beneficios carcelarios como el derecho a visita y las salidas dominicales.
Según Guzmán, "en Chile se castiga un homicidio con cinco años y un día de cárcel, sin embargo, en la práctica se sancionaron con penas de 10 años conductas terroristas como incendios a predios forestales".
-La presidenta Bachelet nombró este mes una comisión de ministros para enfrentar la crisis. ¿Esa medida podría resolver los problemas existentes con las comunidades mapuche?
Siempre y cuando esto no sea una medida política -apunta- podría dar grandes satisfacciones a ese pueblo, porque en el fondo no se trata de prometer, sino de consensuar medidas que vayan en su beneficio.
-¿De demorarse la solución al conflicto, qué consecuencias podría traer esta situación?
Chile está pidiendo formar parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, sin embargo, no estamos respetando las garantías de cada ciudadano, manifiesta.
También -expresa- afectaría el desarrollo turístico de regiones del país como Araucanía, unos 650 kilómetros al sur de Santiago, pues nadie quiere ir a las áreas donde existe un conflicto ni invertir en ellas.
Creo que la situación mapuche es una bomba de tiempo, lo que hoy es un conflicto localizado en algunos focos del país, podría extenderse a otros lugares y las consecuencias serían aún más drásticas, considera.
-En 2006, usted presentó ante la comisionada de las Naciones Unidas un documento redactado por un líder mapuche en el que planteaba detalladamente las reivindicaciones de dicho pueblo.
¿Qué otras acciones piensa desarrollar a favor de esta causa?
Me nombraron werkén (vocero) las comunidades lafkenche del sur de Chile y otras agrupaciones indígenas en forma oficiosa, y me dieron la posibilidad de hablar en nombre de ellos.
Sigo con la mejor disposición a intervenir a favor de las demandas indígenas porque es una causa justa, subraya.
-¿Considera a los mapuche presos políticos?, le interrogo.
Ellos -asegura- luchan por su mejora socio-económica, por la recuperación de tierras, el idioma, las costumbres y la religión, para que puedan practicarse abiertamente.
-¿Qué lo anima en términos personales a asumir la defensa mapuche?
Es un tema que me ha interesado siempre. Desde mi juventud fui americanista, en el sentido de que entendía y privilegiaba las reivindicaciones de los pueblos originarios.
Hoy, naturalmente uno debe ser más selectivo y dirigir la mirada hacia algo más concreto. Ese algo es precisamente el pueblo mapuche, del que estoy más cerca, asevera.
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