Por: Lucia Sepulveda
En el sur de Chile el llamado “conflicto indígena” atrae la atención internacional debido a la violación a los Derechos Humanos del pueblo Mapuche, protagonista de un lento pero sostenido proceso de recuperación de tierras e identidad. El gobierno de la Concertación, junto a los poderosos empresarios forestales, aplica leyes pinochetistas para detener esas movilizaciones.
Para los Mapuche, que constituyen alrededor del 10 por ciento de la población total del país, no ha habido un verdadero retorno de la democracia en Chile. Uno tras otro, desde 1989, los gobiernos de la Concertación han frustrado sus expectativas. El modelo neoliberal vigente en el país se basa en la exportación de riquezas naturales, pero las plantaciones de pinos y eucaliptos se encuentran en territorios de la zona Sur del país, donde ancestralmente habitó este pueblo originario. Allí, aún se esfuerzan por sobrevivir las comunidades indígenas, reducidas a un mínimo espacio que apenas permite cultivos de subsistencia. En este territorio se concentran las alrededor de 700.000 hectáreas que posee el pueblo mapuche, en enorme contraste con los 2,1 millones de hectáreas plantadas por las empresas forestales.
Cifras oficiales dan cuenta de que la pobreza entre los indígenas alcanza al 35,6 por ciento, en comparación con el 22,7 por ciento en las familias no indígenas. La escolarización entre ellos está 2,2 años por debajo del promedio de los no indígenas (9,5 años) y solamente el 3 por ciento de la población rural mapuche mayor de 15 años tiene alguna educación post-enseñanza media. Una investigación realizada sobre la base del Censo de Población de 2002 determina que de 90 comunas en las que se concentra la población mapuche, el 28 por ciento son comunas con población mapuche pobre, el 57 por ciento con población mapuche en extrema pobreza, y sólo el 13 por ciento con población mapuche no pobre (Sanderson, 2005, citado por el Observatorio de Conflictos Indígenas).
Los Presos Políticos Mapuche
En ese contexto, la lucha de organizaciones y comunidades por la recuperación de su territorio, copado por Celulosa Arauco y Forestal Mininco, ha puesto del lado de los exportadores al gobierno de la presidenta Michele Bachelet y, antes, de Ricardo Lagos. Es así como en las cárceles de Angol, Victoria, Concepción, Temuco y Traiguén así como en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, hay más de 17 presos políticos mapuche juzgados bajo la legislación antiterrorista de tiempos de Pinochet, reclamada a dúo por gobierno y empresarios.
La organización urbana Meli Wixan Mapu define como preso político a todo aquel mapuche “privado de libertad y/o en proceso, por su participación en acciones que apunten a la reconstrucción del pueblo-nación mapuche, entendiendo por tal los procesos de recuperación de tierras y/o ejerciendo control territorial sobre predios recuperados, así como las movilizaciones que apunten a la reivindicación de los derechos políticos del pueblo mapuche”. La judicialización de estas luchas y la vulneración de los Derechos Humanos del pueblo mapuche ha sido criticada en mayo por Amnistía Internacional en su informe de 2007, y anteriormente por Rodolfo Stavenhagen, relator internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, así como por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones y recomendaciones al 5º informe sobre Derechos Humanos en Chile; por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; por la Comisión Contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IGWIA); el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU y la Federación Internacional de Derechos Humanos en América Latina. Todos ellos llaman al gobierno chileno a rectificar.
No existe, por otra parte, una conducción que unifique las luchas del pueblo mapuche, ni tampoco una vinculación importante con los diversos partidos de izquierda chilena. Los dichos del gobierno anunciando el fin de las luchas a propósito de la detención de dirigentes de una de las organizaciones en lucha, la Coordinadora Arauco Malleco, no tienen consistencia, dada la multiplicidad de organizaciones y conflictos que dan continuidad al movimiento. La falta de unidad del movimiento mapuche puede verse como una fortaleza o una debilidad. Grados de coordinación práctica se dan, sin embargo, a nivel internacional. Por ejemplo, en mayo, durante la visita de la presidenta Bachelet a Finlandia, Noruega y Suiza, se conoció una declaración firmada entre otros por Jorge Calbucura y Carlos Contreras Painemal, de los influyentes Centros de Documentación Mapuche de Suecia y Alemania, respectivamente, y por Reynaldo Mariqueo, Secretario General de Enlace Mapuche Internacional. Ellos solicitan condicionar la inversión extranjera en territorio ancestral mapuche a la ratificación por Chile del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas; al reconocimiento constitucional de los mismos por el Parlamento y a la participación de representantes indígenas en la aprobación de este tipo de proyectos.
Ruptura del Diálogo
Pero a nivel político la presidenta Bachelet, en su mensaje anual al país realizado el 21 de mayo, ha anunciado medidas de política indígena que poco tienen que ver con esas demandas y que han sido calificadas por la Coordinación de Organizaciones Mapuche como “asistencialismo estatal”. Uno de los miembros de esta coordinación es el alcalde de la comuna de Tirúa, Adolfo Millabur, que representa a la identidad territorial lafquenche, es decir, a las comunidades de sectores costeros. Esta entidad declinó la invitación de la presidencia a participar en la Comisión de Seguimiento. Sus propuestas: la existencia de un interlocutor válido entre gobierno, Estado chileno y organizaciones mapuche; la constitución de una mesa que involucre a los tres poderes del Estado; el reconocimiento de una institucionalidad mapuche autónoma como contraparte del Estado; la implementación de medidas a corto plazo en torno a las leyes sectoriales, la libertad de los presos políticos mapuche y el reconocimiento formal de sus derechos colectivos, no fueron incorporadas a la política de gobierno.
Una Comunidad en Resistencia
A mediados de junio, en Temuco, Novena Región de la Araucanía, donde se concentra gran parte de la población rural de este pueblo originario, un tribunal enjuiciará a una familia mapuche “alzada” por un conflicto de tierras. No se les acusa de recuperar tierras de empresas forestales, ni de incendiar plantaciones de pino, como ha ocurrido en otros casos. Los hechos por los que están en prisión ocurrieron en el interior de su propia comunidad, denominada Juan Paillalef, y ubicada a la vera de varios resorts de la comuna de Cunco, a pocos kilómetros de Pucón, uno de los más importantes destinos internacionales del turismo de esa región.
La lonko Juana Calfunao, máxima autoridad política de su comunidad; su pareja, el werken o mensajero Antonio Cadín Huentelao y su hijo, Waikilaf Cadín Paillalef, enfrentan penas que en conjunto pueden llegar hasta los once años de prisión. A los tres se les acusa de infligir lesiones a los fiscales y/o gendarmes en la audiencia, en tanto la lonko alega que se defendió al ser objeto de una agresión que enardeció a la audiencia. Al joven Waikilaf (estudiante universitario de Derecho, 26 años) lo consideran además culpable del delito de secuestro de funcionarios de una empresa eléctrica. Comuneros y otros miembros de la familia fueron encarcelados por fuerzas especiales de la policía, en el momento en que realizaban un corte de camino para impedir la tala de árboles y el trabajo de postación que la empresa eléctrica Frontel (del grupo Saesa, de la transnacional norteamericana PSEG Global) intentaba desarrollar en sus tierras, sin contar con servidumbre de paso. Esta es una práctica habitual de Frontel, pero ellos iniciaron la resistencia ante lo que consideran un abuso cometido en sus tierras y al costado de un trazado por tierras comunitarias en conflicto con el Ministerio de Obras Públicas.
Cuando el juicio se realice, la lonko Juana Calfunao y el werken Cadin habrán pasado casi seis meses en prisión. Después de regresar de Europa, donde dio testimonio de la represión a su comunidad ante el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la ONU en Ginebra, la lonko fue encarcelada. Su hijo -que estuvo en dos cortes de camino- cumplirá once meses encarcelado, sumando a ello la discriminación en tribunales, malos tratos e incluso torturas, como se aduce en una querella presentada por Waikilaf Cadin con respecto a hechos ocurridos en la cárcel de Temuco. Rocío, Relmutray, Camilo y Cristóbal de quince, ocho, trece y tres años respectivamente, hijos de los comuneros presos, están dañados psicológicamente por estos hechos.
La resistencia de esta comunidad es el resultado de una larga historia de abusos y denegación de justicia, con hechos como un aborto provocado a Juana Calfunao en el año 2000 por maltrato policial en una detención en una terminal rural de buses, y tres incendios intencionados de su casa (en uno de los cuales un anciano mapuche, amigo de la familia, murió calcinado) que ellos denunciaron como parte de una campaña de amedrentamiento realizada por grupos paramilitares ligados a latifundistas de la zona. En una reflexión hecha llegar desde la cárcel, el werken Cadin se pregunta: “¿Por qué el gobierno regional no se hizo parte de nuestra querella por este incendio terrorista en contra de nuestra familia y en cambio se apresura a querellarse en los casos en que las forestales denuncian la ocurrencia de un incendio en plantaciones vecinas a comunidades mapuche?”
Asimismo, en una entrevista que realicé en Santiago a Waikilaf en la cárcel de alta seguridad, el joven me preguntaba: “¿Cómo se explica que en mi comunidad contra ocho mapuches, incluidos cinco mujeres y tres hombres, para despejar un corte de camino, se requiera que vayan 200 carabineros, helicópteros tanquetas, dos zorrillos, tres micros, dos carros de gases...? Yo creo que el Estado chileno no conoce bien al pueblo mapuche y está haciendo una política de oídos sordos y tarde o temprano el pueblo mapuche se va a levantar, el pueblo mapuche está más organizado de lo que ellos creen. Y está dispuesto a llegar muy lejos. Me llama la atención cómo el gobierno miente en los informes a la ONU. Nuestra lucha no sólo es por la tierra sino también por el respeto, por la humillación que se está pasando, por el sentimiento de estar en tu tierra y que te peguen ahí mismo en tu casa...”
Un Caso Inédito
También en la Novena Región, este mes, por primera vez una empresa forestal, Mininco S.A., deberá defenderse en un juicio oral de una acusación planteada por un comunero mapuche absuelto en una demanda por incendio terrorista interpuesta por esa empresa. El juicio tendrá lugar en Collipulli en el corazón del llamado “conflicto indígena”. Por los delitos de injurias y calumnias graves, José Cariqueo Saravia, de la comunidad Cacique José Guiñon, sector San Ramón, ubicada en la comuna de Ercilla, Novena Región, interpuso una querella criminal contra Hernán Rodríguez, Gerente General de Forestal Mininco (dependiente de CMPC, del poderoso Grupo Matte). Rodríguez integra además el directorio de la CORMA (Corporación de la Madera), que agrupa a los empresarios forestales.
José Cariqueo es ayudante de machi, o dungumachife, y en 2006 fue absuelto en la causa interpuesta en 2001 por esa empresa y secundada por el Estado chileno que lo juzgó por terrorismo. Lo acusaban de autor del incendio ocurrido en los predios Poluco-Pidenco, de esa empresa, cuyas plantaciones cubren 690.000 hectáreas en la zona. El comunero fue perseguido y encarcelado. Su esposa, la machi (sanadora) de la comunidad, no pudo seguir ejerciendo en los seis años que duró la causa, en que la comunidad fue acosada por la represión. El hostigamiento aún continúa y en defensa de su honorabilidad José Cariqueo ha demandado a la Forestal Mininco. La lucha está lejos de haber terminado y se da en distintos frentes.
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Lucía Sepúlveda Ruiz es periodista chilena, redactora de la revista Punto Final. Este artículo ha sido publicado en el nº 28 de la edición impresa de Pueblos, septiembre de 2007.
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