Estimadas/os hermanos y compañeras/as pro causa mapuche, según se desglosa y de forma adjunta, remito análisis relativo a obligaciones de derechos humanos en asuntos indígenas, y cuadro explicativo de recomendaciones de órganos de derechos humanos a Chile elaboradas por Victor Toledo Llancaqueo.
saludos fraternos,
rodrigo.
saludos fraternos,
rodrigo.
Por: Víctor Toledo Llancaqueo
• El Gobierno anuncia una "respuesta global" a los asuntos indígenas. ¿Cuáles el piso mínimo de esa "respuesta global" en un estado democrático? Losestándares de derechos humanos.
• El Gobierno cuenta con un conjunto sistemático de Recomendacionesformuladas por órganos autorizados del sistema de derechos humanos.Recomendaciones fundadas en Tratados ratificados, que vinculan y obliganal Estado desde el derecho internacional y constitucional.
• Los diagnósticos ya están hechos. Falta cumplir las obligaciones pendientes. Las agencias noticiosas informan al mundo que "Chile acepta la presencia observadoresinternacionales en el conflicto mapuche". Como si Chile fuera Birmania (Myanmar) o Kenia, "eso no es serio", comentó indignado un parlamentario.
Consultado el Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma respecto a si el gobiernoaceptaría la visita de observadores para verificar la situación de conflicto con lascomunidades mapuches, la respuesta fue afirmativa. "La veríamos como una ayuda alproblema que estamos enfrentando, no tenemos ningún inconveniente", respondiócorrectamente el Ministro.
Ahora bien ¿Qué podría decir una misión de observadores que no hayan dicho losComités de los Tratados de Derechos Humanos y el Relator Stavenhagen en sus informes desde 2003 a 2007? Lo que pueden decir es, precisamente, que Chile nocumple con las recomendaciones de los órganos de derechos humanos. Y ese incumplimiento es parte del "problema que estamos enfrentando".
UN MARCO Y UNA AGENDA
Como diría la Presidenta Bachelet, "los diagnósticos ya están hechos". El Gobiernocuenta con un conjunto de informes y recomendaciones de órganos autorizados. No setrata de meras opiniones de comisiones asesoras, o consejos de columnista dominical.Son recomendaciones fundadas en Tratados, que vinculan al Estado desde el derechointernacional y constitucional.
Si el Gobierno fuese serio no se requieren nuevas misiones de observadores. Faltaimplementar las recomendaciones.El plan de acción que prepara el Comisionado Presidencial Para Asuntos Indígenas nopuede soslayar los siguientes informes y sus recomendaciones:
a) Relator Especial Para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas. Informede Misión a Chile. E/CN.4/2004/80/Add.3 17/11/2003
b) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales. CHILE. E/C.12/1/Add.105. 26/11/2004.
c) Comité De Los Derechos Del Niño, Convención Sobre los Derechos del Niño. Observaciones finales CHILE. CRC/C/CHL/CO/3, 23/04/2007
d) Comité de Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Observaciones finales. CHILE CCPR/C/CHL/CO/5 18/05/2007
En esos informes y recomendaciones están las obligaciones del estado, y los asuntoscandentes que preocupan a los pueblos indígenas. Incluidos los magros "5 ejes" de lapolítica presidencial, que adquieren sentido en ese contexto.
Las recomendaciones forman una agenda para abordar "el problema", y una referenciainsoslayable para evaluar las "respuestas globales" que se preparan en estos días, en sucontenidos y calendarios. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos dio plazo de unaño -que vence el próximo 18 de marzo de 2008- para que el Gobierno de Chile informesobre las medidas adoptadas para implementar sus recomendaciones.
Sin embargo en estos días las autoridades vuelven a improvisar diagnósticos, y omitentoda referencia a sus obligaciones pendientes en términos de derechos humanos. Enotras palabras, omiten el marco y la agenda que puede encauzar "el problema queestamos enfrentando". Eso es eludir el problema.
UNA MESA. LA INVITACION DE NACIONES UNIDAS
Junto con un marco y una agenda, para enfrentar el problema, es necesario el diálogo. Todas las voces bien pensantes lo dicen, como si fuese así de sencillo. Al respecto es útil recordar que en el mes de Julio de 2007, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Grupo Interagencial de la ONU en Chile, invitaron al Gobierno y alas organizaciones indígenas del país a un proceso de diálogo constructivo, asistido porlos organismos de Naciones Unidas, para consensuar, en un proceso estructurado y breve, las prioridades y medidas de implementación de las recomendaciones del Relator Stavenhagen, complementadas por los Comités. La respuesta a la convocatoria fue positiva, de parte de las organizaciones indígenas, de los diversos pueblos, y en todas sus tendencias; una convergencia que de suyo esextraordinaria. Sin embargo el Gobierno no estuvo a la altura de un candidato al Consejo de Derechos Humanos, dilató el proceso y desaprovechó una valiosa instancia – única en su género- para un diálogo constructivo.
Difícilmente pueda encontrarse otro convocante que pueda reunir a todos los actores, yotra agenda que tenga la doble virtud de recoger los puntos básicos que preocupan a los pueblos indígenas y, al mismo tiempo, basarse en obligaciones jurídicas del Estado.
A inicios del 2008, sigue abierta la invitación que hiciera el Alto Comisionado y el Grupo Interagencial de Naciones Unidas. Allí hay una ventana de oportunidad. Solo países comoBirmania o Kenia las desaprovechan.
UNA PRIORIDAD. IMPLEMENTAR EL CONVENIO 169
Las recomendaciones de los Comités son una hoja de ruta para salir del laberinto. Parte del problema es ahora el tiempo escaso. Es necesario establecer prioridades. Quedansolo 600 días; no es un segundo tiempo, sino los minutos de descuento. Y valga lainsistencia, el primer paso en marzo es la ratificación del Convenio 169 de la OIT.El Comisionado Egaña entorpece su propia labor, y enturbia la agenda indígena, volviendo a instalar el manido "reconocimiento constitucional". Eso no es serio. No hay tiempo para malgastarlo, ni votos para aprobar un reconocimiento decente. El empeñohay que ponerlo en el Convenio 169, sin fútiles "declaraciones interpretativas". El Convenio es la vía rápida para fijar un piso mínimo de derechos y procedimientos básicosde gobernanza democrática y relación entre estado y pueblos indígenas. ¿Alguien se opone abiertamente a ratificar el Convenio en el Senado? Nadie. La preguntaahora es para qué ratificar. Si es por mero simbolismo, no sirve. ¿Qué medidas y esfuerzos inmediatos va destinar el Gobierno para la implementación del Convenio? Ratificar es apenas el comienzo.
El Convenio 169 establece plazo de un año para su efectiva vigencia. El desafío delGobierno y las organizaciones indígenas es tomar en serio el plazo, y en el 2008 avanzaren las medidas de implementación: políticas, institucionales y jurídicas. El Convenio 169,asumido de buena fe, tiene un efecto ordenador y catalizador.
EL TIEMPO DE LOS DERECHOS
Es el tiempo del ejercicio de los derechos ha dicho el movimiento indígena. El 2008 es la ocasión de la implementación del Convenio 169 y las recomendaciones de los órganos dederechos humanos. Están los factores básicos: el marco, la mesa y la agenda. Lo que falta es la decisión política y un Gobierno proactivo, que tome iniciativa. Falta voluntad gubernamental de resolver democrática y civilizadamente "el problema queestamos enfrentando".
Los "asuntos indígenas" presentan un riesgoso vacio degobernabilidad democrática y confianza, que no se llena con policías, comisionados, nivagos anuncios de "planes" para marzo, si a fin de cuentas son más de lo mismo.
Si Chile no es Birmania ni Kenia, no hacen faltan observadores internacionales. Falta que el Gobierno de Michelle Bachelet cumpla las obligaciones de derechos humanos, y secrea su propio discurso de políticas basadas en derechos, de un estado democrático social y de derechos. Falta tomar los derechos de los pueblos indígenas en serio.
Víctor Toledo Llancaqueo
Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas
Santiago, 9 de febrero 2008
ANEXOCUADRO DE RECOMENDACIONES DE ORGANOS DE DERECHOS HUMANOS A CHILE
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