Por: Marina Menéndez Quintero
Después de la nacionalización de los hidrocarburos y en tanto se define la Carta Magna que marcará el despegue institucional de la refundación, posiblemente ninguna medida del gobierno de Evo Morales ha resultado tan revolucionaria como esta. La entrada en vigor de la renta vitalicia a la vejez, ayer, es un acto de justicia social que supone también, de algún modo, un nuevo modo de enfocar la economía.
El pago del Bono Dignidad —la pensión asignada a cada boliviano de más de 60 años— no solo asegurará el sustento a la tercera edad en un espectro estimado en casi 700 000 personas. Además, el hecho de que esos fondos se tomen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), otorga ahora un prisma más social a la distribución de esos ingresos.
«Se ha hecho justicia social y no con dinero prestado, sino con lo que nos da la Pachamama (Madre tierra)», dijo Evo este viernes, al entregar la primera renta en Cochabamba.
Según el ejecutivo, el pago mensual de unos 200 bolivianos a cada abuelo, representará al Estado erogaciones por valor de unos 200 millones de dólares. Pero, como ha dicho Morales, «es una obligación del gobierno» y «parte del proceso de cambios».
La decisión resulta directamente de otra medida igualmente radical: la devolución a Bolivia de las ganancias que deja la explotación del gas, una vez que los recursos hidrocarburíferos fueron nacionalizados.
La renegociación de los contratos de explotación y comercialización del gas a que obligó el Decreto de Nacionalización emitido el Primero de Mayo de 2006 es lo que, precisamente, hace al nuevo Bono sustentable. Sin revisión de los contratos, tal vez no habría sido posible.
Según datos brindados en octubre pasado por fuentes gubernamentales, los ingresos por concepto de la explotación de los hidrocarburos se han incrementado de 300 millones a dos mil millones de dólares, después de la nacionalización. Solo los convenios suscritos con Argentina deben representar la entrada de unos 17 000 millones de dólares a la economía nacional, en los próximos dos años.
Tales elementos deberían terminar de acallar los alegados temores de los prefectos de la llamada Media Luna Ampliada —los separatistas gobernadores de Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y Cochabamba—, quienes han asumido la medida, solo a regañadientes.
Bandera de la oligarquía antirefundación, los prefectos de esos departamentos esgrimieron su oposición al Bono como caballo de batalla contra Evo Morales, bajo el supuesto de que compartir el IDH con los ancianos, traería pérdidas a sus territorios. Las ganancias que dejan los aranceles se han distribuido hasta ahora entre las prefecturas, las municipalidades, y algunos centros de la enseñanza superior. Sin embargo, las cuentas expuestas por el ejecutivo dejan sin argumento a esas quejas, y ponen al descubierto su derrotero soliviantador.
A contrapelo de las manipulaciones, y pese a todo, cumplir con la palabra empeñada poniendo el Bono en vigor este mes constituye, además, otro éxito político para el proceso.
De cualquier modo, el futuro inmediato de la refundación estará definido por lo que resulte del diálogo entablado por el gobierno con esos mismos prefectos, cabezas visibles hoy de una oposición encabezada por la oligarquía, a la que poco importan los ancianos y que sigue apostado al separatismo y la división.
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