Durante dictadura la periodista Myriam Pinto trabajó en ANALISIS donde escribía asuntos de los pueblos indígenas y la vida rural. Hoy vuelve con un artículo en que muestra a la sociedad chilena aspectos de temas del Pueblo Mapuche y variables ambientales.
Para Todos, TODO, piden los representantes de los pueblos originarios que participaron en la reunión paralela a la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que tuvo lugar en Santiago. Dicen que no son parte del folklore de las democracias y condenan a los gobiernos que criminalizan losesfuerzos para recuperar sus derechos.
Bajo sospecha o acusados como responsables de incendiar plantaciones, maquinarias y vehículos de las operaciones forestales, así como las viviendas deempresarios, al menos 400 mapuches han pasado por las cárceles del Bío Bío y La Araucanía. Hoy, los presos políticos mapuches suman diez y otro tanto seencuentra en la clandestinidad, lo que ha generado amplios operativos, allanamientos y hostigamientos - bosques adentro - por parte de las fuerzas policiales.
En Malleco, a fines de octubre, mientras arreaba los animales de su familia, siete impactos de perdigones hirieron al joven Patricio Queipul y, más al sur,la niña mapuche, Daniela Ñancupil fue secuestrada, durante un par de horas, para ser liberada portando amenazas para su familia. Un recurso de protección quedó interpuesto en la Corte de Apelaciones de Temuco.
Estos son algunos de los hechos que han puesto a Chile nuevamente en la mira de Naciones Unidas, esta vez por no respetar los derechos de sus pueblos originarios. Si bien, el último informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU (marzo/2007) valora las reformas institucionales y legislativas de nuestro país, expresa su preocupación porque todavía hay tierras que no están demarcadas claramente y que aún no son reconocidos los derechos indígenas respecto a las más antiguas y ancestrales. Asimismo, critica que la protesta indígena por su derecho a las tierras se juzgue bajo la Ley Antiterrorista.
El delito terrorista está asociado a los atentados indiscriminados y con desprecio a la vida humana. José Huenchunao, Jaime Marileo, Héctor Llaitul, José Millalén y Patricia Troncoso, están en la cárcel de Angol, condenados a diez años, por la Ley Antiterrorista, tras incendiar, el año 2001, bienes y plantaciones de un fundo de propiedad de la forestal Mininco S.A. en la comuna de Ercilla. Otros dos mapuches, sometidos al mismo proceso y con idénticas pruebas, fueron absueltos. Quizás por ello, esta causa, conocida como “Caso de los Loncos” suscita movilizaciones y adhesiones solidarias.
Como una manera de llamar la atención, el mismo día que asumió la Presidenta Michelle Bachelet, el grupo de presos mapuches, inició una huelga de hambre, casi como test de la voluntad política de la nueva administración. Las gestiones no dieron ningún fruto. El 10 de octubre, el grupo repuso su huelga de hambre, demandando su libertad inmediata y cese de la militarización del conflicto. Tampoco hubo resultados.
Las visitas a los presos continúan, mientras en la comuna de Lautaro, liderados por un werken, hace poco, unas 30 familias ingresaron al Fundo Brasil, de propiedad de un particular, pretendiendo recuperar sus tierras. Dicen que ellos son los legítimos dueños, que necesitan un espacio donde vivir y establecerse para construir sus casas, y tener y cuidar sus animales.
El año 2002, un conflicto territorial similar protagonizó la comunidad Montutui Mapu, de la comuna de Ercilla. En el fundo Santa Alicia, también de Forestal Mininco S.A., víctima de los disparos policiales, falleció en el hospital de Temuco, Alex Lemus, de 17 años El carabinero que efectuó los disparos dijo obrar en legítima defensa y actualmente se encuentra en libertad.
Modos de vida amenazados
El informe del Comité de Derechos Humanos dice que las tierras indígenas continúan en peligro ya que están afectadas por la expansión forestal y proyectos de infraestructura y energía. Por ello, recomienda consultar a las comunidades antes de conceder las licencias de explotación de los predios objeto de controversia.
Lo cierto es que el mundo rural mapuche convive todos los días con los gigantescos complejos energéticos, viales, industriales y forestales. Ha quedado casi cercado por las extensas hectáreas de plantaciones de pinos y eucaliptos, que se localizan incluso hasta el interior de sus propios predios, erosionando suelos de aptitud agrícola, secando recursos acuíferos, además de bloquear la luz del sol necesaria para sostener la rica diversidad biológica de la zona.
Presionados por este realidad, muchos han vendidos sus tierras o bien han cedido sus bosques para sustituirlos por plantaciones.
El informe de Evolución del Desempeño Ambiental en Chile, de la OCDE, afirma que desde 1974 a la fecha, el sector forestal ha recibido subsidios por 255 millones de dólares. Mientras, los pequeños propietarios de bosque nativo, en su mayoría campesinos e indígenas, llevan 16 años esperando la promulgación de una ley de fomento. Sus pequeñas economías los han puesto al margen del modelo económico, constituyendo un segmento altamente vulnerable. Porque no es lo mismo ser un mapuche de una zona rural de La Araucanía, que ser un habitante urbano de la región del Bío Bío y/o Región Metropolitana. Los primeros tienen solo la mitad de los ingresos per capita que los que residen en Santiago. Mientras que el 70 por ciento de la población mapuche del Bío Bío vive en zonas urbanas, en La Araucanía pasa exactamente lo opuesto.
Violación de espacios sagrados
En Panguipulli, rodeados de bosques siempre verdes que forman parte del tercio de bosques templados que aún quedan en el planeta, no hace mucho, un grupo mapuche expulsó a los representantes de la empresa noruega SN POWER, que a través de su filial Trayenko S.A. pretende poner en marcha, el 2012, tres centrales hidroeléctricas en la Región de Los Ríos. El Comité de Defensa del río Pilmaiquén denuncia que esta inversión violará cementerios indígenas y sus espacios sagrados, con los espíritus que los tutelan, entre ellos Kintuantü (el que busca el sol).
En la misma región, en la costa de Mehuin, otros grupos resisten la construcción de un ducto de evacuación de los residuos de la celulosa CELCO y también rechazan el tendido eléctrico que recorrerá más de dos mil kilómetros, trasladando la energía de Aysén al centro del país, con el consiguiente impacto negativo en predios, parques nacionales y centros turísticos. Tampoco ven con buenos ojos la construcción de un nuevo aeropuerto y las plantas de tratamiento de aguas servidas que ocuparán sus territorios.
No obstante, pese que afectará territorios diaguitas, en el norte, ya fue aprobado el proyecto minero “Pascua Lama”, de la compañía canadiense Barrica Gold.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU evaluará el cumplimiento de sus recomendaciones el próximo 26 de marzo del 2008. En el Congreso hacen antesala las modificaciones a la Ley Antiterrorista, la ratificación del convenio internacional que reconoce el derecho de los pueblos originarios a sus territorios, así como la propuesta de crear un Borde Costero Lafkenche. Considerando lo ocurrido hasta ahora, nada indica que algunos de estos temas sea de pronto despacho.
Sin embargo, a nivel de ejecutivo existe preocupación por el tema. Algunas iniciativas mas inmediatas plantean incorporar la visión de los indígenas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, y analizar lo que ocurre en materias sensibles, como agua y bosques nativos.
Entretanto, cada vez son más las manifestaciones callejeras, artísticas, seminarios, asambleas y debates pro-derechos indígenas. Reclaman abrir las puertas hacia una democracia que reconozca el carácter multicultural de la nación; la existencia de los pueblos originarios, el ejercicio de sus derechos y la obligación de proteger sus tierras y aguas, así como los recursos naturales propiedad de todos. Asignatura pendiente para el gobierno y su promesa de nuevo trato.
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