Servicios de Inteligencia ¿o de Estupidez?: Vuelven los que Nunca se Fueron

Por: Carlos Opaso

A raíz de la reciente –y deplorable- detención de la documentalista Elena Varela y la incautación ilegal (o por lo menos inaceptable desde el punto de vista ético y profesional) de su material de trabajo; y de su posterior denuncia de seguimientos por parte de la ANI (larepublicablog.bligoo.com) les remito reportaje sobre el tema que salio publicado originalmente en Punto Final (655 de Enero2008).

Los primeros días de diciembre del 2007, el diario La Tercera anunciaba, con toda naturalidad, que la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, tenía bajo su mira a los grupos ambientalistas, y que para estos efectos habría contratado hace pocos meses a un hasta entonces alto funcionario de la CONAMA, cuyo nombre no quiso publicar.

No hubo mucho escándalo. En realidad pocos reaccionaron ante algo que olía, y sigue oliendo, mal. Es que a nosotros los chilenos, por lo menos en teoría, no debieran contarnos cuentos con esto de las agencias de inteligencia, luego de conocer su accionar criminal entre los años 1973 y 1990.

¿A que se irá a dedicar este personaje secreto, en misión secreta, utilizando fuentes e informantes secretos, para escribir informes secretos que les serán entregados a la autoridad?

¿Qué información le pedirá a la inteligencia militar o policial?

¿Qué medidas de inteligencia o contrainteligencia recomendará aplicar para detectar, neutralizar y contrarrestar a los que piense atentan contra la seguridad del estado y la defensa nacional?

Jamás en su vida podrá revelar ninguna información respecto a los detalles de este misterioso trabajo.

El nombre del flamante agente secreto de la ANI sería el de Rodrigo Alejandro Calderón Salinas de profesión sociólogo, titulado en la Universidad de Chile, quien por años se desempeñó en la sección de Participación Ciudadana de la CONAMA y que según información de la red trabaja también hace cinco años como consultor de Responsabilidad Social Empresarial para empresas privadas.

Habrá coincidido seguramente en alguna reunión con el abogado ambientalista Fernando Dougnac, miembro del Consejo Consultivo de la entidad ambiental del gobierno y de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA). Fue uno de los pocos que reaccionó indignado ante las revelaciones del nuevo nivel de operaciones de inteligencia que se comenzarían a llevar a cabo contra las ONGs ambientalistas.

"Los vicios que antes se le achacaban al gobierno militar están plenamente vigentes, lo que es intolerable" señalaba Dougnac en una carta al Consejo Consultivo de CONAMA, al que además pidio apoyo "para que se ponga fin a esta campaña de hostigamiento en contra de las ONG, organizaciones que hemos colaborado lealmente con la causa ambiental de nuestro país así como con este Consejo".

Cabe señalar que el mismo Dougnac fue simpatizante del gobierno militar.

En la misiva Dougnac agregaba otros datos, como la presencia de personal de investigaciones en reuniones que se habían realizado en Cobquecura y en Puerto Aysen.

En Cobquecura, zona adonde se ha desarrollado un fuerte movimiento de oposición a la construcción del ducto para eliminar los residuos de la nueva planta de celulosa de Nueva Aldea, FIMA llevaba a cabo unas charlas de "formación ambiental" para pescadores y otros ciudadanos.
"En la puerta del lugar donde se daban las charlas impúdicamente se instalaron dos detectives que chequeaban las personas que ingresaban y estuvieron vigilando todo lo que se dijo en esa oportunidad." señala la ONG.

En Puerto Aysen, en un incidente ocurrido hace unos tres años, a los informantes policiales los reconocieron por causalidad

"Ingresó un detective disfrazado de pescador, con la mala suerte para él que lo reconocimos como uno de los detectives que había investigado un robo de computadores que habíamos sufrido unos ocho meses antes".

La vigilancia, abierta e intimidatoria, como la llevada a cabo por Investigaciones en Cobquecura, o la de los que de civil o uniforme registran videos y toman fotos de manifestaciones, así como la vigilancia encubierta -por medio de agentes infiltrados o informantes- es una de las tantas herramientas permitidas hoy a los agentes de inteligencia, cuya labor fuera institucionalizada a través de la Ley 19.974 de septiembre del 2004, oficialmente llamada: "Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia".

La ley, que aparte de crear la ANI, regularía y coordinaría las actividades de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de las policías y del Estado Mayor, contraviene en algunos sentidos recomendaciones explícitas del Informe Rettig.

Además, en el Chile de hoy, país adonde se mantienen impunes la mayoría de los asesinatos, desapariciones y torturas -incluso con algunos de los victimarios en servicio activo- se presta para que continúen, en nombre de la inteligencia, llevándose a cabo actos ilícitos, con la complicidad e incluso con el desconocimiento, de las autoridades civiles.

Y el asunto podría empeorar, si se hace caso al gobierno norteamericano, para quien la creación de la ANI no es suficiente.

Pero los movimientos sociales, concientes de sus derechos, y con la memoria viva, prometen seguir resistiendo.

DESCONOCIENDO EL INFORME RETTIG

El Informe Rettig, aparte de documentar las masivas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el regimen militar, hizo recomendaciones con el fin de evitar que se repitiesen violaciones en el futuro. En el capítulo adonde se detallan medidas, educacionales e institucionales, para la "Prevencion de Violaciones a los Derechos Humanos", se menciona entre otras propuestas, la necesidad de:

"Adoptar medidas tendientes a obtener el integro cumplimiento de los dispuesto por al articulo 90 de la Constitución Política en el sentido de radicar exclusivamente en Carabineros e Investigaciones las funciones de resguardo del Orden y Seguridad Públicas, suprimiendo cualquier organismo del Estado que pretenda cumplir estas funciones y evitando la creación de otros que en el futuro persiguieran igual propósito".

La Constitución reformada en 2005, en su artículo 101, mantiene a Carabineros e Investigaciones como únicos encargados del orden y la seguridad.

Pues bien, el futuro llegó y se creó este otro organismo para resguardar el orden y la seguridad, o sea la ANI.

Según algunos, la nueva ley 19.974 también potencialmente legalizaría la injerencia de las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden y la seguridad publica.

Jorge Serrano, en un artículo reproducido en el sitio www.mapuexpress.net (a propósito, en abril del 2002, fue sustraídos los discos duros de esta agencia de noticias mapuche), algunos sectores de oposición al gobierno de Ricardo Lagos, "aseguraron que la creación de la ANI, plantea incorporar a las Fuerzas Armadas a las tareas de "inteligencia política", bajo supervisión del gobierno civil" y sostuvieron además "que las labores de inteligencia realizadas por las instituciones castrenses, y principalmente el Ejército a través de la DINE, "no poseen ningún control civil".

Que se diga que con la creación de la ANI se pretenda incorporar a las FFAA a la inteligencia política, no es descabellado. Habría que aclarar quizás que se legalizaría un ámbito en que las FFAA están actuando hace muchísimo tiempo.

Pero la ley de la ANI pareciera dejarles abierta la puerta. De hecho según la ley 19.974, la inteligencia militar "Comprende la inteligencia y la contrainteligencia necesaria para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional."(subrayado nuestro)

La amplitud del concepto "defensa nacional" queda al arbitrio del mando de la institución.

Dado que en general esta se refiere al accionar de extranjeros, cabe preguntarse si las actividades de los ambientalistas, que no esconden sus alianzas con ONGs extranjeras, ni su financiamiento por parte de ellas, ni sus campañas en el exterior, no pudiesen fácilmente considerarse como potencialmente afectando la defensa nacional.

No hay que olvidar tampoco que algunas fuerzas, como la Armada y Fuerza Aérea, ejercen también funciones policiales.

"Excepcionalmente, dentro de las funciones de policía que le corresponden a la autoridad marítima y a la aeronáutica, la inteligencia naval y la aérea podrán realizar el procesamiento de información de carácter policial que recaben.", dice la ley 19974.

Basta recordar que en la zona del Lago Lleu-Lleu se ha denunciado una fuerte presencia de personal armado de la marina.

Incluso, el ejército estaría utilizando en ocasiones las maniobras y ejercicios militares regulares políticamente, con el fin de amedrentar y/o recopilar información.

Estas graves irregularidades fueron denunciados hace muy poco tiempo a la justicia, a través de un recurso de amparo interpuesto el 28 de noviembre del 2007 en Concepción, a favor de nueve dirigentes Pehuenche, que además habrían sido objeto de interrogatorios y amedrentamientos por parte de Carabineros y de Investigaciones.

"Llegaron a la comuna…policías de civil quienes andaban caracterizados con casaquillas y gorros del municipio, incluso con pelucas. Igualmente personal de civil que se identificaba como de "inteligencia" de la Policía de Investigaciones, vigilando las sedes de las organizaciones y las casas de los dirigentes, todo esto entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre."

En relación a los militares el escrito que procesa la justicia penquista alega que " …los días anteriores, cuatro camiones de las fuerzas armadas, quienes realizan sus ejercicios en la zona, pero que extrañamente esta vez no fueron a los lugares en que tradicionalmente los realizan, sino que fueron al sector denominado Chanchoco, donde el Gobierno pretende instalar una Central Geotermica, pero que es tradicionalmente utilizado como "veranada" por las comunidades mapuches y nunca ha sido anteriormente utilizada como lugar de ejercicios".

Se agrega además que "personal militar, fueron a las comunidades pidiendo las frecuencias de las radios que se usan, eso significa que ellos podrían, teniendo esta frecuencia, escuchar las comunicaciones, entendemos que para esto se requiere autorización judicial."

El ZORRO A CARGO DEL GALLINERO

Cuando los miembros de la ONG FIMA, a la que pertenece el abogado Fernando Dougnac, detectaron en su visita a Puerto Aysen a un detective disfrazado, que reconocieron como el que fue a investigar un robo de computadores que les habría afectado a comienzos del 2004, ¿qué habrán pensado? ¿Se les habrá pasado por la cabeza que quizás algo tenía que ver con quienes se llevaron los discos duros de sus computadores?

Es que desde el año 2002 se han sucedido una serie de robos de computadores, que han afectado a prácticamente todos los grupos ambientalistas y también a las organizaciones indígenas y quienes trabajan con ellos, sin que hasta ahora se haya podido esclarecer ninguno de los casos.

Fue precisamente el año 2002, cuando se anunciaba un posible boycott de las exportaciones de madera chilena que varios grupos ambientalistas, entre ellos Renace, el IEP y Greenpeace, sufrieron los primeros robos de sus computadores. ambientalistas.

Por estos dias, cuando se habla de otra posible campaña en el exterior a raiz del proyecto hidroelectrico de Hidroaysen, se anuncia la ultima contratación de la ANI.

¿Qué otras novedades se podrán esperar a futuro?

Con posterioridad al 2002, aumentaron los robos de discos duros, afectando después a los grupos mapuche y defensores de sus derechos.

Hasta septiembre del año 2006 se habían sustraido los computadores de cuatro organizaciones Mapuche. A grupos conectados con ellos, como el Instituto de Estudos Indígenas de la Ufro y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas les ha sucedido no una, sino dos veces!

La racha de robos no ha parado. A fines del año pasado le sucedió de nuevo al Observatorio y también a la organización Identidad Lafquenche, ambas en la ciudad de Temuco. Y hasta ahora no se resuelve ninguno de los casos, a pesar de que la policia civil tiene su propia Brigada del Cibercrimen. Supongo sabrán sus funcionarios de que hay programas con los que se pueden rastrear los IP de computadores perdidos.

Cuando en junio del 2005 a Elicura Chihuailaf le robaron su pendrive y notebook, el poeta cuenta que los detectives que fueron a investigar no estaban muy motivados.

"Ni siguiera querían entrar a la casa" recuerda el intelectual Mapuche.

¿Podrían los servicios policiales estar tras los robos de computadores?

Legalmente, no, claro, pero cabe preguntarse que si según la nueva ley no existe obligación de dar la identidad de informantes de inteligencia, a nadie, incluido el poder judicial, no seria muy descabellado pensar que ex agentes de inteligencia estuviesen haciendo sus pololitos, robando discos duros y entregando datos difíciles y caros de monitorear por otros medios, a cambio de un buen pago, del que no quedara rastro alguno.

¿O podrían estar detrás los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas?

Si son capaces de meterse subrepticiamente a un consulado extranjero para fotocopiar documentos, como lo hicieran dos agentes de inteligencia del ejercito en el consulado argentino en Punta Arenas en noviembre del 2003, ¿no serán capaces de meterse a unas modestas oficinas de ONGs o grupos Mapuche?

Y si en 1992 funcionarios del ejercito fueron capaces de monitorear y grabar llamadas telefónicas de políticos de todas las tendencias, incluido Sebastián Piñera, a quien frustraron sus intenciones de ser candidato presidencial, según algunos testimonios, del propio Presidente de la Republica, ¿se habrán desecho de todos los sofisticados equipos y no quedará nada de la doctrina anticomunista y de seguridad nacional presente en las Fuerzas Armadas desde la decada del 40?
Según un reportaje publicado por la revista Que Pasa más de una década después de los hechos, las escuchas telefónicas no habrían sido obra independiente del capitán Fernando Diez Vidal, sino una operación ordenada por al alto mando del ejercito y que habría funcionado en el Comando de telecomunicaciones de Peñalolen, con una unidad de 10 suboficiales que oficialmente pertenecían a la Cuarta Compañía de Guerra Electrónica.

Sólo una persona fue procesada y dada de baja y todo quedó como un desliz individual. Curiosamente, el coronel Waldo Zuaritz que, según la revista Que Pasa era quien recibía las transcripciones de las escuchas de Peñalolén, estuvo también involucrado en los hechos de Punta Arenas del 2003. Aunque las explicaciones diplomáticas oficiales dadas a Argentina fueron que habían actuado dos personas "en forma independiente y sin instrucciones superiores", se dio de baja al jefe de la unidad de inteligencia y al comandante de la Región Militar Austral, que era nada menos que el otrora coronel y ahora general de division Waldo Zauritz.

Según la nueva ley de la ANI las escuchas telefonicas son permitidas previo permiso de un ministro especialmente normado para la tarea. Pero no esta claro que se pidan estas autorizaciones cada vez que se usan estos llamados metodos intrusitos. En los 15 mese entre diciembre de 2004 y abril del 2006, sólo se habrían pedido dos autorizaciones.

EL ASUNTO SE PUEDE PONER PEOR

Igual que a principios de diciembre del 2007, el 17 de abril del 2006 el diario La Tercera fue el único que informó de una noticia de inteligencia. De hecho desde la época de la dictadura que los periodistas chilenos comentaban la cercanía del matutino con los servicios de inteligencia.:

"FBI capacita a agentes de inteligencia para crear en Chile fuerza antiterrorista" leía el titular de abril del 2006.

En la nota se señalaba que a la serie de "reservadas reuniones" que habrían tenido lugar en la Escuela de Investigaciones, habrían asistido 34 agentes que fueron capacitados por dos agentes del FBI norteamericano.

"Estamos capacitando en cómo crear una fuerza de tarea y cómo compartir información entre las agencias…tenemos fuerzas de tarea conjuntas contra el terrorismo, más de 100 en todo Norteamérica. No sólo incluyen al FBI, sino a todas las agencias que forman parte del servicio público" relataba a La Tercera el agente del FBI David Strange quien habría agregado que Chile debería crear el nuevo organismo.

Según el diario "La iniciativa recibió un fuerte apoyo de parte de todos los actores asistentes a la reunión" que incluyeron a Gustavo Villalobos, director de la ANI y el Embajador de EEUU Craig Nelly.

Que los servicios de inteligencia estadounidenses, responsables de secuestros, detenciones ilegales y torturas en diversos paises europeos y en la base de Guantánamo sean los que capaciten a las fuerzas chilenas es preocupante, por decir lo menos.

Para los del FBI ya no bastaria con la ANI. De hecho lo que ellos querrian, no seria tanto el crear la fuerza antiterrorista, ya que esta ya estaria creada (según algunos seria la ANI), sino que sus atribuciones y su presupuesto.

En el informe anual de terrorismo por paises elaborado por el departamento de estado para el año 2005, que fuese dado a conocer en abril del 2006, el mismo mes de la capacitación que habría hecho el FBI en Santiago, al hablar de la ANI, se plantea que como un problema el hecho de que esta "sólo sea un cuerpo analítico y que dependa para la recolección de información y la parte operativa, de las agencias policiales y de investigaciones".

Más allá del hecho de que la ANI si tiene capacidades propias para recolectar y operar, según se deduce de la ley 19974, es curioso que se quiera insistir en crear una fuerza separada de la policía e investigaciones, que es precisamente lo que desaconsejaba el Informe Rettig.

En el informe del año 2006, dado a conocer el 2007, se repetía lo mismo respecto a la ANI.

Curiosamente, el informe dado conocer el mismo mes del famoso encuentro con el FBI, menciona que ya existiría una fuerza de reacción antiterrorista de 450 personas, pero que ésta necesitaría mayores recursos para operar con plena eficiencia.

A VENCER EL MIEDO

Razones para desconfiar de la DINA, la CNI y sus continuadoras institucionales, La Oficina o la ANI -llámese como se llame la agencia secreta- parecen sobrar.

Quisieramos pensar que todo es distinto ya que estamos en democracia, y debiera haber un control mas o menos total de la situación. Pero esto parece estar bastante lejos de la verdad.

El mal olor que muchos habrán alcanzado a sentir cuando se anuncio la reciente contratación de la ANI, tiene su razón de ser.

Pero a pesar de los planes de algunos potencias extranjeras, con las cuales tenemos amplia experiencia, y de la mantención, en plena democracia, de agencias de inteligencia que se arrogan el derecho de espiar, infiltrar y neutralizar lo que ellos/as consideran amenazas al orden publico o la seguridad nacional, los grupos que están siendo amedrentados, dan la cara y siguen con sus legitimas protestas.

Es el caso de los Jóvenes Tehuelche, una red nacional de jóvenes ayseninos residentes en distintos lugares de Chile que están movilizándose activamente en contra de los proyectos hidroeléctricos de Aysen.

En una carta pública escrita por uno de sus miembros, Manuel Ruiz Aravena, preguntan:

¿Qué autoridad tienen nuestros representantes del gobierno "elegidos "democráticamente" para comenzar estas acciones de cuasi guerra y espiar a sus electores, los ciudadanos, bajo la excusa de que somos peligrosos para los grandes negocios y el crecimiento del país?.

Agrega la carta algo que "ojalá llegue a conocimiento de quienes pretenden dinamitar con golpes bajos los movimientos ciudadanos. "

"Lo que las ONGs y organizaciones ciudadanas insertas en conflictos ambientales hacen, no es, bajo ningún punto de vista (aparte del que tienen las empresas), un atentado contra los intereses nacionales, sino todo lo contrario, luchamos por defender la vida, desenmascarar los robos y delitos ambientales y sociales cometidos por empresas privadas y del estado, con la única finalidad, de lograr un país más justo, que no crezca en desmedro de la calidad de vida de sus habitantes. Lograr en definitiva que Chile sea un país ambientalmente sustentable y políticamente transparente."

….Señores de la ANI y del gobierno: ¡Nuestro único deseo el lograr un país mejor!

Imprimir