A Poner Límites a los Excesos Policiales

Por: Paulina Acevedo

El desmedido protagonismo que se le ha otorgado en la agenda pública de este mundo globalizado a temas como el terrorismo, la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana, a dado pie a todo tipo de excesos por parte de las policías y las políticas de estado, en la búsqueda de contrarrestar una realidad aparentemente exacerbada por la violencia.

Nuestro país, pionero en la región en diversas materias (así reza el slogan que se exhibe al exterior), no se ha quedado atrás en dar prioritaria atención al combate de estos “flagelos sociales”, pero lo hace permitiendo el traspaso de límites éticos del actuar policial en un estado democrático.

Tanto por la rudeza de sus métodos de captura (uso indebido de la fuerza), como por la trasgresión de derechos fundamentales, presente en casos de privación ilegítima de libertad (derechos al debido proceso y el desplazamiento) y de tortura en el marco de la detención (integridad física, seguridad personal y vida), el actuar de las policías presenta serias deficiencias y vulnera la dignidad humana. Una situación que le fue representada al estado chileno por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2007, cuando manifestó su preocupación por las múltiples denuncias recibidas en este sentido, especialmente de los sectores más pobres y vulnerables.

Con todo, lo que resulta aún más complejo no son estas prácticas abiertas, sino aquellas solapadas, esas que indagan impunemente en la vida privada de las personas en pro para alcanzar, se nos argumenta, el anhelado control del espacio público que busca el gobierno (de terrorismo y delincuencia) y de conseguir materializar ese amplio y a la vez ambiguo término que se ha puesto tan de moda: la seguridad ciudadana.

Todavía más preocupante, es que el gobierno haya extendido estas prácticas de seguimiento, infiltración, espionaje telefónico y de correos electrónicos, de robo de información digital y de incautación de materiales audiovisuales, de allanamientos y de detenciones arbitrarias aplacidas por la Agencia Nacional de Inteligencia para de estos delitos de gran connotación, a la persecución descomedida de los movimientos sociales que hacen sentir sus demandas al interior del estado. Utilizando además leyes especiales (de Seguridad del Estado y terrorista) en su persecución penal.

El ejemplo más paradigmático, es la “criminalización” (en palabras del relator especial de la ONU para pueblos indígenas) que se ha hecho de las legítimas demandas del Pueblo Mapuche. Donde no solo está presente la violación abierta de derechos básicos por parte de la policía y el estado, sino también esa mano encubierta que se cierne de igual modo sobre quienes solidarizan o defienden los derechos de estos pueblos, incluso quienes se acercan a documentar estas realidades y la producción artística. El gobierno les considera peligrosos y da las libertades para reprimir.

Recientemente se conoció la detención de la documentalista Elena Varela, quien se ha dedicado los últimos cuatro años a hacer un completo registro de la situación que viven distintas comunidades mapuche de la Araucanía con la explosión forestal que se ha desatado en la zona, esto en el marco de su proyecto audiovisual “Newen Mapuche”, reconocido con los aportes de Fondart y Corfo, pese a no tener relación alguna con los delitos –no comprobados- que se le imputan, y en el cual existen diversos testimonios de dirigentes y comuneros. Algunos de los cuales habían pedido reserva de identidad para entregar la información, por miedo. Hecho que se suma a la detención de dos equipos de documentalistas extranjeros (franceses e italianos), cuyo material sobre la situación mapuche también les fue incautado y aplicado el artículo 26 del Extranjería, la expulsión del país.

Pero los mapuche no son los únicos que son espiados e infiltrados por las policías. Estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores subcontratados de Codelco y otros sindicatos, deudores habitacionales y organizaciones medioambientales, han denunciado estas prácticas. Yo misma, periodista y comunicadora en derechos humanos, he tenido varios intentos de piching en mi correo personal, y seguramente mi teléfono esté intervenido. Todo por comunicar situaciones de violación a derechos humanos que afectan distintas personas y grupos sociales.

Es más, cualquiera que hoy se manifieste frente a La Moneda, ejerciendo su derecho constitucional y humano a la expresión, es hoy filmado por carabineros de palacio. Y no con esas cámaras pequeñas con que la policía infiltraba las manifestaciones públicas, sino con un equipo profesional como el de los canales, a vista y paciencia de todo aquel que transita, lamentablemente sin cuestionar, este robo de imagen. ¿Qué les da derecho a filmarnos?, la seguridad ciudadana. ¿Qué hacen luego con esas imágenes? ¿Entrarán en calidad de sospechosos o peligrosos en una lista manejada secretamente por la policía?

Ya hace tiempo era hora de decir basta, frente a estas situaciones. Ahora es tiempo de exigirlo. No puede la ANI u otro organismo policial tener las amplias facultades que hoy ostentan para intervenir teléfonos sin orden judicial o seguir secretamente a personas por el solo hecho de “ser” o “pertenecer”.

No podemos permitir que se violen nuestros derechos humanos y ciudadanos en un estado que se dice democrático. Quiero vivir en un donde a nadie se le intervenga por lo que piensa, donde a nadie se le reprima por oponerse a un sistema que no comparte, donde no se instale el miedo y la persecución política como método de coerción, y con la libertad necesaria para expresar nuestras ideas y protestar públicamente.
---
* Periodista, Diplomada en Derechos Humanos y Procesos de Democratización
Imprimir